JUAN MANUEL KARG / ADITAL – La reciente expulsión de Bolivia
de la ONG danesa IBIS abrió nuevas preguntas sobre el papel de las
Organizaciones No Gubernamentales en los países de América Latina y el
Caribe, en especial en relación a los gobiernos posneoliberales.
A su vez, el anuncio de la salida de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de EE.UU. -USAID- de Ecuador, tras la cancelación de los
proyectos que la misma estaba realizando en ese país, mostró los límites
de la “cooperación” que el imperialismo pretende brindar en nuestros
países.
¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros
países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir en
asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del
gobierno en cuestión? Son preguntas que se han dado en estos días en
Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar
del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la
Presidencia, la ONG danesa”abusó de la hospitalidad de nuestro Estado y
ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel en el
país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”.
Quintana afirmó que esta no era una”decisión caprichosa”, al decir
que el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos
de IBIS de incidir en la coyuntura política del país.”IBIS no estaba
promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que
el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando a
las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG
cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, por
los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron algo
bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -casi
instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) que
ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro
continente.
Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían
novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en
estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda
económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007,
durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la
información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a
Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la
imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución.
Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las
autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los
ya existentes como razón para cancelar su ayuda.
El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los
programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue más
allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que
regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en
consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas
malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en
donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la
entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este
año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de
los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por
“conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los
medios, el mandatario boliviano había afirmado que “se trata de una
cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado”.
Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos
gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de
injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más
radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo,
experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar
sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto,
muestran una madurez creciente de estos procesos.
Quedan algunas preguntas: ¿Hasta qué punto se pueden llegar a
acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que
mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál
podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en
establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos,
presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden
las ONGs y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político
que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?
Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar
seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar
la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos
que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora
en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos
de la Alianza del Pacífico.
Contrainjerencia
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