El Partido Popular (PP) de España se habría
financiado ilegalmente a través de un sistema de empresas tapaderas
creado por sus propios dirigentes en los primeros años de democracia,
según publica hoy la prensa española.
El entramado, constituido por siete sociedades, fue creado a fines de
1979 por la entonces Alianza Popular, formación refundada años después
con el nombre de Partido Popular, y que estaba presidida por el ya
fallecido ex titular de la Junta de Galicia y ex ministro franquista
Manuel Fraga Iribarne.
La presunta financiación ilegal en el PP comenzó, por lo tanto, dos
décadas antes del período bajo investigación judicial (1990-2008)
registrado en la contabilidad B del ex tesorero Luis Bárcenas, revelada
por el diario El País a fines de enero de este año.
De hecho, este diario publica que el sistema de empresas fantasmas
creado para financiar al PP fue desmantelado cuando tomaron las riendas
de las cuentas del partido Angel Sanchís (1982) y Alvaro Lapuerta
(1990), antecesores de Bárcenas.
El País asegura que la antigua fórmula de financiación ilegal figura
en documentos que están en poder de Bárcenas, y que varios dirigentes
del partido lo confirmaron.
Según esta información, la creación de la trama fue una idea de los
poderes empresariales, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales), que “veían imprescindible que AP se consolidara como
alternativa en la derecha ante el previsible desplome de la centrista
UCD de Adolfo Suárez, presa de divisiones internas”.
AP necesitaba dinero y votos, por lo que la cúpula empresarial junto a
los dirigentes del PP diseñó un sistema para hacer llegar dinero al
partido.
El sistema era sencillo: a través de empresas tapaderas el PP pedía y
recibía dinero de eléctricas, bancos y constructoras. Entre las
empresas creadas por AP figuran Sipsa (Seguridad, Investigación y
Protección SA) y Opisa (Opinión, Publicidad e Imagen SA).
“Si pedían factura, entonces les hacíamos unos informes genéricos
sobre el sector para justificar el pago”, explicó uno de los implicados
en la trama bajo anonimato.
Por cada operación se ganaban unos cinco o seis millones de las
antiguas pesetas (30.000 o 36.000 euros). El dinero fue para financiar
elecciones autonómicas y municipales, porque entre 1980 y 1982 no hubo
generales.
Jorge Verstrynge, secretario general de AP en ese período, presidía
el consejo de ambas empresas usadas por su partido para facturar
supuestos informes, genéricos o inexistentes, a las grandes empresas.
Dado que no había legislación sobre financiación de partidos, con
esta fórmula se conseguía el dinero. Algunas de las personas que estaban
al frente de las empresas tapaderas siguen trabajando para el PP.
Por otro lado, El País sostiene que a partir de 1989 y una vez
desmantelada esta trama, el PP siguió facturando a todo tipo de empresas
sin declarar el IVA ni el impuesto de sociedades.
El sistema utilizado en sus primeros años de existencia por el PP,
hoy liderado por el presidente de Gobierno Mariano Rajoy, sería similar
al que empleó el Partido Socialista (PSOE) en los años 80 y que fue
destapado en 1991, el conocido como caso “Filesa”.
Según la justicia española, los socialistas se nutrieron de 7,21
millones de euros en base a falsos informes que fabricaban y facturaban a
empresarios.
Cuando estalló el caso Bárcenas, Verstrynge reconoció parte de lo que
hoy publica El País respecto a los primeros años de AP: “Era el salvaje
oeste. No había casi legislación sobre financiación de partidos y
facturábamos a empresas por informes para financiarnos. No descarto que
en algún caso hubiera falsos informes”, dijo.
TELAM – Tomado de Contrainjerencia
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