Alicia Durán Ballén, hija del presidente de la República del
Ecuador, Sixto Durán Ballén (1992-1996) fue testigo de honor en la firma de un
“convenio de amistad”, por 20 años, -redactado en inglés-, entre la petrolera
estadounidense Maxus y el pueblo Waorani ubicado en la Amazonía, y que había
permanecido aislado de la “civilización occidental”. La Maxus, con ese convenio,
consiguió entrada libre en ese territorio ancestral para explotar campos
petroleros.
Hombres, mujeres y ancianos waorani cayeron en las garras de la
petrolera con la colaboración incondicional de la hija del Presidente de la
República que, para facilitar la firma del convenio, generosamente, regaló a una
de las mujeres waorani, unos aretes de fantasía o bisutería. A cambio recibió
una pechera Waorani. Alicia Durán Ballén, le preguntó al agregado de negocios de
la embajada yanqui: “¿Crees que ganamos con el cambio?”. El asesor yanqui, con
una sonrisa de oreja a oreja, le respondió: “Así ganamos Manhattan” y con
collares, cuentas de vidrio, espejos, a más de la espada y la cruz, lo españoles
conquistaron lo que hoy es América Latina.
De esa manera comenzó un calvario para los waorani a los que
engañaron con baratijas, incluso para extraerles sangre, para luego venderla por
lo menos a ocho organismos internacionales, para que efectuaran estudios del ADN
y otros experimentos que les permita ampliar el negocio de la biopiratería.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció la extracción de
muestras de ADN del pueblo indígena waorani sin su consentimiento, y su supuesta
venta por parte de una entidad estadounidense lo que conlleva a configurar una
serie de delitos cometidos en contra de esa nacionalidad que comienza con la
extracción e ilegal uso de material genético de los waorani, un pueblo amazónico
compuesto por unos 3 000 miembros, según la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Defensoría del Pueblo afirma que dos estadounidenses, uno de
los cuales trabajaba para la empresa petrolera Maxus, extrajeron sangre a
algunos waorani en sus comunidades, con el argumento de que iban a examinar su
estado de salud. Según la investigación de la Defensoría, las muestras habrían
sido entregadas a un científico de la Escuela Médica de la Universidad de
Harvard, en Estados Unidos, pero su nombre no se menciona, y, posteriormente,
llegaron al Instituto Coriell, un centro de estudios médicos con sede en el
Estado de Nueva Jersey.
En el expediente de la Defensoría existen informaciones y datos no
refutados que señalan que desde 1992 hasta la fecha actual, el Instituto Coriel
ha enviado a instituciones de ocho países siete cultivos celulares y 36
muestras, lo que constituye una flagrante violación de la Constitución de
Ecuador, que prohíbe "el uso de material genético y la experimentación
científica que atenten contra los derechos humanos". La biopiratería genética de
los waorani se constituye en una grosera violación a los derechos humanos
inherentes a ese pueblo. Según informaba la agencia española EFE, “en su página
de internet el Instituto dice contar con "la colección más diversa de líneas
celulares, ADN y otros materiales biológicos, recogidos y distribuidos para su
uso por la comunidad internacional de investigación biomédica". La Defensoría
del Pueblo, en defensa de los derechos del pueblo waorani solicitó a la
Procuraduría General del Estado, que representa a Ecuador en litigios
internacionales, y a la Cancillería para que tomen "las acciones pertinentes"
contra Coriell, Maxus y la Escuela Médica de Harvard "por la adquisición y uso
no autorizado de ADN". Asimismo pidió a la Asamblea Nacional que elabore una ley
que regule el manejo del material genético humano y controle la extracción de
muestras de ADN de los pueblos indígenas.
Mayor información sobre este caso de robo y comercialización del
ADN se puede obtener en http://www.elcomercio.com/sociedad/Defensoria-Pueblo-Ecuador-ADN-waoranis_0_734926731.html.
La comunidad nacional e internacional, en particular, la comunidad
científica, sabe que la amazonía ecuatoriana guarda la más rica biodiversidad
del planeta. A más de poseer recursos hídricos importantes, es también una
fuente de oxígeno, de codiciadas maderas finas y extensos yacimientos de
petróleo. Esa incalculable riqueza que es patrimonio nacional, pretende ser
explotada sin control alguno por las transnacionales con sede en el imperio y,
en particular, por las farmacéuticas ahítas de fortunas obtenidas del dolor de
enfermedades aparentemente incurables o ante el aparecimiento de nuevas
enfermedades con características de epidemias mortales.
