Sin saberlo, con sus impuestos, estadounidenses y europeos financian
el terrorismo mercenario y la fabricación de disidentes en Cuba. Hace
más de 55 años que Estados Unidos patrocina esos planes contra la isla,
así como la rancia derecha española que regala euros mientras priva de
bienestar al pueblo ibérico. Crear tensión en la isla con intentos de
subversión es un desatino político, económico y diplomático. Con el
bloqueo genocida, acciones encubiertas y actos terroristas, la
superpotencia sólo pasará a la historia como víctima de sus propios
sicarios.
Imaginemos que una potencia extranjera destina dinero, expertos y
equipo para capacitar a activistas para subvertir el orden político de
otro país. Esa violación al derecho internacional y a la Carta de las
Naciones Unidas ha sido la norma del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), que aporta recursos, entrena mercenarios y espía a Cuba desde hace
más de medio siglo.
Aunque la disidencia cubana se dice demócrata y libertaria, en
realidad es una red mercenaria que en el interior de su propio país
lucha ferozmente por los fondos del Gobierno estadounidense para atizar
el odio entre los cubanos, subvertir la gobernabilidad de su propio país
y cometer sabotajes.
Al sostener a esos grupúsculos de interés, el Gobierno de Barack
Obama imita a su antecesor George Walker Bush y a los últimos 10
presidentes estadounidenses en su obsesión por descarrilar gobiernos que
defienden su soberanía y que aspiran a un mundo sin hegemonías. Un
movimiento genuino político nacional no se fabrica en una capital
enemiga; la libertad de expresión es cotidiana y lo sabe cualquiera que
ha hecho la cola de bodega, como recuerda el abogado cubanoamericano,
José Pertierra.
Sin embargo, bajo acción de esos grupos mercenarios, el territorio
cubano, sus pobladores y el patrimonio son víctimas del terrorismo y la
subversión articulados desde el exterior. La beneficiaria de esas
acciones delictivas es la élite depredadora, desnacionalizadora y ávida
de poder –no de libertad y democracia– que aspira a reconquistar Cuba
para perpetuar la marginación e ignorancia que violarían nuevamente los
derechos humanos de más de 12 millones de cubanos.
Ser disidente en Cuba es un negocio redondo. Seguros de que el
Gobierno cubano no ejercerá violencia contra ellos, los supuestos
luchadores de la libertad de expresión callan ante más de medio siglo de
bloqueo genocida que la superpotencia ha impuesto a Cuba y guardan
silencio ante la abierta injerencia política, económica y social de los
servicios de inteligencia de la superpotencia contra el régimen de la
isla.
Los presupuestos clandestinos y abiertos para desestabilizar a Cuba
provienen de los contribuyentes estadounidenses. El Congreso oculta a
sus ciudadanos el monto real que destina para presionar al Gobierno
cubano en el exterior; para capacitar a ciertos actores en nuevas
tecnologías de la información; para fortalecer a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) ligadas a Washington y para sostener a familias de
supuestos presos políticos, pseudo-opositores artísticos, periodistas y
blogueros, entre otros.
Ese flujo de recursos para la subversión viola el derecho
internacional, las mismas leyes estadounidenses y las de otros países,
como describe el especialista en comunicación Octavio Fraga Guerra, al
citar que el artículo 951 del Código Penal de EE. UU. establece que
cualquiera que no sea diplomatico y actúe en ese país como agente de un
Gobierno extranjero, sin notificación previa al ministro de Justicia,
será sancionado hasta con 10 años de prisión.
El párrafo 530 del Código define que todo estadounidense que sin
autorización de su Gobierno establezca relación con un Gobierno
extranjero, con intención de influir en la conducta de éste por un
conflicto o controversia con EE. UU., enfrentaría prisión.
