Una revisión independiente efectuada a la respuesta contraterrorista del gobierno estadunidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 reportó que es "irrefutable" que Estados Unidos recurrió a la tortura, y que el gobierno de George W. Bush conlleva responsabilidad.
El reporte elaborado por el Proyecto Constitución, un centro de
estudios apartidista asentado en Washington, es una ambiciosa revisión
al tratamiento que el gobierno de Bush dio a los problemas relacionados con la retención e interrogatorio de los detenidos luego de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, según publica AP.
El informe especifica que la brutalidad ha estado presente en la guerra anteriormente,
"pero que no hay evidencia de que haya habido antes la clase de
discusiones analíticas y detalladas que ocurrieron luego del 11 de
septiembre, que involucraban directamente a un presidente
y a sus altos consejeros sobre la sensatez, decencia y legalidad de
infligir dolor y martirio a algunos detenidos bajo nuestra custodia".
John Bolton, embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas
durante el gobierno de Bush, calificó el reporte como "completamente
alejado de la realidad" y enfatizó que los procesos fueron revisados por
legistas una y otra vez.
"El propósito de la revisión que hizo el gobierno de Bush a las
técnicas era que nadie fuera torturado", dijo. "La intención era
justamente lo opuesto".
El Proyecto Constitución revisó la manera como los prisioneros fueron
detenidos e interrogados en la Bahía de Guantánamo, Afganistán e Irak, y
en las prisiones secretas de la CIA.
El reporte es producto de un estudio elaborado por dos años con base
en evidencia hallada en registros públicos. Fue realizado por un grupo
de trabajo bipartidista conformado por 11 expertos de una amplia gama de
profesiones y perspectivas ideológicas. El Proyecto Constitución
comisionó a políticos republicanos y demócratas, así como miembros del
Congreso, generales jubilados, jueces, abogados y académicos.
Entre ellos se cuenta Asa Hutchinson, quien fungió como subsecretario
de seguridad fronteriza y del transporte en el Departamento de
Seguridad Nacional de 2003 a 2005, durante el gobierno de George W.
Bush. El otro copresidente fue el exrepresentante demócrata James R.
Jones.
Gran parte de la justificación para lo que fue llamado
"interrogatorio intensificado" por algunos, pero tortura por el Proyecto
Constitución, fue elaborada por John Yoo, de la Oficina de Asesoría
Legal del Departamento de Justicia.
El reporte menciona a Albert Mora, consejero general de la Armada,
como uno de los altos funcionarios inquietos por las técnicas de
interrogatorio intensificado, y refiere una pregunta que le hace Yoo
sobre si el presidente podría ordenar legalmente que se torturara a un
detenido.
"Sí, el presidente podría autorizar la tortura, dijo que fue la
respuesta de Yoo", de acuerdo con el reporte. "Yoo dijo que si las
técnicas debían usarse no era una cuestión legal, sino una cuestión de
política", dice el informe.
Como resultado del aval del gobierno de Bush a las "técnicas de
interrogación intensificada", agrega el reporte, "las fuerzas de Estados
Unidos, en muchas instancias, usaron en los detenidos técnicas de
interrogación que constituyen tortura. El personal estadunidense condujo
un número aún mayor de interrogatorios que involucraron trato cruel,
inhumano o degradante'".
"Ambas categorías de actos violan las leyes de Estados Unidos y los
tratados internacionales. Tales conductas contravienen directamente los
valores de la Constitución y nuestra nación", agrega el reporte del
Proyecto Constitución.
Agencias
NUEVA YORK, E.U.
NUEVA YORK, E.U.
Tomado de http://sipse.com
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