El empleo letal de aviones teledirigidos (drones) continúa bajo la
vigilancia de legisladores de ambos partidos en el Congreso
estadounidense, quienes cuestionan la legalidad y efectividad de esas
operaciones, señalan hoy medios de prensa.
El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, aliado del presidente
Barack Obama, considera que el Ejecutivo debe publicar más información
acerca del programa ultrasecreto de ejecuciones extrajudiciales por
parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Pakistán y otros
países con el empleo de dichas aeronaves.
Durbin se siente frustrado porque ningún funcionario de la administración Obama asistió a la audiencia senatorial tuvo lugar este martes, casi 12 años después que Estados Unidos lanzara su primer ataque con un avión sin tripulación.
Esto pone en evidencia la falta de control por parte del Capitolio a este tipo de armamento, señala hoy el diario Stars and Stripes.
El general retirado James Cartwright, exvicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 2007 a 2011, máximo órgano de mando castrense norteamericano, estima que siguen vigentes cuestionamientos legítimos acerca del uso, autoridad y supervisión del programa de empleo letal de los drones fuera del campo de batalla.
Cartwright considera que la CIA debe reconocer públicamente su papel en dichas operaciones fuera de Afganistán, e informar al Congreso sobre el impacto de los ataques en la población civil.
Estudios independientes señalan que desde 2001 se han realizado más de 360 ataques con drones que provocaron la muerte a unas tres mil 530 personas, la mayor parte en operaciones de la CIA en áreas rurales de Pakistán.
En algunas declaraciones públicas el Gobierno insiste en que los ataques con drones cumplen con las regulaciones internacionales y las leyes de Estados Unidos, sobre la base del derecho a la autodefensa.
Medios de prensa revelaron en febrero pasado un memorando de 16 páginas firmado por el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, que califica como legales los golpes con drones contra ciudadanos norteamericanos que conspiran y cooperan con organizaciones extremistas enemigas de Washington.
El congresista demócrata por Massachussetts, Edward Markey, presentó en marzo último un proyecto de ley contra el uso de drones en misiones de espionaje interno en Estados Unidos, con el fin de proteger la privacidad de sus conciudadanos en la medida en que se incrementan los vuelos de esos artefactos en dicha nación.
La propuesta es una actualización de la que él introdujo en 2012, y se suma a alrededor de media docena de textos similares presentados en el Capitolio, pero ninguna ha sido aprobada como ley.
Al mismo tiempo, las fuerzas policiales en este país preparan condiciones para el empleo de dichas aeronaves, pero organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos denunciaron esta tendencia como una flagrante violación de la privacidad de los norteamericanos y de sus derechos constitucionales.
Durbin se siente frustrado porque ningún funcionario de la administración Obama asistió a la audiencia senatorial tuvo lugar este martes, casi 12 años después que Estados Unidos lanzara su primer ataque con un avión sin tripulación.
Esto pone en evidencia la falta de control por parte del Capitolio a este tipo de armamento, señala hoy el diario Stars and Stripes.
El general retirado James Cartwright, exvicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 2007 a 2011, máximo órgano de mando castrense norteamericano, estima que siguen vigentes cuestionamientos legítimos acerca del uso, autoridad y supervisión del programa de empleo letal de los drones fuera del campo de batalla.
Cartwright considera que la CIA debe reconocer públicamente su papel en dichas operaciones fuera de Afganistán, e informar al Congreso sobre el impacto de los ataques en la población civil.
Estudios independientes señalan que desde 2001 se han realizado más de 360 ataques con drones que provocaron la muerte a unas tres mil 530 personas, la mayor parte en operaciones de la CIA en áreas rurales de Pakistán.
En algunas declaraciones públicas el Gobierno insiste en que los ataques con drones cumplen con las regulaciones internacionales y las leyes de Estados Unidos, sobre la base del derecho a la autodefensa.
Medios de prensa revelaron en febrero pasado un memorando de 16 páginas firmado por el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, que califica como legales los golpes con drones contra ciudadanos norteamericanos que conspiran y cooperan con organizaciones extremistas enemigas de Washington.
El congresista demócrata por Massachussetts, Edward Markey, presentó en marzo último un proyecto de ley contra el uso de drones en misiones de espionaje interno en Estados Unidos, con el fin de proteger la privacidad de sus conciudadanos en la medida en que se incrementan los vuelos de esos artefactos en dicha nación.
La propuesta es una actualización de la que él introdujo en 2012, y se suma a alrededor de media docena de textos similares presentados en el Capitolio, pero ninguna ha sido aprobada como ley.
Al mismo tiempo, las fuerzas policiales en este país preparan condiciones para el empleo de dichas aeronaves, pero organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos denunciaron esta tendencia como una flagrante violación de la privacidad de los norteamericanos y de sus derechos constitucionales.
PL
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