Los científicos de todo el mudo conocen de la existencia de
plantas medicinales que han sido utilizadas por shamanes que ejercen la medicina
ancestral entre los pueblos originarios, saben también que los pueblos que
decidieron aislarse son inmunes a muchas enfermedades que son comunes entre los
pueblos “civilizados”. Esa inmunidad despierta curiosidades que impulsan el robo
de material genético para estudios, experimentos, análisis y la consecuente
extensión de la biopiratería a nivel internacional que, en la industria
farmacéutica se ha convertido en gula de riqueza que la obtiene sin límites
éticos, al jugar con la vida y la muerte de millones de personas. Así por
ejemplo, se afirma que ya existe la cura para todo tipo de cáncer o para la VIH,
pero que no la comercializan porque mejor negocio es la venta de productos
medicinales existentes.
Respecto del robo del ADN a los waorani, se debe destacar que la
Defensoría del Pueblo ha trabajado en el caso por un lapso de dos años, al cabo
de los cuales decidió denunciar a una entidad médica estadounidense que
comercializó ilegalmente material genético de indígenas amazónicos, denuncia que
se fundamentó en testimonios de aborígenes waorani. La defensoría determinó que
dos estadounidenses, entre ellos un médico de la petrolera Maxus, tomó muestras
de sangre a varios de ellos aduciendo que serían usadas para exámenes cuyos
resultados nunca entregaron.
"Se comprobó que el instituto Coriell "posee ilegalmente desde el
18 de diciembre de 1991 muestras de sangre" de gente de esa etnia, sostiene la
Defensoría del Pueblo y agregaba que "desde 1994 hasta la actualidad este
laboratorio ha distribuido un total de siete cultivos celulares y 36 muestras a
ocho países", venta efectuada a través de su página de internet.
De sobra se conoce de la prepotencia imperial y su irrespeto a las
normas nacionales. Sus abusivas prácticas violan la Constitución ecuatoriana y
las disposiciones de tratados internacionales. "Se han vulnerado flagrantemente
los derechos a la identidad cultural, al consentimiento previo, libre e
informado para la extracción y uso de recursos genéticos y a la integridad
personal del pueblo waorani", afirma la Defensoría.
El abogado Patricio Benalcázar cuando ejercía las funciones de
Defensor del Pueblo encargado, declaraba que "Las finalidades (del robo del ADN)
las desconocemos aún, pero, pueden ser de orden científico o cualquiera otro,
pero lo están haciendo de muestras de sangre, de elementos genéticos que son
parte del patrimonio de un pueblo".
“El médico genetista César Paz y Miño dijo al canal Ecuavisa que
podría tratarse de un caso de biopiratería para desarrollar nuevos
descubrimientos y patentarlos. "Si encontramos por ejemplo que un grupo étnico
es resistente a la malaria, podríamos aislar el gen que lo hace resistente y
venderlo como propiedad de una empresa, cuando el ADN es de la población
woarani", reseñaba la agencia de prensa AFP.
El diario Extra de Guayaquil, burlonamente titulaba una crónica:
“Sacaron ADN waorani del país y el Estado ni enterado”. A continuación
decía:
“No vamos a permitir que el pueblo waorani vuelva a ser engañado”,
sentenció Kawetipe Yeti, presidente de la nacionalidad indígena radicada en la
selva amazónica. Yeti tuvo conocimiento de la resolución de la Defensoría del
Pueblo, respecto a la extracción ilícita de ADN, el 27 de junio de este año.
Mediante una carta, el dirigente solicitó una audiencia directa
con el presidente de la República, Rafael Correa, para abordar a fondo la
problemática que, según dice, no es un hecho aislado. Al dirigente se le remitió
a la Ministra de Patrimonio María Fernanda Espinosa, la única autorizada a
responder sus interrogantes frente a lo sucedido.
Lo que más preocupa a Yeti, agregaba, es saber “cómo fue posible
que los brigadistas extranjeros pudieran sacar del país las muestras de sangre
sin que el Estado lo supiera”. Otro aspecto es que no existe ningún proceso
judicial.
El hecho ocurrió entre los años de 1990 y 1991, en la comunidad
Yawempare, parroquia Dayuna, del cantón Coca, en la provincia de Orellana.
