martes, 11 de noviembre de 2014

El papa abrió los archivos secretos del Vaticano


Los misterioros y herméticos archivos secretos del Vaticano ya no los serán para la justicia argentina. El papa Francisco decidió que estarán abiertos para aquellas investigaciones que requieran de su información con la finalidad de conocer el destino de personas que "desaparecieron" durante la última dictadura militar en su país

 “Cuenten conmigo, estoy a su disposición”. Con esas palabras Francisco se despidió de Estela de Carlotto. Corría abril de 2013. En una audiencia pública, el Papa aseguró su ayuda a la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿El motivo? La apertura de los archivos eclesiásticos por casos de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar argentina. Ella lo solicitó y el pontífice cumplió su palabra, como parte de una reforma legal inédita. Pero muchos meses después de ese paso histórico, ningún juez solicitó aún documentos al Vaticano, según informa este martes el suplemento Vatican Insider, en una nota del periodista Andrés Beltramo Álvarez.

Según ese artículo, el 11 de julio de 2013 la Santa Sede publicó un “motu proprio” (decreto papal) con el cual se aprobaron dos leyes: VIII y IX. La segunda introdujo una serie de modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de la Ciudad del Vaticano. Beltramo Álvarez contó en el diario que refleja la actividad del Vaticano que de los numerosos cambios a la normatividad hasta entonces vigente, la prensa centró su interés en la abolición de la cadena perpetua y en la tipificación del delito de abusos contra menores.

En medio de esa larga lista de modificaciones, se incluyeron apartados fundamentales para echar luz sobre la dictadura argentina (1976-1983). 
“En varios artículos cambiados se prevé una asistencia especial a la justicia. Por lo tanto, con una solicitud judicial de Argentina se puede ingresar a los archivos llamados secretos aunque en realidad son privados del Vaticano, ahí se puede obtener información sobre algún caso preciso”, señaló el embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, en Vatican Insider.

Cafiero, embajador saliente, hizo referencia a la Ley IX, que introdujo una nueva redacción del artículo número 636 del Código de Procedimientos Penales según el cual “A los Estados solicitantes es asegurada la más amplia asistencia judicial por cualquier investigación o procedimiento penal, en los modos y en los límites previstos por la normatividad”.

La reforma fue muy explícita al citar los motivos por los cuales el Vaticano autoriza tal asistencia. Entre ellas incluyó la de adquirir pruebas, declaraciones de personas, obtener actas, copias de documentos e informaciones. Incluso estableció que, “dentro de los límites previstos”, las autoridades pontificias competentes pueden, sin mediar una solicitud formal, “transmitir por vía diplomática informaciones en materia penal a la autoridad de un Estado extranjero, cuando consideren que dichas informaciones pueden ser útiles (.) a concluir con éxito investigaciones o procedimientos penales”.

Según el relato del periodista Beltramo Álvarez, "la diplomacia argentina comprendió el mensaje: aquella reforma constituyó en la práctica una apertura de los archivos papales. Apertura indirecta porque, para acceder a los informes, es necesario presentar una instancia judicial. Un procedimiento común, cuando se trata de relaciones de Estado a Estado".

Es por eso, que para establecer un mecanismo de coordinación, el 6 de febrero de este año la embajada argentina ante la Sede Apostólica facilitó un encuentro de alto nivel entre una comitiva de la Procuración General de la Nación y diversos funcionarios vaticanos. 

El grupo argentino estuvo encabezado por la procuradora Alejandra Gils Carbó mientras del lado pontificio destacó la asistencia del oficial de la Secretaría de Estado, Giuseppe Laterza y el entonces presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Della Torre. Los fiscales argentinos concluyeron su reunión con un saludo al Papa.

Algunos meses después la histórica reforma produjo su primer resultado. En junio la Santa Sede aportó dos documentos en su poder relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en 1976. 

Se trató de una carta y un informe enviados por el propio prelado al entonces nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Laghi, pocos días antes de su muerte el 4 de agosto de aquel año. Su homicidio pretendió ser camuflado como accidente de tránsito.

Los papeles custodiados por casi 40 años en los archivos vaticanos y sacados a la luz a instancias de Francisco, se convirtieron en pruebas clave que aseguraron la condena de prisión perpetua a los militares Luciano Menéndez y Luis Estrella. Pero, más allá de ese episodio específico, los conductos diplomáticos no han procesado otras solicitudes de información de parte argentina.


“El Vaticano decidió abrir sus archivos cuando exista una solicitud judicial específica, esto no es poco porque significa que las solicitudes han provocado movimientos positivos. Son respuestas que el Papa está dando”, sostuvo Carlos Cherniak, ministro de la embajada en Italia y responsable del proyectos en materia de derechos humanos.

Tomado de 

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