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Una demanda alega que una
gran mayoría de menores en procesos de deportación carecen de representación
legal.
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Barack Obama evitó visitar
la zona conflictiva, durante su visita a Texas, donde se encuentran retenidos
cerca de 57,000 niños inmigrantes, procedentes de varias naciones centroamericanas
y México.
Reunido con el gobernador de
Texas, Rick Perry, Obama prometió buscar una asignación de fondos para enfrentar
la creciente crisis humanitaria. Se sabe que, hasta el momento, el presidente
ha solicitado al Congreso la cifra de 3.700 millones de USD para paliar el reto
que ha levantado la inusual ola migratoria.
EE UU debe de estar
consciente que la causa principal del flujo migratorio obedece a la pobreza, la
violencia y a la falta de expectativas para los menores, cuyo principal
responsable ha sido la dependencia histórica de esas naciones a la explotación
neocolonial y las políticas implementados por Estados Unidos en esos países.
Es por ello que implementar
programas para reducción de la violencia y la pobreza siempre serán simples
paliativos, mientras no se resuelvan las crisis estructurales y la exclusión
social generadas por la explotación y la dependencia al capital extranjero.
A pesar de ello, el gobierno
estadounidense mantiene su férrea posición con respecto a estos niños
desvalidos, al negarles cualquier beneficio, lo que implicaría su inmediata
deportación.
La crueldad aumenta cuando
estos miles de niños carecen de protección legal adecuada para presentar sus
casos en cortes migratorias. Esta
situación ha provocado que una coalición de grupos de defensa de derechos de
los inmigrantes –integrada por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del
Noroeste, Defensor Público, la Unión Americana de Libertades Civiles, American
Immigration Council y K & L Gates LLP-, demande al gobierno federal por no ofrecerle la debida
representación legal a los menores. Estos grupos solidarios argumentan negar
acceso legal a los niños viola la Constitución, al no garantizarles el derecho
a un debido proceso según lo estipula la Quinta Enmienda.
Matt Adams, director legal
del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, con sede en Seattle,
declaró: “Es simplemente inaceptable que
los niños se vean obligados a estar solos frente un juez de inmigración,
enfrentado contra abogados capacitados por el gobierno federal”.
Dicha demanda fue presentada
en la Corte de Distrito de EE.UU. en Seattle, en nombre de ocho demandantes de
entre 10 y 17 años, y que cuestiona directamente al Secretario de Justicia,
Eric Holder, al Director de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y a otros funcionarios federales.
La demanda explica que
muchos de estos niños huyen por amenazas de maras, actos de violencia contra
grupos sociales y otros riesgos para sus vidas.
Hasta el momento, Obama solo
ha conseguido 2 millones de USD para contratar a un centenar de abogados, a
través de AmeriCorps, lo que resulta realmente insuficiente.
La indiferencia generalizada
promovida por las altas esferas del poder en USA, ha generado la condena de
muchas personas que se preguntan: ¿Qué puede esperarse de un gobierno que ha
sido genocida y apoya hoy a la masacre de niños en Gaza?
Percy
Francisco Alvarado Godoy
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