Por testimonios de indígenas se sabe que dos expertos
estadounidenses, uno de los cuales era médico de la petrolera Maxus, extrajeron
sangre a los nativos con el pretexto de que lo hacían para examinar su salud y
entregar medicamentos. Pero la supuesta ayuda jamás se concretó y nunca
conocieron cuáles fueron los resultados de las muestras recogidas.
A partir de la denuncia, las nacionalidades indígenas se organizan
para evitar que nuevamente sean engañados. Por medio de la radio comunitaria
Waorani se ha comunicado a todos sus miembros que deben estar atentos a las
personas que ingresan a su territorio, así como las actividades que realicen
durante su estadía. Yeti aclaró que las únicas brigadas médicas autorizadas para
entrar al pueblo indígena serán aquellas que tengan permiso del Ministerio de
Salud. Quienes vayan a entrar a territorio waorani primero deben informar lo que
harán y cuál es la finalidad de su visita.
La dirigencia indígena estudia la posibilidad de llevar el caso
considerado de violación a los derechos humanos a las cortes internacionales, si
no obtiene una respuesta oportuna por parte del Estado.
En el expediente de la Defensoría del Pueblo se revela que los
brigadistas “se aprovecharon de la situación para realizar estudios genéticos no
solo del ser humano, sino también de las plantas y animales, y también
apropiarse de los conocimientos de los pueblos indígenas”. La ministra de
Patrimonio destacaba que el Presidente de la República habría ordenado que se le
de al pueblo waorani "todo el apoyo necesario y todo lo que requieran para
encaminar este proceso legal".
POR ÉTICA O BIOÉTICA
La prensa nacional e internacional se hizo eco de la denuncia de
la Defensoría del Pueblo y destacó una de las sabatinas del presidente de
Ecuador, Rafael Correa, en la que anunció que se llevará a tribunales
internacionales la denuncia sobre la extracción de muestras de ADN del pueblo
indígena waorani, sin su consentimiento y su supuesta venta por parte de una
entidad estadounidense.
Correa explicó que se reunió con los indígenas para tratar su
denuncia de que "una empresa privada les extrajo muestras de sangre y de ADN y
comercializó sin el permiso de los waoranis esas muestras".
El presidente Correa enfatizaba: "Por ética o bioética cualquier
experimento o estudio que se quiera hacer, debe ser con el consentimiento de los
individuos perfectamente informados".
Agregaba: "No permitiremos que esto quede en la impunidad", y
resaltaba que ya se estudian "los mejores mecanismos para llevar esto ante
tribunales internacionales. Esto rompe cualquier ética, esto no se puede
permitir", advirtió. . “De su lado, la ministra coordinadora de Patrimonio,
María Fernanda Espinosa, detalló que la compañía petrolera Maxus en 1991, "a
pretexto de brigadas médicas para curar a los hermanos de la nacionalidad
waorani, les extrajeron muestras de sangre para obtener su ADN".
"El instituto de investigaciones médicas de la Universidad de
Harvard, que se llama el instituto Coriell, lo que hizo es vender el ADN waorani
para fines de investigación y, potencialmente, fines comerciales", comentó
Espinosa.
Indicó que se ha conformado un comité técnico-jurídico que analiza
"cuáles son las mejores vías para establecer un proceso legal internacional
contra el instituto y contra todas aquellas instituciones que operaron violando
las normas de bioética a nivel internacional y atentaron contra la integridad y
el derecho a la consulta de la nacionalidad waorani".
La ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa subrayó que la
"instrucción" de Correa es que el Gobierno dé a los waoranis "todo el apoyo
necesario y todo lo que requieran para encaminar este proceso legal".
En julio pasado el Instituto estadounidense Coriell de
Investigación científica negó a Efe haberse lucrado con la venta de muestras de
ADN del pueblo indígena waorani, después de que la Defensoría del Pueblo de
Ecuador denunciara el caso.
El Instituto Coriell, con sede en Nueva Jersey (Estados Unidos),
confirmó a Efe haber distribuido las muestras, pero negó haber obtenido el ADN
de manera ilegal y haber obtenido beneficios económicos con él.
"De 1994 a 2008, Coriell distribuyó un total de siete cultivos
celulares y 36 muestras de ADN de esta línea. Fueron enviados a instituciones de
ocho países para fines de investigación científica. Coriell no recibió ningún
beneficio comercial asociado a la recepción, almacenamiento o distribución de
estas muestras", aseguró el centro.
