Corrupción abre puertas a las drogas, al terrorismo, a la confusión y genera más corrupción.

El 12 de julio pasado salió en el sitio digital@juventudrebelde.cu un trabajo de la colega Ana María Domínguez Cruz, titulado “Cerrar el círculo a quienes burlan las normas del país”, en que cubre el tema relacionado con la actualización de la política aduanera, fundamentada con la aplicación de nuevas normativas legales, a tenor con la implementación de las resoluciones 206, 207 y 208 de la Aduana General de la República (AGR) y la Resolución 300, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) entrarán en vigor el próximo 1ro. de septiembre.

La periodista cubrió una rueda de prensa en que participaron Idalmis Rosales Milanés, vicejefe de la AGR; Carmen Arias Suárez, jefa de la Aduana de Carga Internacional; Jorge Jiménez Cabrera, jefe de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, y Yahily García Poma, jefa de Departamento de Política Arancelaria del Ministerio de Finanzas y Precios, con el objetivo de aclarar estos cambios en la política aduanal cubana, con vistas a “proteger nuestra economía y estimular la producción y la compra en el país.”

No voy a detenerme a detallar cuáles son estas nuevas disposiciones –muchas de las cuales comparto y otras no hacen más que sembrar en mí serias dudas, no tanto en el por qué de su aplicación y real utilidad-, sino reflexionar sobre vacíos informativos que dan pie a la manipulación mediática por parte de nuestros enemigos y a sembrar dudas genuinas entre nuestra población

Creo sinceramente que la crítica sana vale por mil verdades y nuestro pueblo ha estado cuestionando con sinceridad estas medidas, en algunos casos por desconocimiento y otras por sentir preocupaciones que puedan afectarlo directamente, escogiendo espacios lógicos para manifestar las mismas a través de la prensa cubana. La raíz de esta reacción radica en que ha faltado claridad en las explicaciones y poder de convencimiento sobre un asunto tan neurálgico que afectará a los ciudadanos.

Esta falta de información digerible no es solo responsabilidad de la Aduana General de la República, sino también del periodismo cubano, quien debiera investigar y dar explicación sobre a dónde van a parar realmente estos decomisos y si este proceso se realiza con total transparencia.

La trasparencia ha sido siempre divisa de la Revolución y muchas veces la misma se ve cuestionada por informaciones formales, cargadas de términos incomprensibles, valoraciones subjetivas, informes de dudosa validez y otros fenómenos que tienden a confundir.

En resumen, lo cierto es que se establece una limitación a las cantidades de productos que no sean contemplados como muestras comerciales. En esto estoy de acuerdo, siempre que se ataque a quienes lucran con una actividad ilegal dentro del mercado subterráneo, pero logrando que las tiendas cubanas den respuesta a la demanda con productos cuyo precio y calidad estén a la altura de la capacidad potencial de compra de los ciudadanos.

La responsabilidad del Estado en estudiar aquellas medidas que contribuyan al bienestar de la población, incluyendo las aduanales, pueda ser cuestionada o no y, siendo el mismo la representación de la voluntad popular, lo obliga siempre a mantener la premisa de que la interpretación de las mismas por parte del ciudadano lleven implícita su total comprensión y aceptación.

Por ello entiendo que estas medidas sean dirigidas al incremento de la producción nacional y un estímulo a la venta de las mismas dentro de las tiendas recaudadoras de divisa. Más esto no es simple, pues se requieren otras condiciones para estimular dicha producción, sobre todo para los trabajadores por cuenta propia, así como garantizar la disponibilidad permanente de materia prima como condición garante. La estimulación a la productividad del trabajo resulta esencial y deben instrumentarse mecanismos para garantizarla.

Sin embargo, entender que la protección de nuestra economía sea una de las exclusivas causales de estas medidas es un error, si no se entiende que la mala gestión de venta de las cadenas de tiendas, su caída en los niveles de ingresos al país, obedece a otros factores que no pueden ser enmascarados. El desabastecimiento de productos, la mala calidad y durabilidad de los mismos, la mala gestión de compra en el exterior, el incremento de las pérdidas y las mermas, la falta de exigencia, así como una controvertida política de precios, esconden parte significativa de este mal mayor.

Uno de los problemas esenciales es hacer comprender a la población cómo se efectúa la evaluación aduanera de una importación y cómo se descarta cuando la misma es con fines comerciales.  Esto implica que para combatir el mercado negro no se afecte al ciudadano común no implicado en este negocio.

Me preocupa realmente en caso de muchos ciudadanos que reciben envíos del exterior de forma ocasional y se vean aquejados por desembolsos que sean superiores a sus posibilidades de pago. Una gran parte de la población recibe artículos de primera necesidad y medicamentos por este medio. Ellos, sin duda, y no los quienes lucran, pueden ser los afectados. Lo que resultaría imperdonable.

Antes de implementarse estas regulaciones, la AGR debía de haber creado los mecanismos para combatir el trasiego descarado de mercancías que aún se mantiene, identificando a los viajeros frecuentes dedicados al abastecimiento de mercaderías para nutrir el mercado subterráneo. Un adecuado control computarizado de los viajeros es una condición para ello. ¿Por qué no se ha logrado hacerlo, me pregunto?

