La ola de decenas de miles de niños que huían de la violencia en
Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas
estadounidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de
menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos
sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación,
concluyó una investigación de The Associated Press (AP).
Las normas fueron relajadas aún más a medida que el éxodo de menores
aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las
guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos
electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la
AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.
En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas
dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de
2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como
verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes,
dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información
personal de los patrocinadores. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios
criminales del FBI para muchos de los patrocinadores.
Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos
decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde
fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.
“Esto es claramente la punta del iceberg”, declaró Jacqueline Bhabha,
directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos
Humanos de la Universidad de Harvard. “Jamás permitiríamos que esto le
ocurriera a niños estadounidenses”, sostuvo.
Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número
exacto de los que fueron sometidos a abusos entre los 89.000 que fueron
colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de
ellos no han sido hallados.
Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le
advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del
flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia le advirtió a sus empleados
el año siguiente sobre la existencia de “patrocinadores falsos” en Colorado,
Iowa y Minnesota que trataban de adoptar niños a la vez que no tenían
parentesco entre sí.
Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal
escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de
seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en
aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.
“No estamos tomando atajos. En general el programa funciona muy bien”,
dijo el vocero del departamento, Mark Weber.
Uno de los casos detectados por la AP es el de un joven guatemalteco de
entonces 14 años que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al
apartamento de un patrocinador en Los Ángeles, donde estuvo confinado por tres
semanas. El joven, Marvin V., dijo que durante esas tres semanas ese pariente
lejano le privó de comida.
“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me
iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, dijo Marvin, que
desde entonces ha recibido un status migratorio especial. “Todo ese tiempo lo
único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”, añadió.
A diferencia de la exhaustiva revisión obligatoria en casos de padres
adoptivos a nivel nacional, la Oficina de Reubicación de Refugiados del
Departamento de Salud y Asistencia Social había dejado de exigir que sus
trabajadores sociales averigüen los antecedentes penales o les tomen las
huellas digitales a la mayoría de los patrocinadores, para la época en que
Marvin fue llevado al apartamento del padre de su cuñado.
Ningún profesional acudió al apartamento antes de la llegada del chico,
ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después, dijo Gina Manciati, abogada
del menor.
Marvin dijo que había otras nueve personas en el apartamento y que su
pariente les exigía el pago de la renta y les decía que si trataban de huir
serían castigados. Cuando Marvin le dijo al pariente que quería ir a la
escuela, el hombre llamó a la familia en Guatemala y amenazó con botar al niño
de la casa si no le daban dinero. Con ayuda del hijo del patrocinador, Marvin
se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se
convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes
guatemaltecos que lo están criando como si fuera su hijo.
Unos 700 niños inmigrantes originarios de países de Centroamérica están
alojados en la base Holloman de la Fuerza Aérea, en el estado de Nuevo México.
Los niños tienen de 14 a 17 años y proceden de Guatemala, Honduras y El
Salvador.
La emisora KOAT-TV informó que los niños llegaron el domingo a
Alamogordo.
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