Coriell también explicó que científicos y funcionarios de su
institución deben firmar un formulario que garantice que las muestras no se
utilizarán para la elaboración de un producto comercial, ni serán redistribuidas
a otros investigadores.
"En 2010, la muestra en cuestión fue retirada del depósito y ya no
está disponible para la investigación científica", agregó el Instituto de
Investigación, según un reportaje de EFE.
Queda claro que quienes extrajeron la sangre de los waorani, lo
hicieron de manera inmoral e ilegítima así como su posterior distribución o
venta. Al cometer esos ilícitos, violaron las leyes, la Constitución de la
República del Ecuador y las normativas de tratados internacionales referidas a
esta materia. Como dijo el presidente ecuatoriano, no se debe permitir que estos
hechos queden en la impunidad, ¿o será que los súbditos del imperio gozan de
privilegios especiales ante el mundo, basados en la fuerza militar, en el poder
económico y en las maniobras diplomáticas y políticas?
LA FAMOSA MAXUS
En un documento elaborado por la Campaña por la Amazonía se
afirma: Durante 20 años de explotación petrolera en la Amazonía Ecuatoriana, las
poblaciones y culturas indígenas amazónicas han sufrido impactos culturales y
ambientales de grandes proporciones. Pese al discurso ambientalista y
preservacionista de la compañía Maxus, en el Bloque 16 sus planes de manejo
ambiental y su práctica ha demostrado lo contrario.
EL ECUADOR PIERDE DOS VECES
El rendimiento económico del petróleo del Bloque 16 es un pésimo
negocio para el Ecuador. Se ha denunciado que el costo de producción de cada
barril de petróleo es de 72.76 dólares.
Las características de crudo pesado, los inflados costos de
producción hacen que éste no sea rentable. Maxus quiere que el Ecuador le
restituya sus inversiones, pese a que el Bloque no es rentable, y su contrato es
de riesgo. (En otras palabras, el Ecuador debía pagar a la petrolera Maxus, para
que haga el favor de llevarse el petróleo existente en sus entrañas. Tal es el
abuso de las transnacionales del imperio.) INVESTIGACIÓN O
BIOPROSPECCIÓN
Maxus inauguró la estación Científica de Yasuní. De acuerdo al
Convenio de Biodiversidad, la investigación científica debe cumplir dos fines:
la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de la misma.
Puesto que nadie en el Ecuador tiene acceso a los resultados de las
investigaciones que Maxus ha llevado a cabo, es justo pensar que el objetivo es
la bioprospección, es decir la búsqueda de recursos genéticos para su
comercialización.
Si Maxus se inicia en el campo de la bioprospección, debe cumplir
con una serie de requisitos estipulados por el Convenio de Diversidad Biológica,
entre los que se incluye la transferencia de tecnología y la repartición
equitativa de las ganancias generadas. En el tema de la transferencia de
tecnología, Maxus tendría que dar a la Universidad Católica, como institución
académica contraparte, a más de la Estación Científica - que es pagada con el
dinero del pueblo ecuatoriano- toda la tecnología para la síntesis, aislamiento
y manejo del material genético con el que va a trabajar. La tecnología debe ser
tecnología de punta, decía en 1994 la Campaña por la Amazonía. Si este requisito
no se cumple, la Universidad Católica estaría aportando únicamente con "la
materia prima de la investigación", que es la recolección de la información de
campo. El Instituto Smithsonian y la Universidad de Aarhus, están apoyando este
proceso, y con su presencia Maxus quiere legitimar su trabajo. ¿TRAS MAXUS,
EMPRESAS FARMACÉUTICAS?
Las transnacionales farmacéuticas tienen mucho interés en los
recursos genéticos de las selvas tropicales, pues estas son una fuente segura y
económica para la producción de nuevos medicamentos, patentados para su
beneficio. Una patente significa el uso monopólico del producto desconociendo el
origen del conocimiento y de la materia prima, lo que supone desintelectualizar
a las comunidades indígenas, poseedoras del conocimiento.
Si los recursos genéticos están ligados a conocimientos
tradicionales, las trasnacionales necesitan el 400% menos de la inversión en la
investigación de los principios activos.
Para apropiarse de estos conocimientos se organizan programas de
"investigación" mediante antropólogos, biólogos y etno-biólogos. Recordemos que
en el Bloque 16 estaba CONOCO, subsidiaria de DUPONT, una de las principales
empresas químicas con intereses en la biotecnología.