Realmente, el meollo del asunto no radica en la disminución o no de los productos y cantidades de los mismos a importar, lo que quedó detallado en la rueda de prensa. El problema esencial es convencer al afectado.

Mucha ha sido la manipulación sobre el destino de los productos decomisados en los puntos aduanales. Con independencia de que en la rueda de prensa se dijo que según el tipo de mercancía, la Aduana la entrega a las entidades legalmente establecidas y estas las distribuyen a los organismos correspondientes como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Comercio Interior, creo que resultaría valioso que nuestra prensa escrita y televisiva informara detalladamente cómo se realiza este proceso. Sería una forma provechosa de desmontar manipulaciones y despejar dudas entre la población.

Dolorosamente –y tengo experiencia en este asunto-, no creo que logremos con estas normativas, como precisaron los subjefes de la Aduana al periódico Granma, un real y efectivo "enfrentamiento al terrorismo, la actividad subversiva, el tráfico de droga y contrabando".

En muchas oportunidades ofrecí conferencias a los grupos de frontera, incluidos trabajadores aduanales, con la finalidad de enfrentar al terrorismo, el narcotráfico y otras vulnerabilidades en nuestras fronteras. Desde hace décadas –y lo recuerdo bien-, ha existido un peligroso mal en cuanto a la integridad de funcionarios aduanales y de otras organizaciones, quienes se corrompen descaradamente y llegan, incluso, a dejar pasar paquetes sin ser adecuadamente revisados y cuyo contenido constituyen un peligro potencial para nuestra seguridad ciudadana.

Esto se debe hablar sin cortapisas. Es cierto que nuestra AGR y sus trabajadores merecen, en sentido general, nuestro respeto por su integridad, eficiencia y honestidad. Sin embargo, existen muchas frutas podridas trabajando en la misma, que prácticamente hostigan a los viajeros, entorpecen el flujo de entrada en los aeropuertos y los acosan en busca de “mordidas” en dinero. Esta conducta es impropia de un funcionario de nuestro estado y causa una desagradable primera impresión sobre Cuba al visitante.

Reconozco que ha sido una lucha sin cuartel el enfrentamiento a estas perniciosas conductas, pero el mal sigue allí, latente, peligroso y amenazante.

La integridad moral de los funcionarios aduanales y la evitación de corruptelas, las debe asumir la Aduana General de la República con entera responsabilidad. El control interno y los procesos de selección de los funcionarios denotan serias brechas y estas deben ser erradicadas.

¿Cómo podremos realmente evitar que nos entren explosivos, drogas, propaganda enemiga –encaminadas a causar daño en la retaguardia y entiéndase por ello a la ciudadanía-, si un corrupto se hace de vista gorda y no examina los equipajes con diligencia?

Estas brechas las conoce y las usa el enemigo y el bandido. En más de una oportunidad he alertado sobre estas corruptelas por diversas vías y no he visto una respuesta contundente. Casos específicos denunciados han continuado impunemente con su peligroso trasiego y quienes los apadrinan en los puestos aduanales de Cienfuegos, Villa Clara y La Habana, siguen en sus puestos.

Hoy por hoy, entran enormes cantidades de dinero –más allá de lo permitido-, sin ser declaradas y que son usadas para que testaferros compren propiedades para acaudalados residentes en el exterior. De esa misma manera, nos entran cantidades no significativas de droga, abundante propaganda antigubernamental y medios para abastecer a la contrarrevolución. La brecha la abren los corruptos.

Tengo plena conciencia de que nuestro gobierno tiene como prioridad primera el bienestar del pueblo, aunque esta vez sugiero que tales medidas no se adopten solo desde una apreciación burocrática y sean discutidas con la ciudadanía con total transparencia. Nuestro pueblo es sabio y entenderá las razones de cualquier medida, siempre que se les explique con transparencia y persuasión.

Dijo uno de los funcionarios aduanales: “Trabajamos de manera permanente y con fuerza para evitar violaciones en los procedimientos y hechos de corrupción en nuestro personal y sancionar, con medidas severas, a quienes se aparten del actuar profesional y ético establecido por nuestro órgano de control, así como a quien propicie estas situaciones. Pero, con certeza, la comisión de estos hechos se evitaría si todos dominamos el contenido de las normativas y no pretendemos transgredirlas”. Sepan pues que este honesto esfuerzo no tendrá sentido si no se erradica el mal desde adentro y no debemos hablar de méritos en este combate sino de retos. Mucho queda por hacer todavía.

Espero que estas reflexiones sinceras sean vistas en su honesto sentido y se busquen soluciones a mis preocupaciones. La Revolución es fuerte y estas cosas nos la dañan.

Confío, reitero, en el poder de nuestros revolucionarios para enfrentar todo aquello que puede resultar algo injusto. Confío también en que llegue el momento en que nuestra Aduana deje de ser vista como culpable de cosas reprochables y que, gracias a su eficacia, nuestra frontera sea un modelo de imagen positiva de nuestra Patria.

Confío en que nuestra prensa alcance el rol que realmente debe tener y, como baluarte de la Revolución, sea un medio de adecuada información sobre aquellos males que nos quedan por erradicar.

Percy Francisco Alvarado Godoy.