 |
| Partido Independentista Puertorriqueño |
A diez años de un informe del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos
que señaló al Partido Independentista Puertorriqueño por ser la oposición
principal contra el uso estratégico de Puerto Rico como “isla bastión”
(island-fortress), no sólo esa fuerza no ha desaparecido, sino que ahora el país
se ha transformado en punto de amenaza más que de
defensa.
Las dificultades
nuevas, sin embargo, provienen del incumplimiento patente de los objetivos
estratégicos que le fueron asignados a Puerto Rico, medidas desestabilizadoras
impulsadas por la propia elite política pro EEUU y los problemas estructurales
de una frontera artificial, establecida a más de mil kilómetros de la real para
vigilar las principales rutas del tráfico marítimo hacia América
Latina.
Atrás quedaron
“metas y objetivos específicos” referidos en el informe –del Proyecto de
Investigación Estratégica- de que, ante la inestabilidad de la región, Puerto
Rico tuviera la triple función de “mejorar la seguridad interna (de EEUU) y la
externa, promover la democracia y los derechos humanos y promover la
prosperidad”.
El primer objetivo
fue neutralizado por la corrupción generalizada unida al contrabando de drogas y
armas, con este último a tal nivel que Puerto Rico se ha convertido en paraíso
para los contrabandistas de armas de Texas, Florida, Georgia y hasta Ohio, según
admite el propio Gobierno. El caso es tan grave que cuando NCM Noticias
preguntó por informes sobre las armas ilegales que salen desde Puerto Rico, el
coronel Reinaldo Bermúdez, jefe de operaciones estratégicas, contestó que la
Policía nacional no atiende ese asunto.
Sin embargo,
anualmente en el país se venden y desaparecen suficientes millones de balas como
para matar toda la población de las Antillas en apenas varios
años.
El segundo objetivo
se estrelló por las denuncias de ataques a los derechos
civiles.
Estas incluyen los
casos en los tribunales sobre los abusos sistémicos contra la población por
parte de la Policía nacional y la legislación de medidas fuertes para limitar
los derechos civiles. Las medidas van desde penas de cárcel contra las protestas
pacíficas hasta el encarcelamiento también para quienes “perturben” a
legisladores individuales.
Pero esas medidas
para criminalizar la protesta social hacen poco para detener la percepción de
que los partidos y sus líderes no son dignos de gobernar. Tan grave es ese
descrédito público que el registro de electores para los comicios generales de
noviembre creció menos de 33.000 entre enero pasado y el 30 de junio –de
2.273.789 a 2.306.769- con lo cual tendría que recibir sobre 100.000 nuevos
inscritos en poco más de dos meses si fuese a llegar al nivel de
2.458.033 que tuvo para las elecciones de 2008.
El tercero de los
objetivos, el de la “prosperidad”, se desvaneció primero con el estancamiento
económico y luego con el descalabro en caída libre de una prolongada crisis
económica en la que se descapitaliza el país, se contraen las fuentes de empleo,
el estado evita la quiebra con dudosas transacciones financieras y la prensa
económica describe alternativamente a esta nación isleña como la Grecia del
Caribe o apenas en mejor posición que Haití.
El informe, “The
Role of Puerto Rico in the United States National Security Strategy”, destacaba
el uso “vital” de esta colonia para instalaciones navales, las bases del
Ejército y hasta como centro para recibir información de la
Agencia Central de Inteligencia. Además, apuntaba que “mucha de la protesta
contra la presencia de la Armada en Vieques, así como a la presencia militar de
EEUU en Puerto Rico, es atribuible al Partido
Independentista”.
Ese punto de vista
no logró disuadir a la Casa Blanca de cerrar las bases de la Armada y reducir
las del Ejército mientras la embajada de EEUU en el Vaticano homenajeaba al
delegado del PIP Manuel Rodríguez Orellana y le escoltaba a una ceremonia de
rezo del Rosario con el Papa Benedicto XVI.
En los años
recientes, la Casa Blanca ha cerrado la puerta al PIP y las nuevas estrategias
producidas en el largo período de la guerra global (GWOT en nomenclatura del
Pentágono) son el marco para los reclamos para remilitarizar a Puerto Rico del
actual gobernador anexionista Luis Fortuño. La idea tiene el respaldo al menos
parcial del autonomista Alejandro García Padilla, principal opositor y favorito
del Presidente Barack Obama.
La consonancia de
esa propuesta, que parece contar también con apoyo en el Departamento de
Seguridad de la Patria (Homeland Security), con las nuevas doctrinas y
estrategias militares, es a la vez su principal aspecto
controversial.
Por ejemplo, los
informes sobre la Armada recibidos en el Congreso en junio pasado destacan la
Estación de la Alianza Sur, instalación flotante en el Caribe, junto con el
componente de operaciones de “guerra irregular” de las fuerzas especiales, que
constituye un puntal de la estrategia naval para la frontera
caribeña.
Otro tanto ocurre
con el concepto de un sistema global de prisiones y campos de concentración
desarrollado por el Ejército. Dicho sistema está basado en la visión estratégica
sobre la supuesta necesidad de operaciones para estabilizar países del Tercer
Mundo, afectados por la superpoblación, la falta de mecanismos legítimos de
hacer cumplir la ley, las insurrecciones y la competencia por dominar las rutas
y los recursos escasos.
Se trata de
productos militares para utilizarlos en zonas externas de guerra, pero no dentro
de EEUU. Cualquier temor de que se podrían aplicar, aunque sea parcialmente,
dentro de las fronteras nacionales han provocado preocupación por sus
consecuencias políticas y legales.
Propuestas cónsonas
con tales enfoques militares, como las nuevas restricciones del Código Penal y
la eliminación del derecho absoluto a la fianza, han tenido el efecto de
intensificar las convocatorias del PIP, que ha desatado una campaña bajo el lema
de “ahora le toca al pueblo”. De igual forma, los nuevos partidos –Movimiento
Unión Soberanista, Partido del Pueblo Trabajador y Puertorriqueños por Puerto
Rico- hasta sectores del propio autonomismo, se han unido para enfrentar dichas
propuestas.
Jesús
Dávila, Puerto Rico, 12 de julio de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario