Por estos días proliferan por doquier en San Juan de
Puerto Rico y otras ciudades de la isla anuncios de la puesta en venta de
viviendas fijados por más de 144.000 puertorriqueños que están abandonando la
isla para marchar al exterior en busca de empleo. Algunos de estos carteles
expresan, como pretendida represalia a los causantes de su desgracia:
“SE VENDE ESTA CASA, PERO NO A LOS AMERICANOS”
La grave situación actual de Puerto Rico, por dolorosa
que sea, pudiera constituir el augurio de un nuevo despertar de la conciencia
patriótica del pueblo borinqueño que le abra merecido paso a su plena inclusión
en la parte de América a que pertenece por derecho propio.
No se puede responsabilizar por desgracias como la actual
crisis a los puertorriqueños, cuando el comercio exterior, la moneda, las
comunicaciones, las leyes y procedimientos de ciudadanía y nacionalidad, la
navegación interna y externa, los procedimientos migratorios, laborales y
salariales, la tierra, los espacios aéreos, las costas y fronteras, los
puertos, los bosques, el subsuelo mineral, así como el servicio militar
ciudadano y la defensa del país, son de la incumbencia de un poder extranjero.
Actualmente hay en el reducido territorio de Puerto Rico
unas 15 bases norteamericanas bajo el mando US Atlantic Command (LANTCOM).
La actual situación de bancarrota en la que ha caído
Puerto Rico obedece, ha dicho su gobernador Alejandro Padilla, a que el país no
tiene dinero para pagar su deuda de 73 mil millones de dólares a sus
acreedores, cifra que representa el 100 por ciento de su PIB (Producto Interno
Bruto). No ha podido siquiera cancelar en fecha reciente un pago parcial de 58
millones de dólares a la CFP (Corporación
para el Financiamiento Público) del que sólo logró desembolsar una fracción de 628 mil dólares. El Gobierno colonial se ha declarado
oficialmente incapacitado para pagar la deuda (default) sin que se vislumbre
solución por el momento. Ni Washington ni el Fondo Monetario Internacional se han
pronunciado sobre el asunto ni han aportado soluciones remediales que eviten
que el país se declare insolvente hacia el fin de este verano.
Según criterio de la periodista peruana Vicky Peláez en
la revista rusa Sputnik, “en realidad la deuda del país empezó a crecer desde
los años 1970. Su economía desde la mitad del siglo pasado estaba basada
principalmente en la industria farmacéutica pero con la aparición de las
maquiladoras en México y en Asia, este sector empezó a trasladarse a aquellas
regiones en búsqueda de la mano de obra más barata y de mayor productividad.
Para atraer las corporaciones multinacionales a la isla, Washington las exoneró
del pago de impuestos y con ello debilitó aún más a la economía local”. La
crisis hipotecaria al comienzo del Siglo XXI afectó aún más al país con su
política de liberalización de la hipoteca.
En 2006, el gobernador de Puerto Rico, alarmado por el
débil crecimiento del PIB tomó la decisión de suspender la exención fiscal a
las corporaciones lo que provocó el éxodo y el cierre de las compañías. El país
entró en recesión y la emigración de boricuas, principalmente a la Florida y
Nueva York creció alarmantemente. Hoy, un 45 por ciento del total de 3,5
millones de habitantes de la isla vive en la pobreza y el 83 por ciento de los
niños habitan en áreas pobres.
Puerto Rico sufre las consecuencias del coloniaje
clásico, aquel en el que un país extranjero decide y tiene capacidad violenta y
política para administrar la vida pública y colectiva de otro país.
Pero las noticias que llegan de allí reflejan una
profundización de la conciencia de que la eliminación del sistema colonial a
que ha estado sometido por Estados Unidos durante los últimos 117 años es el
único camino hacia el logro de la independencia y el ejercicio pleno de su
soberanía nacional, propiciadores del reconocimiento y apoyo internacional
indispensables para el desarrollo del país.
Manuel E. Yepe
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