La tenebrosa máquina de guerra que dirigió ‘Don Berna’

 

Don Berna era parte del aparato paramilitar en el departamento de Antioquia en donde Uribe era senador y como gobernador promovió la legalización del paramilitarismo llamado "Convivir". Es sindicado por organismos de derechos humanos por haber crecido políticamente y económicamente con el paramilitarismo. En su alrededor se encontraba no solamente Pablo Escobar, Él Capo´ indiscutible del Cartél de Medellín, sino también ´Don Berna´. (ANNCOL).

La tenebrosa máquina de guerra que dirigió ‘Don Berna’

Por Verdad Abierta

Este exjefe paramilitar deberá responder ante la justicia por la desaparición forzada de 162 personas, entre ellas 12 menores de edad y un adulto mayor, cometidas por hombres bajo su mando de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc.

A Wilfredy de Jesús Pavas Botero lo vieron con vida por última vez un 8 de noviembre de 2004. Ese día salió de su casa, ubicada en la vereda El Carmen del municipio de El Retiro, Oriente antioqueño, y no regresó jamás. Casi siete años después, las confesiones hechas a fiscales de Justicia y Paz por desmovilizados del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) han permitido saber qué pasó con él.

Wilfredy fue interceptado a pocos kilómetros de su residencia por miembros de esta facción paramilitar. Luego de ser llevado a la base que tenían en el sector Rancho Triste, corregimiento San José del municipio La Ceja, lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo.

Este fue uno de los 162 casos de desaparición forzada por los que deberá responder Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y que le fueron imputados por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz. Los hechos presentados por este despacho fueron cometidos entre los años 1998 y 2005 por hombres de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, de los cuales ‘Don Berna’ fue su jefe máximo. Actualmente, se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos purgando una condena de 31 años por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país.

Según la documentación adelantada por el ente investigador, los paramilitares utilizaron esta práctica como un mecanismo de control social y territorial en las zonas donde tuvieron fuerte injerencia, y la aplicaron a quienes consideraban milicianos o guerrilleros e, incluso, para purgar sus propias filas.

Ejemplo de ello es el caso de caso de D*, un joven de 16 años de edad, integrante del Bloque Cacique Nutibara visto por última vez el 29 de noviembre de 2002 en el barrio El Salado, de la comuna 13 de Medellín. En diligencia de versión libre, alias ‘Don Berna’ reconoció que este muchacho fue víctima de desaparición forzada por parte de hombres bajo su mando que operaban en este sector de la ciudad.

Los registros indican que la capital antioqueña fue la cuidad más afectada por este flagelo pues allí se lograron documentar 79 casos. El municipio de Valencia, Córdoba, con 26 casos; seguido por San Carlos, en el oriente antioqueño, con 16, son las poblaciones donde más se registraron estos crímenes, después de Medellín; le siguen La Ceja, también en el Oriente, con nueve; San Roque, Nordeste antioqueño, con ocho; Santa Bárbara, suroeste de Antioquia, con cuatro; Tierralta, Córdoba, con siete; Bello e Itagüí, en el Valle de Aburrá, con tres y dos casos respectivamente; Rionegro y Abejorral, en el Oriente antioqueño, cada uno con dos; y los municipios antioqueños de Caldas y Copacabana, al igual que la ciudad de Montería, cada uno con un caso.

Los análisis revelan que la desaparición forzada aumentó a medida que los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, avanzaban en su plan de expansión y consolidación en todo Medellín y los municipios aledaños del Valle de Aburrá y oriente antioqueño, así como en el sur de Córdoba. Las cifras muestran que la mayor cantidad de casos se produjeron entre 2000 y 2005. Solo en este periodo fueron desaparecidas 157 personas, siendo el 2002 el año más grave con 47 desapariciones, seguido del 2005, con 29; 2003, con 37; 2004, con 26; 2001, con 10; y 2000, con 8.

Lo que deja claro la documentación hecha por la Fiscalía 45 de Justicia y Paz es que la comuna 13 de Medellín constituye un caso emblemático en materia de desaparición forzada, dada la magnitud que tuvo este flagelo en esta zona suroccidental de la ciudad. De los 79 casos documentados hasta ahora ocurridos en la capital antioqueña, por lo menos 50 de ellos se perpetraron en barrios como El Salado, San Javier La Loma, Veinte de Julio, Conquistadores y Las Independencias, así como en el corregimiento San Cristóbal, cuya dinámica social está fuertemente ligada a esta comuna.

La noche más oscura de la comuna 13

La comuna 13 fue epicentro del operativo militar urbano más grande desplegado hasta ahora en el país, conocido como Operación Orión, y realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2002. En él participaron fuerzas combinadas del Ejército, Policía, DAS, CTI de la Fiscalía y Fuerza Área Colombiana. Con esta intervención, se buscaba expulsar a las milicias del Eln, Farc y los llamados Comandos Armados Populares (Cap), quienes habían convertido esa vasta zona de la ciudad en un fortín criminal difícil de penetrar.

