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| Aspecto de una demostración de simpatizantes del gobierno argentino realizada ayer en Buenos Aires, para protestar por las exigencias de un grupo de acreedores del país. Foto Ap |
Tras arduas negociaciones, Argentina y los fondos especulativos a los que califica de buitres no llegaron a un acuerdo por el litigio sobre su deuda soberana, lo que coloca al país en un default parcial que es rechazado por el gobierno sudamericano.
La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) declaró a Argentina en “default
selectivo”, antes de que venciera el plazo para un pago por 539
millones de dólares a bonos restructurados en los canjes de 2005 y 2010.
El gobierno argentino envió hace más de un mes ese dinero al Banco
New York Mellow (Bony), pero el juez federal Thomas Griesa congeló los
fondos para forzarlo a saldar los mil 330 millones de dólares que exigen
los fondos especulativos que no aceptaron el canje de la deuda.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, reiteró la postura de su gobierno que niega que el país haya entrado en default: “Ese dinero está ahí, evidentemente si fuera default no estuviera ahí”, declaró, y culpó a Griesa por una situación
sin precedentes.
“Vamos a pagar a los que tienen bonos en default, pero bajo
condiciones razonables, no bajo condiciones extorsivas, bajo presión,
bajo amenaza”, advirtió el ministro, y agregó que Argentina defenderá
los canjes de su deuda soberana, aceptados por 92.4 por ciento de los
acreedores.
“La condición de los fondos buitres es que se le pague más a
ellos y se haga ahora”, afirmó Kicillof, quien agregó que en las
discusiones Argentina ofreció a los fondos NML Capital y Aurelius entrar
en el canje en
similares condiciones de las que entraron los bonistas de 2005 y 2010. Realizamos esta oferta. Lo que les ofrecimos en términos de ganancias es 300 por ciento. No fue aceptada porque quieren más y lo quieren ahora, indicó.
En una conferencia de prensa ofrecida al terminar las pláticas de los últimos dos días, el ministro declaró:
Nos trataban de imponer algo ilegal; la intención era forzar una situación ilegal. Vamos a buscar una solución justa, equitativa y legal para el 100 por ciento de nuestros acreedores.
A su vez, S&P rebajó la nota de la deuda soberana argentina, que pasó de CCC-, categoría especulativa, a SD (Selective default,
en inglés) indicó en un comunicado. Eso significa que Argentina sigue
honrando parte de su deuda e incumplió pagos de bonos específicos.
Esta situación inédita de default declarado por S&P y
negado por Argentina se produce 13 años después del catastrófico cese de
pagos de 2001, cuando el gobierno suspendió el pago de 100 mil millones
de dólares, equivalentes a 166 por ciento de su economía.
El nuevo incumplimiento en el pago se produjo en medio del fracaso de
febriles negociaciones de último momento a través del mediador judicial
Dan Pollack entre una comitiva encabezada por Kicillof y representantes
de los fondos querellantes NML Capital y Aurelius, a los que Buenos
Aires denomina fondos buitres porque compraron la deuda ya en default y reclaman el 100 por ciento del valor.
El conflicto con los fondos buitres es largo e intervienen varios actores, en medio de una historia que comenzó cuando Argentina entró en default tras la grave crisis económica, política y social de diciembre de 2001.
En 2005 y 2010 realizó dos canjes de deuda –con fuertes quitas hasta
de 70 por ciento–, que fueron aceptados por 92.4 por ciento de los
bonistas. Alrededor de uno por ciento de los bonistas que no aceptaron
los canjes (fondos buitres) recurrieron a la justicia de
Estados Unidos para cobrar 100 por ciento del valor de esos bonos que
habían adquirido a un costo de entre 20 y 30 por ciento.
Ahora la justicia de Estados Unidos ordenó pagar mil 330 millones de
dólares en una sola exhibición y en efectivo. Si esto se hiciera
extensivo al total de 7.6 por ciento de bonistas que no aceptaron los
canjes, el gobierno argentino tendría que pagar entre 15 mil y 20 mil
millones de dólares, más de la mitad de sus reservas monetarias, que
rondan los 30 mil millones de dólares.
El gobierno, que sostiene que se trata de un conflicto
inédito, afirma que no puede cumplir el fallo porque incumpliría la cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers), que vence a fin de año y que indica que el país no puede ofrecer mejores condiciones a otros bonistas (fondos buitres) que las que ya dio a 92.4 por ciento que aceptó los canjes.
De hacerlo, se podría enfrentar a demandas judiciales de los bonistas
que aceptaron los canjes y que pueden reclamar las mismas condiciones
de la sentencia (100 por ciento del valor de los bonos de una sola vez y
en efectivo).
Suman 47 los fondos buitres que litigan contra Argentina.
Los más reconocidos son NML Elliott, Olifant y Aurelius. El
multimillonario Paul Singer, de Elliott, es la cara más visible. El
fondo EM Ltd, de Kenneth Dart, fue el primero en comprar bonos en default.
El diario económico Ámbito Financiero señaló que Dart compró unos 900 millones de dólares, con apoyo de inversionistas que
lo seguíanporque
los había hecho ganar toneladas de dinero con dos embestidas similaresen Ecuador y Brasil.
Lo que no se sabe es si el fondo de Dart aún tiene títulos o si los
vendió a un mejor postor. El gobierno argentino dice que la mayoría de
los buitres están radicados en paraísos fiscales.
Kicillof criticó con dureza a Griesa, acusándolo de haber dado
demasiado poder a los querellantes y dejar en sus manos el pedido de una
suspensión de la sentencia que hacía Argentina para poder seguir
pagando a los bonistas que entraron en canjes.
Afp y Dpa
La Jornada
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