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| Matanza en Ruanda |
Cerca de cien presuntos criminales de guerra solicitaron la ciudadanía
británica o pidieron asilo en el Reino Unido desde enero de 2012, de
acuerdo a documentos del Ministerio del Interior.
La mayoría de los casos involucran a personas procedentes de Afganistán, Irán, Irak, Libia, Ruanda, Serbia y Sri Lanka, informó hoy la cadena BBC.
El Ministerio del Interior investigó, desde enero de 2012, más de 800 expedientes y realizó recomendaciones negativas contra 99 sospechosos de cometer crímenes de guerra o contra la humanidad.
De esos casos, tres personas fueron deportadas, a 20 se les rechazó el asilo, a 46 se les negó la ciudadanía británica, aunque siguen dentro del país, y se desconoce el destino de los restantes.
Algunas de las deportaciones son frenadas por la justicia si existen posibilidades que los acusados puedan ser torturados o enfrentar penas de muerte en sus países.
Un caso paradigmático es el de cinco ruandeses que llevaban viviendo una década en el Reino Unido y fueron arrestados en mayo pasado, señalados de participar en 1994 del genocidio de unas 800.000 personas que sufrió la nación africana.
En 2009 una corte había fallado contra su extradición, ya que consideró que existía “un riesgo real” de que no recibieran un juicio justo en Ruanda y salieron bajo fianza.
Por eso, organizaciones de derechos humanos solicitaron al gobierno compromiso para habilitar la forma de detenerlos y juzgarlos en tierras británicas.
“Si no hacemos esto, el país podría convertirse en un lugar de retiro para los criminales de guerra", dijo James Smith, de la asociación Aegis.
“Deben ser enviados adonde se cometieron los crímenes, pero si eso no es posible por lo menos deben ser juzgados en el Reino Unido”, coincidió Beatha Uwazaninka, sobreviviente del genocidio de Ruanda.
“Sería un claro mensaje: donde quieras que vayas te enfrentarás a las consecuencias de lo que has hecho", añadió.
La mayoría de los casos involucran a personas procedentes de Afganistán, Irán, Irak, Libia, Ruanda, Serbia y Sri Lanka, informó hoy la cadena BBC.
El Ministerio del Interior investigó, desde enero de 2012, más de 800 expedientes y realizó recomendaciones negativas contra 99 sospechosos de cometer crímenes de guerra o contra la humanidad.
De esos casos, tres personas fueron deportadas, a 20 se les rechazó el asilo, a 46 se les negó la ciudadanía británica, aunque siguen dentro del país, y se desconoce el destino de los restantes.
Algunas de las deportaciones son frenadas por la justicia si existen posibilidades que los acusados puedan ser torturados o enfrentar penas de muerte en sus países.
Un caso paradigmático es el de cinco ruandeses que llevaban viviendo una década en el Reino Unido y fueron arrestados en mayo pasado, señalados de participar en 1994 del genocidio de unas 800.000 personas que sufrió la nación africana.
En 2009 una corte había fallado contra su extradición, ya que consideró que existía “un riesgo real” de que no recibieran un juicio justo en Ruanda y salieron bajo fianza.
Por eso, organizaciones de derechos humanos solicitaron al gobierno compromiso para habilitar la forma de detenerlos y juzgarlos en tierras británicas.
“Si no hacemos esto, el país podría convertirse en un lugar de retiro para los criminales de guerra", dijo James Smith, de la asociación Aegis.
“Deben ser enviados adonde se cometieron los crímenes, pero si eso no es posible por lo menos deben ser juzgados en el Reino Unido”, coincidió Beatha Uwazaninka, sobreviviente del genocidio de Ruanda.
“Sería un claro mensaje: donde quieras que vayas te enfrentarás a las consecuencias de lo que has hecho", añadió.
(Télam)
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