El Tribunal de Poderes de
Investigación (IPT, en inglés) del Reino Unido reveló el jueves que
distintos servicios de Inteligencia del país tienen entre sus
directrices habituales violar comunicaciones protegidas por la ley, como
las mantenidas por los abogados con sus clientes, o entre periodistas y
sus fuentes.
“Ya ha quedado claro que las agencias de Inteligencia llevan años escuchando conversaciones de abogados con sus clientes”, denunció Cori Crider, directora de Reprieve ―organización transnacional que milita contra la pena de muerte―. “La pregunta de hoy no es si han hecho trampas en el proceso judicial abierto por la tortura, sino cuánto lo han hecho”, añadió.
“Esto viola claramente un principio multisecular del Derecho inglés, establecido en el siglo XVI: que la correspondencia entre una persona y su abogado es confidencial”, dijo indignada Rachel Logan, consultora jurídica en la organización de protección de derechos humanos Amnistía Internacional.
La investigación del IPT, único organismo habilitado para atender las quejas por la conducta de los servicios secretos, ha sacado a la luz reglamentos internos con los que operan agencias como el MI5 (servicio dedicado a la seguridad interior), el MI6 (servicio exterior) o el GCHQ (siglas inglesas del conocido como el centro de escuchas británico).
Los documentos que autorizan estas prácticas ilegales estaban clasificados como confidenciales, pero el TPI los ha desprotegido en el marco de la investigación de una denuncia presentada por Abdul Hakim Belhadj y Sami al-Saadi, dos oponentes al antiguo régimen del coronel libio Muamar Gadafi, en relación con su secuestro y traslado involuntario a Trípoli en 2004.
Belhadj ganó la semana pasada una sentencia del Tribunal de Apelación británico que le permite demandar a Londres por su entrega a Libia en una operación conjunta entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) y el MI6.
La revelación ha causado ira e indignación entre activistas pro derechos civiles. “Está claro ahora que las agencias de Inteligencia llevan años escuchando las conversaciones de abogados con sus clientes. Esto tiene preocupantes implicaciones para todo el sistema judicial británico”, ha denunciado Crider.
En el GCHQ y el Ministerio del Interior británico rechazaron hacer comentarios sobre el asunto.HispanTV
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