¿Mantiene Maxus relaciones con Dupont?
MAXUS VIOLA LA LEY INTERNACIONAL: EL ACUERDO DE
BIODIVERSIDAD
Durante la Cumbre de la Tierra: Brasil ’92, se firmó el Convenio
de Biodiversidad, el mismo que fue suscrito por 157 países. El Congreso
ecuatoriano fue el segundo en Latinoamérica en ratificarlo. El Convenio entró en
vigencia y tiene fuerza de ley internacional que está por sobre las
legislaciones nacionales. El Convenio de Biodiversidad surgió en momentos en que
se produce un flujo ilegal masivo de recursos genéticos desde los países
tropicales, que poseen grandes riquezas biológicas y culturales hacia los países
industrializados. En este Acuerdo se coloca a los recursos biológicos en la
órbita de la soberanía nacional y se plantea la necesidad del "consentimiento y
participación de quienes poseen estos conocimientos que, además, deberán
beneficiarse al compartirlos". Estos beneficios, de acuerdo al Convenio de
Biodiversidad, deben ser repartidos equitativamente. El conocimiento, la
participación y el acceso a los beneficios suponen que tanto el Estado
Ecuatoriano como los pueblos indígenas amazónicos, conozcan el verdadero fin del
trabajo de "investigación" y se beneficien. Gorras y camisetas con el nombre de
Maxus y algunas casas comunales para las comunidades indígenas no entran en la
cuenta de los beneficios sino que cumple con fines propagandísticos”, advertía
en 1994 la Campaña por la Amazonía.
EXPERIMENTOS OSCUROS, AMBIGUOS Y
ANTIÉTICOS
Sergio Barrios Escalante, Científico Social e Investigador.
Ensayista y Escritor, en la Edición No. 63 de la revista virtual Raf-Tulum
exponía una parte de sus investigaciones en la que expresaba:
“Los experimentos científicos realizados por Estados Unidos y
otras potencias, bajo la nebulosa de oscuros, ambiguos y antiéticos objetivos no
se limitan a lo descubierto por la citada investigadora, y hay que recordar que
forman parte de una larga tradición que continúa en muchos lugares hasta el día
de hoy.
Basta con recordar las cuestionadas actividades del Instituto
Lingüístico de Verano (ILV), que en los años sesenta desarrolló sospechosas e
imprecisas “investigaciones de campo” en diversas partes de América Latina,
tales como en diversas zonas rurales de Colombia y el altiplano guatemalteco por
ejemplo.
Sin que nunca se aclarara nada concreto ante los tribunales
internacionales de justicia, durante los años setenta igualmente circularon
múltiples rumores y sospechas sobre la implementación de programas secretos de
esterilización masiva, llevados a cabo en muchas poblaciones indígenas y
campesinas latinoamericanas (incluyendo, nuevamente, al altiplano
guatemalteco).
En los años ochenta y noventa, con el inicio del auge de la
biotecnología y la ingeniería genética, la bióloga Mae-Wan Ho denunció los
graves riesgos que implicaba para la salud humana y para numerosas especies
animales y vegetales, la realización de experimentos a gran escala relacionados
con el diseño de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM).
El mismo tipo de denuncias ha realizado profusamente en los
últimos años la investigadora Silvia Ribeiro, al señalar la irresponsabilidad de
numerosos centros y laboratorios de investigación, en producir y comercializar
en gran escala alimentos de consumo básico (como leche producida en base a la
hormona transgénica denominada “Somato-Tropina Bovina”, por ejemplo), bajo
condiciones de alteraciones genéticas con alto potencial de riesgo para la
salud.
De acuerdo con Ribeiro, esta hormona transgénica no sólo enferma
al ganado, sino que además provoca en la leche una elevación de otra hormona
denominada IGF-1 (“Factor de crecimiento insulínico tipo 1), que estaría
asociada con el surgimiento de cáncer de seno, próstata y colón.
¿Y qué podemos decir de la vacuna contra el virus de la gripe
porcina? Al respecto, llamó poderosamente la atención la exagerada alharaca que
se armó tomando a la ciudad de México (D.F.) como centro de “supuesta
irradiación mundial”, alarmismo que un año después de la supuesta “primera gran
crisis de pandemia viral” del siglo XXI”, la Comisión Europea reconoció (en mayo
del 2010), que había sido intencionalmente exagerada.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones para ello? ¿Fueron razones
estrictamente comerciales o de inescrupulosa experimentación secreta?
