La guerra de la Reforma en México fue un movimiento político que estremeció al país a mediados del siglo XIX. La victoria de los liberales condujo a Benito Juárez a la Presidencia, sin embargo inauguró un largo período de inestabilidad que incluyó la intervención militar francesa en 1862. Esta etapa de la vida política del país de los aztecas y los mayas concluyó con la llegada al poder de Porfirio Díaz, quien gobernó desde 1876 hasta 1911 con un interregno entre 1880 y 1884 cuando tomó las riendas del poder Manuel González Flores.
Díaz fue un gobernante déspota que contó con el apoyo de los latifundistas, el clero (mayor propietario de la tierra en el México de entonces) y en gran medida de Estados Unidos, cuyos inversionistas tuvieron relevantes privilegios para recibir concesiones mineras, petroleras y agrícolas.
En 1910, hubo comicios en los que Díaz aspiraba a la reelección, sin embargo, todo el acumulado de descontento emanado de más de tres décadas de represión y marginación exigieron democracia y la no reelección del presidente. Así dio inicio la Revolución mexicana cuando Francisco Madero se puso al frente de un movimiento armado con apoyo popular de obreros, intelectuales y sobre todo campesinos que tomaron el poder y convocaron a una asamblea constituyente. Los titubeos de Madero, quien vacilaba ante la necesidad de desarrollar acciones radicales exigidas por el pueblo, condujo al alzamiento del líder campesino Emiliano Zapata que propugnaba la realización de la profunda reforma agraria que reivindicaban los campesinos alzados a favor de la Revolución.
Estados Unidos intervino para derrocar a Madero e instalar en el poder a Victoriano Huerta, quien pretendió retrotraer los avances que la Revolución postulaba para los más humildes. Además de Zapata, contra Huerta se alzó el líder del norte del país, Pancho Villa. Estados Unidos acudió en apoyo de Huerta, sus tropas desembarcaron en Veracruz en abril de 1914. Los mexicanos se unieron para derrotar al invasor. Después de negociaciones en las que terceros países intermediaron, Estados Unidos se retiró del territorio mexicano para volver en 1917 a fin de perseguir a Villa sin lograr derrotarlo.
En ese contexto, el 5 de febrero de 1917 es publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, herramienta política muy avanzada no solo para México, también para América Latina y todo el mundo.
En su artículo 27 se consagra que “Corresponde a la Nación el dominio directo de (…) los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”.
Además de los evidentes avances de la Constitución mexicana de 1917 en materia social y de defensa de los derechos de los ciudadanos fue muy destacable y transformador. lo que aportó en el aspecto de protección de los recursos naturales para su explotación a favor del desarrollo económico del país, sobre todo de las grandes mayorías excluidas a través de la historia.
En el año 1929, los adeptos a la Revolución mexicana formalizaron la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el cual en 1938 pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI en sus diferentes acepciones gobernó continuamente en México desde 1929 hasta el año 2000, manteniendo el control total del gobierno de todos los estados mexicanos hasta 1989.
En 1934, el PRI llevó al poder al general Lázaro Cárdenas, quien desde la jefatura del Estado realizó las más profundas transformaciones que recuerde la historia mexicana. Gobernó a favor de los sectores más humildes, los pequeños propietarios agrícolas y los sectores medios empobrecidos de las ciudades. Estados Unidos y las facciones oligárquicas mexicanas reaccionaron negativamente contra el gobierno de Cárdenas cuando este tomó medidas para proteger a los obreros petroleros ante la voracidad de las firmas transnacionales estadounidenses. Visto el desacato de las empresas extranjeras a la decisión del Gobierno mexicano, el general Cárdenas procedió a nacionalizar la industria petrolera. Paralelamente creó la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a la cual se le estableció un estatutus especial que tuvo rango constitucional y que instituyó su misión de ser la única instancia autorizada para manejar los recursos energéticos en territorio mexicano, con la responsabilidad de administrar, explorar, explotar y vender el petróleo y gas producido en el país.
México comenzó a manejar su industria más importante, luchando contra el sabotaje de las empresas petroleras estadounidenses, poniendo en primer término la distribución del producto en el mercado nacional, lo cual creó un verdadero problema en Estados Unidos al verse privado de las cuantiosas exportaciones de crudo mexicano. Así, Pemex se transformó en un ícono nacional, siendo la empresa más importante del país y una de las mayores del mundo colocando a México como el décimo productor de petróleo y décimo tercero de gas a escala mundial.
En esa dimensión, la anunciada privatización de la actividad petrolera se ha convertido en la noticia más importante y polémica del año político en México. Paradójicamente, el PRI y quien fuera durante seis décadas su más enconado rival político, el Partido de Acción Nacional (PAN) representante de los sectores más conservadores y retrógrados del país, se pusieron de acuerdo para que en un precipitado trámite llevado a cabo en ambas cámaras del Congreso se aprobara la reforma a la Ley Energética que eliminó el impedimento que durante 75 años prohibió la apertura de ese sector a la inversión privada en esta materia. Paradójico también que el primer Presidente no priista después de 70 años, el panista Vicente Fox en noviembre de 2002, durante su mandato, asegurara que no propondría la privatización de Pemex.
La decisión permite la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, a fin de conceder la contratación de empresas privadas para la extracción y explotación de hidrocarburos, eliminando de hecho el monopolio constitucional que tenía Pemex.
En una encuesta hecha por Alianza Cívica y publicada por la prestigiosa revista Proceso de Ciudad de México, se señala que 83,52% de los mexicanos se oponen a la modificación de la Constitución. Esta encuesta, en la que fueron consultadas 724 mil 426 personas, para lo cual se instalaron 7 mil 518 mesas receptoras en todo el país durante dos días el domingo 25 de agosto y el domingo 1° de septiembre abarcando mil 271 municipios en las 31 entidades federativas del país, así como las 16 delegaciones del Distrito Federal arrojó también que “91,61% de los consultados expresaron su acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera –cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo– se utilicen exclusivamente en inversión pública como construcción de escuelas, hospitales, ferrocarriles y proyectos de investigación científica y desarrollo rural”.
Sin embargo, los defensores de la reforma constitucional alegan que “el actual sistema que se utiliza en el sector energético mexicano es deficiente, debido a la descapitalización y falta de inversiones”. Los partidarios y apologistas de la privatización argumentan que la misma “podría aportar mayores recursos para inversiones y mejorar la eficiencia”. Incluso, han hecho referencia al modelo venezolano en el que el Estado acepta la inversión extranjera, sin modificar el régimen de pertenencia ni la Constitución en materia de soberanía del Estado sobre los recursos naturales.
Por el contrario, los que rechazan la privatización, plantean su preocupación en torno a que se va a dejar al Estado mexicano sin disponibilidad presupuestal para la inversión en educación y salud ante el riesgo de que el capital privado se quede con las ganancias de la actividad petrolera y gasífera. Asimismo manifiestan dudas respecto a que la reforma disminuirá el precio de los combustibles.
Aunque el debate y la resistencia a las medidas se siguen manifestando, ahora tendrá que hacerse sobre un hecho consumado. Tal como muchas veces ha ocurrido en la historia de los últimos cien años en México, “lo que el PRI te da, el PRI te lo quita”. El problema es que la propiedad de los mexicanos sobre su petróleo está en el ADN del país, por lo que la reforma constitucional afectará –como nunca-- su identidad nacional de cara al futuro.
Fuente: http://www.ciudadccs.info/?p=517928
Tomado de http://www.telesurtv.net
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