Fábrica de opositores
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), del terrorista
confeso Jorge Mas Canosa, es beneficiaria histórica del apoyo económico
estadounidense. Hoy esos recursos acrecientan la fortuna multimillonaria
de su hijo, heredero del tráfico de influencias y de su liderazgo
político. Sólo en 2011 recibió 3.4 millones de dólares para apoyar la
contrarrevolución en Cuba, además de aportes privados mayores a los 600
mil dólares. Su sección de Derechos Humanos recibe el cuarto nivel de
fondos de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
para proyectos contra Cuba.
A su vez, el grupo ibérico Solidaridad Española con Cuba (SCC), ha
enviado emisarios a la isla con el ilegal objetivo de recopilar
información sobre la situación política. La dirige Ricardo Carrerras
Lario, cuyo perfil incluye su paso por Rendon Group, una firma experta
en operaciones psicológicas ligada al Departamento de Defensa
(Pentágono) y al Departamento de Estado de EE. UU., así como la asesoría
a gobiernos y candidatos latinoamericanos que brinda su firma Latin
Analysis, INC.
Con la cobertura de turista, Carrerras ha contactado a
contrarrevolucionarios en la isla para aportarles dinero y equipos.
Fraga Guerra recuerda que aunque la SCC oculta el origen de sus fondos,
se sabe que entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009 el
estadounidense Instituto Republicano Internacional (IRI) le dio 615 mil
dólares. ¡Tal cifra equivale a 41 mil dólares por mes, 533 mil pesos
mexicanos!
Sobre el rol desestabilizador de ciertos grupos, Fraga cita el
artículo Solidaridad Española con Cuba: una ONG con olor a “Guerra
Fría”, firmado por Julio Ferreira (marzo de 2013). Ahí, el autor
sostiene que el cerco subversivo contra la Revolución Cubana se vale de
las ONG y supuestos periodistas independientes que actúan como caballos
de Troya.
También el Código Penal español prevé prisión para quien cometa actos
para perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o
intereses vitales de España al relacionarse con agentes de inteligencia o
gobiernos extranjeros. Otro artículo, el 589 prevé prisión a quien
publique o ejecute en España cualquier orden, disposición o documento de
Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del
Estado.
A pesar de esa ilegalidad persiste la ofensiva contrarrevolucionaria,
aunque se les revierta, como ocurrió a comienzos de este año. La
agencia AP reveló que 17 cubanos, de entre 18 y 37 años de edad,
viajaron a Miami como becarios del Centro de Iniciativa Latinoamericana y
del Caribe del Miami Dade College para capacitarse como dirigentes
políticos y reunirse con líderes hispanos del Congreso.
Lejos de ser un viaje de estudios, los jóvenes ingresaban al plan
subversivo de la FNCA contra Cuba, que financia la USAID. Según AP, esos
jóvenes, familiares de contrarrevolucionarios, desertaron y esa
aventura fallida costó a los contribuyentes estadounidenses unos 16 mil
dólares por persona.
El perfil de los elegidos es elocuente: San Miguen Molina denunció en
Univisión 23 que la FNCA lo usó para justificar los fondos recibidos;
el rapero Raudel Collazo se dice seguidor de Malcolm X pero en Facebook
sostiene el lema “Paz, amor, libertad y a la mierda la política”. La
tercera disidente frustrada es Aleidys Catá Moya, de quien el Nuevo
Herald ocultó que es sobrina de Berta Soler y Ángel Moya.
También es negocio declararse preso político en Cuba. La mayoría han
cometido asaltos con fuerza, lesiones graves, tráfico de drogas,
desorden público, amenazas y violencia doméstica. Si se declaran
contrarios a la política del Gobierno cubano e incumplen las normas
carcelarias (vestir el uniforme y negarse a trabajar para pagar su deuda
social), la FNCA da a cada uno al menos 50 dólares mensuales. Esa cifra
es el doble de lo que en promedio recibe un trabajador de la isla,
refiere Luciano Estremera Morales.
