"El asesinato de Víctor Jara y miles de crímenes cometidos bajo el régimen de Pinochet deberían ser llamados como lo que son, un crimen de lesa humanidad".
Una de las organizaciones a cargo de la demanda, el Center for Justice and Accountability (CJA), aplaudió ayer la decisión adoptada por el tribunal, pero señaló que es "decepcionante" que hayan sido excluidos los crímenes contra la humanidad.

"El asesinato de Víctor Jara y miles de crímenes cometidos bajo el régimen de Pinochet deberían ser llamados como lo que son, un crimen de lesa humanidad", aseguró Almudena Bernabeu, abogada del CJA, citada por la agencia EFE.

"La familia Jara está un paso más cerca de tener su día en la corte", expresó el CJA, que presentó la demanda en 2013 junto a los familiares del cantautor.

Barrientos, que es teniente retirado del Ejército chileno y ciudadano estadounidense, había solicitado en marzo pasado desestimar esta demanda por considerarla carente de "jurisdicción".

El ex militar, con residencia en Deltona, en el norte de Florida, es acusado en Estados Unidos de "tortura y asesinato" de Víctor Jara durante la "detención masiva de miles de intelectuales y líderes políticos", durante los primeros tiempos de instaurada la dictadura.

Jara fue asesinado cinco días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 después de ser torturado durante varios días en el Estadio Nacional de Chile de la capital, estadio que hoy lleva su nombre, donde permanecía detenido junto a centenares de partidarios del derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973). El cantautor referente de la Nueva Canción Chilena, había asumido un fuerte compromiso político participando activamente en la campañas electorales de la Unidad Popular y en el gobierno de Salvador Allende.
En 1971 ingresó al cuerpo de artistas estables de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Fue tomado prisionero cuando se dirigía a cumplir sus labores a dicha universidad.

El gobierno chileno solicitó en 2012 a Estados Unidos la extradición de Barrientos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se ha constituido como parte querellante en el caso.  

Tomado de  http://www.infonews.com