Hay que recordar que cuando todo esto sucedió, surgieron muchas
voces advirtiendo que la vacuna contra la gripe A1-HN1, muy probablemente podría
contener ciertos componentes químicos de dudosos efectos.
Estas voces de advertencia sin embargo no fueron tomadas en cuenta
por los grandes medios de comunicación, y lejos de ello, una vez que el pánico
viral había quedado plenamente “inyectado” en la mente de millones de personas,
muchos gobiernos empezaron a adquirir monumentales pedidos de la citada vacuna,
sin que hasta el día de hoy se sepa a ciencia cierta si este compuesto antiviral
puede o no afectar en alguna medida la salud de niños y adultos.
Es de suponer que si la OMS ha facilitado la distribución de esta
vacuna en numerosos países, ello constituye (o debería de constituir) una
garantía suficiente. Pero aparte de esta agencia intergubernamental, ¿hay alguna
comisión científica de alto nivel e independiente que haya avalado la solvencia
médica de tal vacuna?
No lo sabemos. Lo cierto es que lo sucedido en los años cuarenta
en Guatemala, lejos de ser una práctica en desuso y aislada, alimenta y da
fundamento a las múltiples versiones y teorías conspirativas que colocan a las
grandes potencias como enemigas de la salud de los pueblos.”
VIOLACIONES A LOS DERECHOS
INDÍGENAS
A estas tierras llegaron los conquistadores desde España, y con
ellos llegó la tragedia para los pueblos aborígenes a los que les sometieron a
servidumbres esclavizantes y embrutecedoras. No se sabrá nunca con exactitud la
cuantificación del genocidio practicado, pero millones de indígenas fueron
asesinados en las guerras de conquista y otros millones murieron en los
socavones de las mitas en busca de metales preciosos, en los obrajes destinados
a la industria textil y en las encomiendas dedicadas a la explotación
agrícola-ganadera. Nunca, en ningún caso conocieron de los derechos humanos y
menos eran sujetos de derechos ya que incluso se decía que los indios ni alma
tenían.
Resultaría una tarea enorme tratar de recapitular las violaciones
de los derechos humanos de los indígenas en América Latina y quizá nunca se
llenaría el memorial de agravios.
Por descuido interesado de los historiadores, generalmente
pertenecientes a las clases dominantes, no se encuentran documentos que señalen
la sistemática violación de los derechos humanos; sin embargo, por la historia
oral que se repite de generación en generación y por variados testimonios
actuales se conoce del drama que vivían y viven los indígenas ya que hasta el
presente, es dramática la situación de los derechos humanos de los grupos
indígenas del continente, a pesar de las proclamas y la realidad de sus
cumplimientos.
“Tal vez las violaciones más notorias y que con alguna frecuencia
logran ser mencionadas en los periódicos y otros medios de comunicación masiva,
sean las de los derechos civiles y políticos, concretamente el derecho a la vida
y a la libertad. Pero sin duda son más persistentes, aunque se les dé menos
publicidad, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales,
particularmente en lo que se refiere a la posesión y usufructo de la tierra y de
otros recursos naturales.
Los representantes de los pueblos indígenas declararon ante la
comunidad internacional cómo operan la discriminación, el genocidio y el
etnocidio. La situación puede variar de país a país, pero las raíces son
comunes: incluye la colonización brutal para abrir el camino al saqueo de sus
tierras y recursos naturales, dado que los intereses comerciales buscaban los
beneficios máximos; la masacre de millones de nativos durante siglos y la
continua apropiación de sus tierras que les privaba de la posibilidad de
desarrollar sus propios recursos y medios de vida; la negación de la
autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas destruyendo su tradicional
sistema de valores y su estructura social y cultural. La evidencia demuestra que
está opresión continúa, el resultado está visible en la continua destrucción de
las naciones indígenas.
Las tierras y los recursos de estos indígenas son saqueados por
los intereses privados y particularmente por compañías que aspiran a explotarlos
aún más. Quienes les roban constantemente nuevas parcelas de tierra y les niegan
su derecho a la autodeterminación están destruyendo su sistema tradicional de
valores y la estructura de sus sociedades”.
