Hace apenas dos días
emplace al gobierno norteamericano a adoptar severas medidas contra el
terrorista Ramón Saúl Sánchez Rizo en un artículo publicado en mi blog con el
título “¿Cuándo EEUU actuará con todo el peso de la ley contra un connotado
terrorista y provocador?, en el cual relaciono –basándome en documentos
oficiales del FBI y de la Oficina de Inteligencia Criminal de Miami-Dade– el
historial de terrorismo en que se ha involucrado este personaje, quien se ha
convertido en payaso provocador anticubano dentro del círculo de la extrema
derecha anticubana radicada en Miami. Las pruebas son convincentes y han
obligado al gobierno USA a actuar con prontitud dado que Ramón Saúl se
encontraba planificando para los próximos días una peligrosa provocación contra
Cuba.
En tal sentido, el Servicio de Inmigración del Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comunicado a este personaje que
debe abandonar lo más pronto posible EEUU, al serle negada una solicitud de
residencia tramitada en el 2002 y que lo hacía ilegal en ese país.
Aunque ya los medios
y grupúsculos han iniciado su alboroto ante esta medida, culpando a la administración
Obama, parecen haber olvidado los antecedentes delincuenciales de este
individuo que lo involucran a una decena de organizaciones terroristas como
Omega 7 y su participación, en atentados, homicidios, narcotráfico y otras
evidencias que expongo en el referido artículo.
Habilidoso,
sabiéndose comisor de un delito de violación de leyes migratorias
norteamericanas, el terrorista se justificó con el siguiente argumento: "Nunca me hice residente para
conservar el derecho de retorno que reclamamos para todos los cubanos". Lo cierto es que luego del ataque al World
Trade Center el 11 de setiembre del 2001,
ante el endurecimiento de las leyes migratorias, Ramón Saúl optó por aplicar
para la residencia en el año 2002, proceso que estuvo dormido desde hace 14
años y cuyo desenlace fue dado a conocer hoy, y considerado no apelable.
En la noche de hoy el
provocador tiene planeado salir de La Florida hacia Cuba para realizar una
nueva provocación. Está claro que las autoridades cubanas tienen el legítimo
derecho de detenerlo si intenta penetrar en nuestras aguas jurisdiccionales y
alertamos sobre este posible desenlace como una maniobra para enturbiar el
proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba. En este
sentido, es responsabilidad de la parte norteamericana si permite la salida de
esta flotilla.
Queda sobre el tapete
preguntar si los EEUU, a pesar del chantaje de la extrema derecha anticubana,
procederán a adoptar otras acciones legales contra terroristas asentados en su territorio, lo que incluiría la apertura
del “dormido” juicio del Gran Jurado de Nueva Jersey contra el criminal Luis
Posada Carriles.