lunes, 25 de enero de 2016

Abuso infantil contra niños inmigrantes en EEUU



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La ola de decenas de miles de niños que huían de la violencia en Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas estadounidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de The Associated Press (AP).

Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos relajó sus normas los últimos tres años a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos.

Las normas fueron relajadas aún más a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.

En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de 2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinadores. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios criminales del FBI para muchos de los patrocinadores.

Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.

“Esto es claramente la punta del iceberg”, declaró Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. “Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadounidenses”, sostuvo.

Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número exacto de los que fueron sometidos a abusos entre los 89.000 que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de ellos no han sido hallados. 

Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia le advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de “patrocinadores falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota que trataban de adoptar niños a la vez que no tenían parentesco entre sí.

Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.

“No estamos tomando atajos. En general el programa funciona muy bien”, dijo el vocero del departamento, Mark Weber.

Uno de los casos detectados por la AP es el de un joven guatemalteco de entonces 14 años que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al apartamento de un patrocinador en Los Ángeles, donde estuvo confinado por tres semanas. El joven, Marvin V., dijo que durante esas tres semanas ese pariente lejano le privó de comida.

“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, dijo Marvin, que desde entonces ha recibido un status migratorio especial. “Todo ese tiempo lo único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”, añadió.

A diferencia de la exhaustiva revisión obligatoria en casos de padres adoptivos a nivel nacional, la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Asistencia Social había dejado de exigir que sus trabajadores sociales averigüen los antecedentes penales o les tomen las huellas digitales a la mayoría de los patrocinadores, para la época en que Marvin fue llevado al apartamento del padre de su cuñado. 

Ningún profesional acudió al apartamento antes de la llegada del chico, ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después, dijo Gina Manciati, abogada del menor.

Marvin dijo que había otras nueve personas en el apartamento y que su pariente les exigía el pago de la renta y les decía que si trataban de huir serían castigados. Cuando Marvin le dijo al pariente que quería ir a la escuela, el hombre llamó a la familia en Guatemala y amenazó con botar al niño de la casa si no le daban dinero. Con ayuda del hijo del patrocinador, Marvin se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo están criando como si fuera su hijo.

Unos 700 niños inmigrantes originarios de países de Centroamérica están alojados en la base Holloman de la Fuerza Aérea, en el estado de Nuevo México. Los niños tienen de 14 a 17 años y proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador.

La emisora KOAT-TV informó que los niños llegaron el domingo a Alamogordo. 

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