Si bien ‘Don Berna’ explicó en versión libre rendida desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, en marzo de 2009, cómo paramilitares del Bloque Cacique Nutibara participaron en la planeación de este operativo, que estuvo bajo el mando de los entonces generales Mario Montoya, del Ejército; y Leonardo Gallego, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hasta el momento solo existe una destitución proferida por la Procuraduría contra el general Gallego y actualmente cursa una investigación preliminar por parte de una Fiscalía de Derechos Humanos de Bogotá contra el general (r) Montoya.

Lo que ya se puede afirmar con toda claridad es que, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional declaraba públicamente que las Fuerzas Militares habían recuperado el orden y la seguridad en la Comuna 13, los paramilitares bajo el mando de alias ‘Don Berna’ aplicaban un régimen de terror tendiente a exterminar cualquier vestigio insurgente que dejó un saldo de personas desaparecidas aún por establecer, pues si bien la Fiscalía 45 de Justicia y Paz ha logrado documentar cerca de 50 casos, organizaciones no gubernamentales como la Corporación Jurídica Libertad tienen plenamente identificados por los menos 92.

Bajo esas cifras se esconden duras tragedias, como la de Edgar López Celis, quien fue visto por última vez el 30 de noviembre de 2002 en El Salado. Según el relato de hechos, ese día, este conductor se disponía a iniciar el recorrido que debía cubrir con su colectivo, cuando varios hombres armados se subieron al automotor, obligaron a los pasajeros a descender y se lo llevaron hacia otro sector del barrio, donde fue obligado a abordar un vehículo particular.

Un día antes, se registró la desaparición de Carlos Emilio Torres, joven de 22 años quien fue sacado de la vivienda de su novia, en el barrio El Salado, por varios hombres que llegaron hasta allá diciéndole que ‘necesitaban hablar con él’. A Jaime Ramírez, también de 22 años, le tocaría la misma suerte siete meses después de la Operación Orión: el 4 de junio de 2003 fue abordado a eso de las 6 de la tarde por varios integrantes del Bloque Cacique Nutibara mientras hacía ejercicio en una placa polideportiva del barrio El Salado.

En diligencias de versión libre adelantadas por fiscales de Justicia y Paz entre los años 2011 y 2013, alias ‘Don Berna’ reconoció que hombres bajo su mando llevaron a cabo la desaparición de estas personas. Sin embargo, para los familiares de las víctimas este reconocimiento es insuficiente, pues siguen sin recuperar los restos mortales de sus seres queridos, que se presume están enterrados en lo que se conoce como La Escombrera, un depósito de escombros ubicado en la parta más montañosa de la comuna 13.

“No sé qué sentir. Que ese señor (alias ‘Don Berna’) reconozca que desapareció a mi hijo pues no me dice nada en últimas. Lo que me interesa es que me diga dónde está”, afirma Gloria Holguín, madre de Carlos Emilio.

El Juzgado tercero Penal de  Circuito Especializado de Medellín le impuso a alias 'Don Berna' una condena de 27 años de prisión  por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, por hechos ocurridos en la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal entre los años 2002 y 2004.

Comuna 13, un camposanto

“Todos sabemos que cuando los paramilitares abordaban a alguien, lo subían hasta La Escombrera y allá los desaparecían. Incluso hay desmovilizados que le han dicho eso a la justicia. Lo que yo me pregunto es cuándo van a cerrar entonces La Escombrera”, dijo Holguín.

El 4 de septiembre de 2013, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo, le comunicó a la Alcaldía de Medellín que tenía “el deber de adelantar y tomar acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en La Escombrera” y exhortó a la autoridad municipal, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería Municipal, para que “adoptaran e implementaran “mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces”.

Sin embargo, poco o nada ha cambiado en La Escombrera. Toneladas de escombros son arrojadas diariamente allí, sepultando la esperanza de los familiares de los desaparecidos de encontrar los restos de sus seres queridos. Se estima que más de 100 víctimas de este flagelo se encuentran enterradas allí.

Ante la falta de acciones por parte de la Administración Municipal para cerrar este lugar, el magistrado Pinilla Cogollo envió el pasado 6 de febrero un oficio al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, recordándole la petición de cierre de La Escombrera, advirtiéndole que es una obligación legal de la Administración Municipal en tanto hace parte de los deberes del Estado. Dicha obligación, según el escrito, “se desprende de los convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia o que lo obligan, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, entre otras.

A las peticiones de la justicia se sumarán también las acciones que realizarán los propios familiares de los desaparecidos. Para el próximo 7 de junio, varias decenas de ellas pernoctarán hasta el día siguiente en la entrada de La Escombrera para exigir, una vez más, que se cierre este lugar y se adelanten labores de exploración y exhumación.

Si bien lo anterior tiene altos niveles de complejidad, lo mínimo que piden los familiares de las víctimas de desaparición son muestras de voluntad de atender sus pedidos. Y a decir verdad, es lo mínimo, si se tiene en cuenta que muchas de ellas no han superado los traumas que dejaron tantos años de barbarie que tuvieron que padecer bajo la tenebrosa máquina de desapariciones forzadas que dirigió alias ‘Don Berna’.