La definición de terrorista es muy amplia y vaga, incluye la
provocación, la utilización de internet para propagar el odio o la
yihad, el uso de la violencia, el entrenamiento y el reclutamiento, etc.
La lista de la UE (Unión Europea) se basa en la Resolución 1373,
adoptada en 2001 después del 11 septiembre, en ella demanda a todos los
miembros a tener un mecanismo, que permita tener una lista de las
organizaciones ligadas a acciones terroristas.
La lista es elaborada con base en las informaciones de los servicios
de seguridad y no con base en las informaciones o decisiones de las
autoridades judiciales competentes. El objetivo de la lista es el de
hacer presión política sobre las organizaciones, para llevarlas a que
pongan fin a sus actividades.
La organización OMPI (Organización de Muyahidines del Pueblo Iraní)
fue retirada de la lista, decisión política que demuestra la
provisionalidad y politización de este instrumento.
‘Decisión administrativa, provisional y política’
En un coloquio organizado por la ONG alemana ECCHR (European Center
for Constitutional and Human Rights), Gilles de Kerckhove el coordinador
de la política antiterrorista de la UE afirmaba, que las listas son una
"decisión administrativa, provisoria y de carácter político", que tenía
como propósito facilitar el trabajo de los servicios de policía y de
justicia en la lucha contra el terrorismo.
Según Kerckhove "se trata de una medida administrativa y el objetivo
es evidentemente impedir que alguien pueda desarrollar actividades
terroristas. No se trata de una sanción criminal, es puramente un
proceso administrativo y es provisoria. La decisión tiene como
consecuencia congelar los bienes de la persona, impedirle viajar y
vender armas”.
La información sobre las personas o las organizaciones viene de los
servicios de inteligencia, son informaciones clasificadas y
frecuentemente confidenciales. Considera que son un instrumento de
presión que en el caso europeo sirve para las negociaciones con esos
grupos.
Según Gilles de Kerckhove en la práctica son muy pocos los bienes que
se han podido congelar con esta ley. Sin embargo la razón para
continuar utilizándolas es de carácter político. Al designarla como
terrorista se dice que no se trata de una organización política, que
lucha por derechos políticos. Con ello se les impiden sus derechos
políticos y se les trata como criminales. Ejemplos de esta
criminalización son las FARC y al ELN de Colombia, el PKK Kurdo, los
tamiles Esrilanqués LTTE [movimiento des Tigres de liberación de l’Îlam
Tamoul] y el LET [Lashkar-e-Taiba] en Pakistán.
La criminalización de la oposición
Mark Muller de la ONG Bar Human Rights Committee del Reino Unido, ha
destacado los efectos negativos de estas listas. Dice que tiene como
propósito criminalizar a los movimientos sociales, que luchan contra
regímenes de sistemas opresivos. Señala 3 constataciones irónicas y
paradójicas:
1. El objetivo de la lista sería el de parar las acciones terroristas
y particularmente la circulación de fondos con los que actúan, sin
embargo son muy pocos los fondos detectados y congelados.
2. Otro objetivo es calificar a las organizaciones de liberación
nacional de organizaciones criminales y terroristas, sin tener en cuenta
las protecciones existentes, que podrían estar en la jurisdicción
criminal. Es una herramienta que busca deslegitimar cierto tipo de
luchas alrededor del mundo.
3. Sin pasar por las protecciones existentes en las jurisdicciones
criminales, se trata de una herramienta que busca deslegitimar un cierto
número de luchas a través del mundo.
Un propósito reaccionario
La inclusión en estas listas tiene un impacto negativo y devastador
sobre las minorías, que luchan ante regímenes opresivos y tiene
consecuencias muy graves sobre sus posibilidades de expresión. Tiene
también un impacto negativo contra organizaciones que tienen propósitos
humanitarios o de ayuda, y no sirve ni a la resolución de los conflictos
ni a la búsqueda de la paz.
Para Muller, las listas tienen un impacto negativo sobre el trabajo
de las organizaciones humanitarias y consecuencias profundas sobre la
resolución de conflictos y la búsqueda de la paz. Reflexiones muy
importantes que deben ser tenidas en cuenta por la comunidad
internacional.
La construcción de esos sistemas de fichaje ha afectado la capacidad
de la comunidad internacional para definir una noción de terrorismo
aceptable, que sea capaz de reconciliar las nociones de terrorismo,
autodeterminación, derecho a luchar por la democracia y el derecho al
uso de la fuerza contra un estado represivo o racista. Criminaliza
también a las poblaciones minoritarias ligadas a los grupos que luchan
contra los regímenes opresivos, incluidos aquellos que recurren a la no
violencia.
Busca impedir a los grupos de organizarse, reunirse o comunicar sus
ideas y propuestas. No es cierto que sean solo acciones administrativas.
Ellas criminalizan las luchas. El objetivo de las listas es el de
colocar en el ostracismo, censurar y mantener en el silencio política y
socialmente a todos los grupos que allí figuran.
No hay distinción entre terroristas yihadistas y organizaciones de
liberación nacional que tienen un anclaje social como los kurdos.
Hacia una solución real
Oliver Wils, director de la ONG Berghof Peace Support destaca la
importancia que tiene el dialogo con todos los actores del conflicto,
incluidos los no estatales. Dice que un estudio muestra, que de los 648
movimientos terroristas existentes desde 1968, 267 han dejado de
existir. Unas veces como resultado de la implantación de soluciones
políticas al conflicto armado (43 %), otras por medidas policiales o de
información (40 %), algunas por victorias militares (10%) o por el uso
de la fuerza militar contra esos movimientos (7 %).
Un análisis profundo muestra según Wils, que en el caso de los
grandes grupos terroristas (más de 10.000 miembros), las medidas
policiales y de información han contribuido muy poco (10 %), al fin de
esos movimientos, el uso de la fuerza militar ha influido un poco más
(15 %), una cuarta parte de esos grupos han ganado su combate (25 %) y
la solución política parece como la principal razón para poner fin a su
lucha (45 %). Todo eso prueba que la solución política es el mejor
camino para poner fin a los conflictos y el más efectivo.
Según este autor la salida de considerarlos como terroristas y
decirles que no podrán tener contacto con nadie no es una buena
alternativa. Debe decirse de manera clara que se espera de esa
organización, para que no sea considerada como terrorista. Se deben
abrir caminos para facilitar la conversión en organizaciones que luchan
por las vías políticas.
Por Philipe Ch.
Fuente: Voces del ELN
Tomado de http://www.tercerainformacion.es
