viernes, 12 de diciembre de 2014

España: El PP criminaliza de facto las protestas ciudadanas

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Manifestantes realizan un funeral simbólico durante la protesta contra la nueva ley de seguridad del gobierno español en la Puerta del Sol Foto Reuters
La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) aprobó este jueves en solitario la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada por sus opositores ley mordaza por su carácter represor y porque pretende criminalizar la protesta ciudadana al prohibir manifestarse frente al Congreso de los Diputados o ante la sede oficial del Ejecutivo español.

A pesar de las críticas y oposición del resto de los grupos parlamentarios, la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y hasta de la Iglesia católica, el gobierno del conservador Mariano Rajoy siguió adelante con el trámite y rubricó una ley que también da cobertura legal a las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que intentan llegar a territorio europeo procedentes de África.

En la sesión hubo protestas ciudadanas dentro del hemiciclo. Cuando el PP defendía el controvertido proyecto, un grupo de activistas del 15-M entonó La canción del pueblo, del musical Los Miserables, para expresar su rechazo a una ley que cercena derechos elementales. Tras la interrupción, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenó el desalojo de los manifestantes, que fueron sacados a empujones por personal de seguridad.

También hubo numerosos gestos de desaprobación del resto de los grupos parlamentarios, que quisieron poner en evidencia una de las leyes más regresivas de la historia de la democracia española; los integrantes el grupo de Izquierda Plural se amordazaron boca y manos y se pusieron en pie mientras hablaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

La ley mordaza supone numerosos cambios en la forma en que se interpretan las protestas ciudadanas en el código penal. A partir de ahora habrá numerosas acciones –como concentrarse frente al Parlamento o instituciones del Estado o fotografiar abusos policiales– que serán consideradas una falta grave, de carácter administrativo, y tendrán como consecuencia inmediata una multa que podría llegar hasta 30 mil euros (570 mil pesos).

La polémica normativa fue aprobada sólo con los votos de los diputados del PP, mientras que el resto, desde los partidos nacionalistas conservadores hasta la izquierda clásica y los socialdemócratas rechazaron tajantemente la legislación. Se comprometieron a que cuando cambie el gobierno y haya una nueva mayoría en el Parlamento, una de las primeras medidas será la derogación de la ley, tal como ocurrió con la ley de educación, que también aprobó en solitario el PP a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios de oposición y de los sectores involucrados en la materia.

Ahora, para su entrada en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tendrá que ser aprobada en el Senado y una vez superado este trámite, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el gobierno tendrá que publicar la legislación en el Boletín Oficial del Estado.

Las medidas más polémicas son la prohibición y la aplicación de sanciones para las convocatorias de manifestaciones o actos de protesta frente a las instituciones o sedes del Estado, ya sea el Parlamento, el Senado, el Palacio Real, la sede del Ejecutivo y hasta las plazas de los Ayuntamientos.

Será ilegal intentar impedir un desahucio o lanzamiento, como viene siendo habitual en años recientes ante las numerosas familias expulsadas de sus casas por la falta de pago del crédito hipotecario.

Regreso al franquismo

Será ilegal no identificarse o desobedecer a un agente de policía, así como difundir imágenes de policías antidisturbios reprimiendo una protesta.

Además de la ilegalización de los actos de protesta más habituales en años recientes, otro de los puntos controvertidos de la ley mordaza es el que se refiere al trato que recibirán los inmigrantes en las vallas fronterizas españolas. La policía tendrá cobertura legal para devolver en caliente a los migrantes a territorio africano, sin siquiera ser identificado ni recibir asistencia legal o médica, como ocurre hasta ahora, a pesar de que estar prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y la propia legislación española.

La disposición añadida contempla que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El diputado socialista Antonio Trevín advirtió que esta ley retoma algunos aspectos de la que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora al Ministerio del Interior y se la arrebata a los jueces, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, coincidió en que la ley supone resucitar el Tribunal de Orden Público franquista, de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los grises.

Feliu-Joan Guillaumes, diputado catalán de Convergencia i Unió, acusó al gobierno de comportarse de forma totalitaria, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir pierde razón.

Toni Cantó, de Unión Progreso y Democracia, advirtió a los diputados del PP que son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y madurez extraordinarias. No se puede criminalizar lo que a todas luces es legal, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones desproporcionadas además de ineficaces.

La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana fue censurada en el exterior. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, sostuvo que la legislación va contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La ley entrará en vigor en enero de 2015, justo 12 meses antes de las elecciones generales en las que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se presentará a su primera relección con la peor valoración de un gobernante en la historia de la democracia española y con la caída en picada de su partido, que la mayoría de las encuentas lo sitúan como tercera fuerza política, por detrás del Partido Socialista Obrero Español y de la nueva formación política Podemos.

Armando G. Tejeda

La Jornada 



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