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| Las autoridades migratorias anunciaron que investigarán las denuncias sobre presuntos maltratos sufridos por niños centroamericanos bajo la custodia de la Policía Fronteriza. Excelsior |
Los miles de niños centroamericanos y mexicanos que han cruzado la
frontera en meses recientes no sólo enfrentan los peligros del viaje,
sino la pugna política interna en Estados Unidos que no ofrece una
solución a su éxodo.
La Casa Blanca se prepara para la reunión en
Washington del presidente Barack Obama con sus contrapartes de
Guatemala, El Salvador y Honduras este viernes para abordar el éxodo de
menores de edad no acompañados, así como de madres con hijos, que ha
sido calificada de crisis humana, pero que se ha vuelto también una
crisis política para Estados Unidos en torno del siempre controvertido
tema de la inmigración.
Altos funcionarios de la Casa Blanca
afirmaron este jueves que la reunión continuará el diálogo para
"trabajar en conjunto" ante el problema según el esquema de
"responsabilidad compartida" a nivel regional. Enfatizaron entre las
tareas más inmediatas la lucha contra las "redes de traficantes", a las
que acusan de generar la crisis en esta coyuntura al difundir el falso
mensaje de que los menores de edad que logren cruzar la frontera tendrán
un "permiso" para permanecer en Estados Unidos.
En
teleconferencia con reporteros, los altos funcionarios de la Casa Blanca
señalaron que la cantidad de menores de edad no acompañados capturados
por la Patrulla Fronteriza está bajando, de un promedio de 355 al día en
junio a 150 por día ahora, y que esto podría ser el resultado de varios
factores, incluida la campaña de información oficial de Estados Unidos y
los gobiernos centroamericanos que enfatizan los "peligros" del viaje,
desmentir la idea de que se les permitirá permanecer, así como la
intensificación de la lucha contra los traficantes de personas.
Aseguraron
que la Casa Blanca sigue abordando el tema como "una situación
humanitaria" y a la vez una lucha contra traficantes, y subrayaron que
las autoridades tratan y protegen a los menores con respeto a sus
derechos y con el "debido proceso de ley" para evaluar la situación de
cada uno. Sin embargo, fue notable, por su ausencia, un enfoque sobre la
violencia y la pobreza como factores en esta crisis, aunque se han
mencionado anteriormente.
Los altos funcionarios confirmaron que
continúan solicitando al Congreso la modificación de una ley o, en sus
palabras, "añadir flexibilidad", que en los hechos permitiría acelerar
las deportaciones de los centroamericanos. De hecho, resaltaron que
están de acuerdo con los legisladores republicanos sobre este punto, el
cual implica modificar una ley promulgada por el presidente George W.
Bush que otorga protecciones a menores de edad que emigran de países no
colindantes con Estados Unidos.
Es por esa ley que, por ahora, los
menores tienen que ser trasladados de la Patrulla Fronteriza al
Departamento de Salud y Servicios Humanos dentro de 72 horas, y de ahí
las autoridades los alojan en albergues mientras ubican familiares y
tutelas con una cita para comparecer ante un tribunal migratorio, todo
con la intención de asegurar que no son víctimas del tráfico de personas
y evaluar si merecen refugio permanente.
Pero aún no hay consenso
en Washington para enfrentar la crisis. El Congreso está a punto de
suspender sesiones para sus vacaciones de cinco semanas empezando el 1º
de agosto sin actuar sobre la solicitud de emergencia del gobierno de
Obama de 3 mil 700 millones de dólares para ampliar los albergues y
centros de detención, trasladar más agentes fronterizos y más jueces a
la zona, entre otras cosas. El Departamento de Seguridad Interna ha
advertido que muchas agencias abrumadas con este éxodo no contarán con
suficientes fondos en septiembre sin la aprobación de la solicitud.
De
hecho, el liderazgo republicano de la cámara baja presentó hoy su
contrapropuesta, con una suma de menos de la mitad de la de Obama, 1.5
mil millones, la cual ordenaría el despliegue de la Guardia Nacional,
elevaría aún más el financiamiento de la Patrulla Fronteriza y obligaría
al gobierno federal a acelerar el proceso y deportación de menores de
edad y familias que han ingresado "ilegalmente" al país. El líder de la
cámara, el representante republicano John Boehner, declaró: "yo quisiera
actuar, tenemos una crisis humana en la frontera que tiene que ser
abordada", y acusó a Obama de fallar en su trabajo con el Congreso para
promover una solución.
Aunque no forma parte de esta
contrapropuesta, otros legisladores y políticos republicanos aún
demandan suspender la orden ejecutiva de Obama de "acción diferida" de
deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a este país como
menores de edad antes de 2007. Los republicanos acusan que esa orden
ejecutiva es en gran parte causante de esta crisis, ya que se envió el
mensaje a otros países de que a los menores se les permitirá permanecer
en este país.
Pero la pugna no es sólo entre los dos partidos,
sino dentro de ellos. Por ejemplo, los líderes demócratas del Congreso
se han declarado en contra de modificar, por ahora, la ley de protección
para los menores de edad centroamericanos, a pesar de los deseos de la
Casa Blanca, junto con legisladores latinos y progresistas que demandan
que se respeten los derechos básicos de los menores según lo establecido
tanto en la ley nacional como en la internacional.
Y es que este
debate no se trata sólo de diferencias sobre cómo abordar la crisis,
sino el uso de la crisis como un balón en el juego político-electoral.
Vale recordar que se está acercando la recta final de las elecciones
nacionales intermedias (donde está en juego toda la cámara y un tercio
del Senado) en noviembre, y otros ya tienen sus miras en la contienda
presidencial de 2016, y aquí casi ningún político se atreve a moverse
sobre ningún tema, sobre todo el migratorio, sin tomar en cuenta la
coyuntura político-electoral.
Mientras tanto, una creciente
constelación de organizaciones comunitarias, agrupaciones de
inmigrantes, defensores de derechos humanos y libertades civiles, y
organizaciones religiosas por todo el país exigen un trato digno y
humano a los menores de edad y respeto a sus derechos de acuerdo con la
ley nacional e internacional, así como el fin del juego político con
ellos.
Tomado de http://www.vanguardia.com.mx
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