Sin lugar a equívocos se puede afirmar que aún se practican las
siguientes formas de violación de los derechos humanos fundamentales:
“1. El despojo de tierras indígenas mediante la violación de
tratados, acuerdos o principios jurídicos internacionales, como ha sucedido en
los casos de los shuar en Ecuador, los aché en Paraguay, los mapuche en Chile…
en Perú…en Brasil... en México…
2. La apropiación de los recursos naturales de los indígenas
(minerales, agua, madera) como si los pueblos indígenas no existieran o como si
no tuvieran derecho a la tierra que les ha pertenecido durante siglos o aún
milenios…
3. Invasiones no controladas de tierras indígenas por parte de no
indígenas, lo que indica claramente las intenciones etnocidas y genocidas de los
gobiernos responsables que se niegan a detener a los invasores…
4. Extrema opresión en la explotación de indígenas como
semiesclavos, peones, empleadas domésticas secuestradas, mano de obra barata,
etc., sin la protección legal mínima que asegura a los afectados el respeto como
seres humanos…
5. Prohibición de cualquier/arma de autogobierno interno e
inclusive violación del derecho de un gobierno local en las comunidades…
6. La denegación general de los Estados americanos a permitir la
participación de las naciones indígenas en la elaboración de constituciones e
instrumentos jurídicos básicos de gobierno…
7. La negación de los derechos fundamentales de libertad religiosa
y el despojo o la destrucción de lugares para rendir culto, así como el
otorgamiento de poder secular y el apoyo a los misioneros indígenas (lo que
significa etnocidio total en algunas regiones)…
8. La persistencia del racismo y el eurocentrismo y su influencia
en la vida de los pueblos indígenas…
9. La ausencia de programas adecuados de salud y la esterilización
de mujeres indígenas, en conjunto, constituyen un ataque de genocidio directo
hacia los pueblos indígenas porque conducen a altas tasas de mortalidad
infantil, a una baja esperanza de vida (45 años y menos) y a la negación de
futuras generaciones…
10. La tortura, las formas extremas de represión, el
encarcelamiento y las "técnicas de modificación de la conducta" para mantener
los sistemas de represión…
11. La negación de los derechos de los indígenas y la negación de
reconocer como indios o como tribus o naciones indígenas a ciertos grupos de
identidad india…”
Estas algunas de las principales violaciones a los derechos
humanos de los pueblos originarios que constan en documentos que, inclusive, son
de conocimiento de las Naciones Unidas o que han sido discutidas y conocidas en
tribunales especiales como el Tribunal Rusell.
En los documentos indicados se señala que en el Ecuador se ha
denunciado la existencia de aushiris esclavizados por hacendados cercanos a sus
territorios. Asimismo, se condena la exploración y explotación petrolera en
territorio kofan por la compañía Texaco-Gulf que en las décadas de los 70 y 80
asolaron grandes extensiones de la región amazónica. La penetración de las
petroleras en territorios pertenecientes a los pueblos originarios se realizó
sin consentimiento de la población indígena.
Continuas han sido las denuncias de las comunidades shuar de
Yukatais (Súcua) y Panki (Zamora) que han sido víctimas de asaltos a mano armada
por parte de colonos madereros.
Reiteradas fueron las denuncias de las relaciones del Instituto
Lingüístico de Verano con la compañía petrolera Texaco y su campaña para
desplazar a los waorani de su territorio tradicional dejando el campo libre para
las actividades de exploración. El ILV fue expulsado en 1980 por el entonces
presidente Jaime Roldós Aguilera, prematuramente fallecido en un accidente
aviación no esclarecido, posiblemente ocasionado por la CIA, según sostienen
familiares y amigos del joven mandatario desaparecido. . Al Instituto
Lingüístico de Verano se le acusó de dividir a las comunidades de la sierra
ecuatoriana y de robo sistemático de material genético e imposición de formas
culturales y religiosas entre los indígenas amazónicos, para servir de mejor
manera a los intereses del imperio y sus petroleras.
El 09/12/ 2010, el Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la
Guerra, instalado en Quito-Ecuador, señalaba que Estados Unidos en calidad de
imperio victorioso levantaba la voz en nombre de la humanidad para condenar los
crímenes del nazifascismo, al tiempo que ensalzaba el modelo yanqui de
democracia, libertad y respeto a los derechos humanos, mientras escondía
similares crímenes que cometía desde los albores del siglo XX. ¿Por qué
asombrarse de la doble moral de la potencia imperial si Washington es un maestro
en el discurso de dos caras?
