Cada año unos 65 mil jóvenes inmigrantes indocumentados que concluyen
sus estudios de preparatoria en Estados Unidos ven frustrados sus
deseos de inscribirse a una universidad en este país, debido a su
estatus migratorio.
La gran mayoría de estos jóvenes ingresaron a Estados Unidos en forma
ilegal cuando aún eran niños, en compañía de sus padres, y han acogido a
este país como su nación, al ser producto del sistema educativo
estadunidense y hablar el inglés igual o mejor que el español.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó en 1982 que
todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a
recibir educación primaria y secundaria (incluida la preparatoria), pero
no hizo extensivo el fallo a la universidad.
El máximo tribunal de justicia garantizó la escuela básica a los
niños indocumentados, pero la educación superior quedó fuera de este
derecho, en manos de la voluntad de los gobiernos estatales, buena parte
de los cuales han impuesto trabas o prohibido el ingreso de
indocumentados a sus universidades.
El Congreso y varias legislaturas estatales han tratado de impedir y
en múltiples casos prohibir los beneficios públicos educativos para los
estudiantes indocumentados.
También muchos indocumentados son catalogados como estudiantes
internacionales y se les niega el poder recibir las colegiaturas
subsidiadas que los diferentes estados otorgan a sus residentes, por lo
que tienen que pagar cuotas más altas para asistir a las universidades
públicas.
Las barreras legales se suman a los desafíos sociales y económicos
que los estudiantes indocumentados enfrentan, lo que hace que su acceso a
la educación superior sea muy dificultosa en comparación con los demás
estudiantes.
Tratando de aliviar esta situación, en junio de 2012 el presidente
Barack Obama anunció la creación del Programa de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA).
Este programa permite a los jóvenes indocumentados elegibles poder
permanecer en el país en forma temporal sin riesgo de deportación, y les
otorga permisos de trabajo renovables de dos años.
Unos 650 mil jóvenes han recibido los beneficios del DACA de los 720 mil que los han solicitado.
El DACA ha facilitado a miles de indocumentados tener acceso a las
colegiaturas que se conceden a residentes en muchos estados, además de
poder trabajar legalmente y percibir salarios más altos.
Sin embargo, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para
recibir ayuda financiera como becas universitarias, subvenciones,
exenciones y otras formas de asistencia. Tampoco pueden obtener ayuda
federal para estudiantes.
El costo de la educación superior aún es un importante obstáculo para los estudiantes indocumentados.
Los costos promedio de la matrícula y las cuotas de las universidades
públicas han aumentado en un cinco por ciento anual durante la última
década, y aún muchos estados no permiten a los estudiantes
indocumentados tener acceso a la matrícula estatal o beneficios de ayuda
financiera del estado.
Actualmente sólo 24 entidades del país permiten a los beneficiarios
del DACA el poder pagar las cuotas de matrícula estatal y solicitar
subsidios de educación.
El tener acceso a matrículas de residente puede marcar la diferencia
para los jóvenes indocumentados, al reducirles sus costos de colegiatura
de unos 12 mil a cuatro mil dólares por semestre en promedio.
Las barreras financieras, legales y culturales aún persisten incluso
para los estudiantes que tienen la protección temporal del DACA.
Una buena parte de los estudiantes indocumentados proviene de
familias de bajos ingresos, y muchos se ven obligados a elegir entre la
universidad y el empleo.
En muchos casos los jóvenes beneficiarios del DACA constituyen la
única forma de apoyo financiero de sus familias y por lo tanto se ven
obligados a retrasar su educación con el fin de proveer para ellos.
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