El dinero les llega por la ilegal Unión Patriótica de Cuba (UNPACU),
que en agosto pasado dejó de dar su mesada a esos pseudo-disidentes,
porque la UNPACU gastó el dinero en una fiesta en la playa santiaguera
de El Francés. Tras el escándalo, la FNCA duplicó la mesada de
septiembre, pero los presos sólo recibieron 90 dólares y una disculpa.
Otras subsidiadas son las llamadas Damas de blanco. Previo pago,
protestan contra el Gobierno cubano sobre la 5ª Avenida de La Habana
encabezadas por Berta Soler y Belkis Cantillo. Si cumplen su tarea van
al extranjero con gastos pagados, cobran notoriedad y hasta reciben
premios. Pero en el interior libran una enconada lucha por el dinero y
el poder que sólo abochorna a sus patrocinadores.
Las deserciones crecieron cuando Soler les recortó salarios, dio
becas a su propia familia, organizó viajes al exterior y ocultó los 50
mil euros que recibió por el Premio Sajárov, revela Ramón Bernal. Otro
decepcionado es Giordano Lupi, traductor italiano de la bloguera Yoani
Sánchez, quien descubrió que ésta sólo piensa en el dinero y no en los
valores democráticos que proclama.
Obama al descubierto
En las dos gestiones de Obama, la FNCA ha recibido grandes aportes
para su guerra sucia. Se le atribuye, junto con el Consejo por la
Libertad de Cuba, la contratación de mercenarios para efectuar actos
violentos en el marco de la visita de Benedicto XVI a La Habana y la
Feria Internacional de La Habana 2013.
La capacidad de presión de la FNCA se consolidó el 8 de noviembre de
2013, cuando el mandatario visitó la casa de Jorge Mas Santos con miras a
recibir aportes de la contrarrevolución en Florida para el Partido
Demócrata. Ahí, el presidente estadounidense saludó a Guillermo Fariñas y
Berta Soler; con esa visita, Washington cumplía con su compromiso de
garantizar fondos de la USAID a la oposición, como recuerda el
periodista guatemalteco Percy Alvarado.
Ante la multiplicación de agencias e instituciones que reparten
dinero estadounidense a los mercenarios cubanos y la falta de
transparencia, Obama decidió centralizar los recursos. Desde 2012, el
Departamento de Estado concentra su esfuerzo en tres de sus órganos: la
Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC), que depende de la USAID; la
Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) y la
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Al mismo tiempo, reforzó el rol de la Oficina de Intereses
Estadounidenses (SINA) para distribuir dinero entre la disidencia
cubana. El jefe de la misión, John Caufield, usa su experiencia como
funcionario en América Latina para operar los planes desestabilizadores
al instruir a su personal para que identifique a quienes otorgarán ayuda
económica y tecnológica para impulsar su oposición subversiva.
Pese a la reestructuración ordenada por Obama, aumentó el presupuesto
anticubano. Si George W. Bush elevó el presupuesto de 3.5 millones de
dólares en el año 2000 a 45 millones en 2008, el gasto específico de
Obama, diseñado por la Comisión para la Asistencia de una Cuba
Democrática (creada por Bush), apoya medidas dirigidas al entrenamiento,
desarrollo y fortalecimiento de la oposición y la sociedad cubana,
recuerda José Pertierra. Esto ocurre a pesar de que el informe 2006 de
la Oficina General de Contabilidad (GAO en inglés) descubrió falta de
rendición de cuentas en los fondos para ese fin.
Mientras operan los planes subversivos desde el extranjero, el
presidente Raúl Castro afirmó el 6 de octubre de 2013 que el territorio
de Cuba nunca ha sido utilizado ni se utilizará jamás, para organizar,
financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún otro país,
incluyendo EE. UU. El mandatario agregó que su nación ha suscrito 13
convenios internacionales contra el terrorismo y que cumple compromisos y
obligaciones de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. Lamentablemente, hace 55 años que EE.
UU. no respeta esa posición.
Nydia Egremy
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