Como maestro de crímenes monstruosos, Estados Unidos realizó
pruebas ocultas, “fuera de todo control –de ordinario en el campo de la
investigación biomédica o en las tecnologías bélicas–, en general con los
“conejillos de Indias” que representan las poblaciones del Tercer Mundo, de los
países pobres. Según acaba de saberse por una supuesta “casualidad”, de la
investigadora estadounidense Susan Reverby, del Wesllesley College, que en busca
de información sobre experimentos realizados con reos de la prisión de Tuskegee,
en Estados Unidos, encontró datos que revelaron estudios secretos desarrollados
entre los años 1946 y 1948 por personal del gobierno de Washington en la
centroamericana nación de Guatemala” y en una serie de países de América Latina,
África y Asia.
Las potencias mundiales y, en especial, el imperio yanqui, pueden
cometer cualquier crimen en cualquier parte del mundo, sobre todo debido a la
impunidad de la que gozan. Los crímenes que perpetra Estados Unidos permanecen
sin castigo porque no hay tribunal que sea capaz de juzgar y condenar al
imperio. Para resguardarse de algún tipo de condena, pasea su impudicia de
primera potencia mundial por cualquier parte de la tierra.
Las potencias son potencias, justamente, porque manejan a las
poblaciones, a los recursos que éstas poseen y, en definitiva, a los países en
su conjunto donde todo ello se encuentra, sostiene el periodista Marcelo Colussi
en un reportaje divulgado por ANS y agrega que para manejarlos se apela a todo
tipo de armas. El racismo, la desvalorización de los pueblos considerados
“primitivos”, la noción de “ciudadanos de segunda” versus ciudadanos de sentido
pleno –civilización y barbarie si queremos decirlo de otro modo–, son todas
ideas que permiten la manipulación de esas masas excluidas, dando como
resultado, entre otras cosas, la posibilidad de hacer experimentos abominables
sin ninguna culpa con los “primitivos”.
El escándalo sobre experimentos médicos se produjo en Guatemala,
pero esos experimentos biomédicos con la utilización de seres humanos como
conejillos de Indias, no son nada nuevo ni se constituyen en un hecho aislado.
Ese tipo de experimentos realizan los “científicos” yanquis en los pueblos del
Tercer Mundo, empobrecidos y explotados por los países ricos del norte, pero
también son cobayas humanas los negros, los pobres, los inmigrantes que viven en
los propios Estados Unidos. Bien se puede afirmar que de las torcidas mentes de
los anglosajones, no se libran ni sus propios compatriotas, o será que por ser
pobres y miserables, ¿no son dignos de ser ciudadanos estadounidenses? Negros,
latinos, indios, asiáticos, mulatos, mestizos se convierten en ratas de
laboratorio de todos los experimentos que son dirigidos y financiados por varias
instituciones médicas y organizaciones como la CIA, decía el documento
indicado.
El robo de ADN del pueblo waorani no debe quedar en la impunidad,
pero no es sólo ese caso que existe y, por tanto deben abrirse nuevas
investigaciones que permitan descubrir qué otros experimentos biomédicos
realizaron en el Ecuador en los diferentes grupos humanos y nacionalidades, qué
casos de biopiratería se han producido. Se sabe que los “médicos” y
“científicos” yanquis son expertos en experimentación biomédica al mejor estilo
nazifascista, y que son expertos en robo de material genético y en biopiratería
para satisfacer las ansias de las farmacéuticas. Se sabe que las plantas de
nuestras zonas tropicales son apetecidas por esos sectores imperiales, inclusive
para desarrollar nuevos productos que optimicen las armas
químico-bacteriológicas.
Es preciso que el Estado proteja con eficacia y máxima
responsabilidad a los pueblos originarios de la Amazonía que han sido víctimas
de vil explotación de petroleras y madereros y de colonos blanco-mestizos. Se
sabe que desde que estos llegaron al oriente, los miembros de esas
nacionalidades comenzaron a sufrir enfermedades para ellos desconocidas: gripes,
neumonías, bronconeumonías, enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales
e intestinales y que también fueron víctimas de contagios de enfermedades
venéreas, y que desde que las petroleras destruyeron el medio ambiente y
provocaron derrames petroleros sufren de cánceres e infecciones de todo tipo.
TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA Y PAZ CONTRA LA
GUERRA-COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA
CEPRID
Correo electrónico: tribunalpazecuador@yahoo.com
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