La Habana, Cuba, sede de los diálogos de
paz, diciembre 14 de 2014
Somos rebeldes, no
narcotraficantes
Recientemente escuchamos al Jefe de la
Delegación del Gobierno, doctor Humberto De la Calle y al Presidente Juan
Manuel Santos, referirse a la necesidad de reconocer la naturaleza del delito
político y sus conexidades, afirmando lo más básico acerca de la rebelión, en
cuanto a que es un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho de los
pueblos.
Esta misma semana, en la Cumbre
Iberoamericana, en México, nuevamente, el primer mandatario aludió al delito
político, pero asociándolo al narcotráfico. Al hacerlo de esa manera, confunde
en la mente de los colombianos y de muchos en el mundo la imagen del
guerrillero con la del narcotraficante, incurriendo en una distorsión
conceptual de fondo, que en vez de concitar apoyo a la causa de la paz, genera
confusión.
Esta revoltura que desfigura la lucha
altruista, que entraña el legítimo derecho a la rebelión, de alguna manera
apunta a señalar a las FARC-EP como un grupo de
narcotraficantes.
En este contexto, los razonamientos de
los altos funcionarios del Estado, que en apariencia estarían orientados a
ampliar los conexos al delito político, como parte de las salidas jurídicas que
viabilicen la paz, en el fondo lo que buscan es el desprestigio de una fuerza
rebelde que por principio considera nociva la existencia del negocio
capitalista del narcotráfico.
Las FARC-EP hemos planteado y asumido
siempre, con responsabilidad e interés, el debate público sobre el fenómeno del
narcotráfico, como un problema social y global, que requiere del concurso de
las naciones del mundo para su solución. De hecho, el acuerdo parcial del
cuarto punto de la Agenda de Diálogos así lo consigna, y evidente es que está
construido a partir de nuestras propuestas mínimas que el país conoce y que
señalan al sector financiero, a través del lavado de activos, como su motor
fundamental.
La lucha de medio siglo de las
FARC-EP, se ciñe a las conductas de tipo político y militar que configuran la
rebelión; ellas han tenido como objetivo supremo avanzar en la construcción de
otra Colombia, en libertad y democracia. Y en esto se incluyen los actos de
financiación que han tocado distintos sectores, incluidos traficantes de todo
tipo de mercancías legales e ilegales, sin involucrarnos en procedimientos de
cultivo de marihuana, coca o amapola, ni en actividades de producción o
comercialización de drogas de uso ilícito.
Las actividades realizadas por las
FARC-EP, todas, se han ejecutado en función de la rebelión, y así ha quedado
consignado y superado en lo pactado sobre el punto 4º del Acuerdo General,
“Solución al problema de las drogas ilícitas”. De tal manera que las acusaciones
que nos liguen al narcotráfico son pérfidas e inútiles en el proceso de la
reconciliación.
Nunca hemos admitido ni admitiremos
ser narcotraficantes o que los hechos que configuran el complejo fenómeno del
narcotráfico se asimilen, en su conjunto, al carácter que tienen el delito
político y la rebelión; entre otras consideraciones, porque nunca podríamos
aceptar que un negocio, cualquiera sea, destinado al enriquecimiento personal,
pueda admitirse como altruista y revolucionario, menos cuando en ellos están
articuladas verdaderas organizaciones y redes criminales transnacionales, cuyo
nido es el poder financiero mundial. Para el caso de Colombia este poder se ha
cristalizado en grupos de la banca, en cúpulas económicas y políticas ligadas
al lavado de activos, a la especulación, a la construcción, a la industria, al
latifundio, al paramilitarismo, desde los tiempos del Director de la
Aeronáutica Civil, de enero de 1980 a agosto de 1982, que concedió cientos de
licencias para circulación de aeronaves y pistas de aterrizaje de capos del
narcotráfico.
Así como las FARC-EP desarrollan
propuestas en la Mesa de Diálogos para recuperar el campo transversal y
transparente del delito político y su conexidad, diferenciando por razones
éticas, políticas y jurídicas un rebelde de un paramilitar, o de un
narcotraficante, también vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento de
obligaciones como la que se consagró en el Acuerdo sobre drogas ilícitas,
referida al tratamiento penal diferencial, para que no se ensañe el Estado
contra pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con cultivos
de uso ilícito, cuando grandes narcotraficantes y auspiciadores están libres y
acomodados en las mieles del poder. Insistimos por lo tanto en el combate a los
verdaderos narcotraficantes, que son los comercializadores y blanqueadores de
dinero.
Con el propósito de establecer
criterios diáfanos en esta materia, será muy benéfico que el gobierno cumpla
con el compromiso del punto 4.3.6 del acuerdo parcial referido a esta temática
que expresa que “En el marco de la
discusión del punto 5.2 de la Agenda del Acuerdo General se establecerá el
mecanismo que deberá, entre otros, abordar el tema del esclarecimiento de la relación entre
producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la
relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico…”.
No estamos en contra de construir una
salida política, jurídica, de diálogo, de consenso social, nacional e
internacional frente al tema de las drogas y los circuitos que se alimentan de
ese flagelo y que al tiempo lo refuerzan. Pero la vía no es relacionando el
derecho universal a la rebelión y la categoría del delito político y su
conexidad amplia, con un negocio de beneficio personal lucrativo, que es
opuesto a las razones altruistas, a la esencia y al ideario humanista que
defienden las FARC-EP.
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