La policía está detrás de una banda que hackeó cuentas de correo e hizo escuchas a legisladores y funcionarios.
Legisladores, jueces, empresarios y hasta la presidenta Dilma
Rousseff están expuestos a una red de inteligencia ilegal dedicada al
espionaje clandestino y de alcances insospechados, según un informe
policial revelado por la prensa local brasileña.
“No existe un solo ciudadano en Brasil, ni siquiera la presidenta, que esté seguro de su privacidad, y esto es muy malo para la democracia”, dijo al diario O Estado de S. Paulo el diputado Miro Teixeira, del Partido Democrático Laborista (PDT), autor de la denuncia inicial que motivó la investigación.
El grupo bajo investigación actúa en Brasilia y tiene entre sus objetivos a diputados, senadores, ministros y otros miembros del gobierno, según el informe. Teixeira recibió el dato en julio pasado por parte de un espía arrepentido, que le reveló cómo funcionaba la red, tras lo cual le informó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenó a la policía federal abrir una investigación.
Documentos de la red ilegal de espionaje, conformada por empresas de seguridad privada, indican que había extractos de llamadas telefónicas y las cuentas de correos electrónicos de diputados y senadores. “Se creó en Brasilia, en medio de los poderes de la República, una sociedad anónima de criminales y violadores de datos personales”, sostuvo Teixeira.
El grupo de espías ilegales centra su atención en el gobierno del Distrito Federal de Brasilia, cuyo gobernador es Agnelo Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Entre los congresistas que sufrieron la violación de sus correos están el ex senador conservador Demóstenes Torres, aliado de un mafioso del juego ilegal y destituido por corrupción; el senador Blairo Maggi, el “rey de la soja” del estado de Mato Grosso, y el diputado Carlos Lereia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El caso apareció en paralelo con el escándalo del capo de la mafia del juego Carlinhos Cachoeira, que fue objeto de una investigación parlamentaria por la presunta “compra” de senadores, como Torres, y por usar investigaciones de prensa para favorecer sus negocios, en especial contratos con los poderes del Estado (municipales, estatales y federales).
El espionaje ilegal en Brasil es utilizado para hacer operaciones de prensa contra políticos y para hacer “inteligencia corporativa”, dijo el comisario Marcos Sousa Ribeiro, titular de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal (ADPF).
“No existe un solo ciudadano en Brasil, ni siquiera la presidenta, que esté seguro de su privacidad, y esto es muy malo para la democracia”, dijo al diario O Estado de S. Paulo el diputado Miro Teixeira, del Partido Democrático Laborista (PDT), autor de la denuncia inicial que motivó la investigación.
El grupo bajo investigación actúa en Brasilia y tiene entre sus objetivos a diputados, senadores, ministros y otros miembros del gobierno, según el informe. Teixeira recibió el dato en julio pasado por parte de un espía arrepentido, que le reveló cómo funcionaba la red, tras lo cual le informó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenó a la policía federal abrir una investigación.
Documentos de la red ilegal de espionaje, conformada por empresas de seguridad privada, indican que había extractos de llamadas telefónicas y las cuentas de correos electrónicos de diputados y senadores. “Se creó en Brasilia, en medio de los poderes de la República, una sociedad anónima de criminales y violadores de datos personales”, sostuvo Teixeira.
El grupo de espías ilegales centra su atención en el gobierno del Distrito Federal de Brasilia, cuyo gobernador es Agnelo Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Entre los congresistas que sufrieron la violación de sus correos están el ex senador conservador Demóstenes Torres, aliado de un mafioso del juego ilegal y destituido por corrupción; el senador Blairo Maggi, el “rey de la soja” del estado de Mato Grosso, y el diputado Carlos Lereia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El caso apareció en paralelo con el escándalo del capo de la mafia del juego Carlinhos Cachoeira, que fue objeto de una investigación parlamentaria por la presunta “compra” de senadores, como Torres, y por usar investigaciones de prensa para favorecer sus negocios, en especial contratos con los poderes del Estado (municipales, estatales y federales).
El espionaje ilegal en Brasil es utilizado para hacer operaciones de prensa contra políticos y para hacer “inteligencia corporativa”, dijo el comisario Marcos Sousa Ribeiro, titular de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal (ADPF).
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