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Juana Jackson, (28 años), embarazada en el sexto mes,
murió en el ametrallamiento
desde un helicóptero Black&Hawk con M60 de la DEA en la madrugada el 11 de mayo. |
Vea y
lea también los videos y declaraciones de los sobrevivientes:
La masacre en Mosquitia, Honduras: “Sólo los agentes de la DEA pueden disparar desde un helicóptero que por otra parte, es suyo”
CEPR
Un año después de la muerte trágica de cuatro
indígenas en el noreste de Honduras tras una operación antidroga en la cual
participaron agentes policiales de Honduras y de la agencia antidroga DEA de
Estados Unidos, un nuevo informe, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y Derechos en Acción (Rights Action) examina la
investigación sobre el incidente realizado por el Ministerio Público de
Honduras.
El informe, originalmente publicado en inglés, y llamado “Todavía esperando
justicia: Un diagnóstico de la investigación del Ministerio Público de Honduras
sobre los asesinatos del 11 de mayo, 2012 en Ahuas, Honduras,”
concluye que la investigación del Ministerio Público presenta defectos graves,
incluyendo omisiones de testimonios claves de la policía hondureña que señalan
que la DEA (Drug Enforcement Administration) estaba a cargo del operativo y
podría tener la responsabilidad final por los muertos que ocurrieron. Las
víctimas incluyeron dos mujeres (por lo menos una de ellas estaba embarazada),
un hombre, y un adolescente de 14 años.
“La investigación y el informe
oficial del Gobierno Hondureño sobre la muerte trágica e innecesaria de cuatro
campesinos en Ahuas genera más preguntas que respuestas,” dijo el coautor del
informe y analista de política internacional en CEPR, Alex Main. “El informe
del Ministerio Público ni siquiera intenta establecer quién es el responsable
final de los asesinatos. En vez, parece estar enfocado en absolver a la DEA de
cualquier responsabilidad directa en los asesinatos, particularmente a través
de omisiones de testimonios claves.”
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Emerson Martínez, de 21 años, muerto en la masacre,
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“La investigación de los asesinatos fue, en el mejor
de los casos, parcial, o en el peor de los casos, manipulada intencionalmente,”
dijo Annie Bird, Co-directora de la organización defensora de derechos humanos,
Rights Action. “En cualquiera de los casos, es sumamente preocupante que el
Departamento de Estado y la DEA defiendan la investigación, a pesar de que un
detective de la policía de Estados Unidos empleado por la embajada
estadounidense debe haber estado bien al tanto de sus defectos.”
El informe de
CEPR y Rights Action señala que los testigos presenciales de la comunidad y
personal de la DEA, han informado que al menos un helicóptero del Departamento
de Estado disparó hacia la embarcación que llevaba a las víctimas. Pero el
informe señala que “el Ministerio Público falla al no mencionar ni
uno de estos reportes. Por lo contrario, el reporte del ministerio
repetidamente busca validar la noción de que todos los disparos que impactaron
a las víctimas y al barco ocurrieron en el mismo plano horizontal, aunque la
evidencia forense que está citada sugiere otra situación.”
El informe de CEPR y Rights Action señala: “Oficiales
en el MP seguramente son muy conscientes de que si uno de los helicópteros está
de cualquiera forma implicado en el tiroteo, entonces tanto la DEA- que
supuestamente determina cuando las armas del helicóptero pueden ser usadas-
como el Departamento del Estado- que es dueño de los helicópteros y contrata sus
pilotos- están implicados también.”
El Departamento de Estado ha sostenido que la DEA sólo
tuvo un “papel de apoyo” durante el operativo de Ahuas, una afirmación que no
está ni contradicha ni confirmada por el informe del Ministerio Público sobre
el incidente, aunque esa versión está insinuada fuertemente en las
observaciones finales del informe.
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Agentes del Comando de Operaciones Especiales Cobras
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El informe de CEPR y Rights Action también señala que
el Gobierno de Estados Unidos no permitió a los investigadores hondureños
cuestionar a los agentes estadounidenses que participaron en el operativo del 11
de mayo para ser interrogados, ni examinar sus armas ni las ametralladoras de
los helicópteros.
El informe de
CEPR y Rights Action concluye que lo que se encontró en el reporte de la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos “no nos dice mucho,” y no busca
determinar si las víctimas estuvieron involucradas “de alguna forma en el
narcotráfico” como han alegado oficiales hondureños y de Estados Unidos, ni
cuál autoridad estaba a cargo del operativo.
Los autores piden que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo su propia investigación del incidente en Ahuas para mejor determinar lo que sucedió y para determinar qué responsabilidad, si alguna, agentes de la DEA tuvieron en los asesinatos. También recomiendan que el Gobierno de Estados Unidos deje de ser un obstáculo a una investigación ya defectuosa al hacer accesible a los investigadores hondureños a los agentes de la DEA las armas y los documentos— incluyendo el video completo de vigilancia aérea del operativo de Ahuas.
Los autores piden que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo su propia investigación del incidente en Ahuas para mejor determinar lo que sucedió y para determinar qué responsabilidad, si alguna, agentes de la DEA tuvieron en los asesinatos. También recomiendan que el Gobierno de Estados Unidos deje de ser un obstáculo a una investigación ya defectuosa al hacer accesible a los investigadores hondureños a los agentes de la DEA las armas y los documentos— incluyendo el video completo de vigilancia aérea del operativo de Ahuas.
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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
Web: www.anncol.eu, Redacción: editar@anncol.eu,
YouTube: http://www.youtube.com/user/anncol4?feature=mhee
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