El dictador
José Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 y que fue
condenado por genocidio y delitos de guerra, puede estar cerca de quedar libre
de las acusaciones. Esto porque la Corte Constitucional
apoyó, el último miércoles, 24 de octubre, la retroactividad de la amnistía
general adoptada en el país en 1986, lo que abre precedente para la liberación
del general de 87 años. La noticia generó críticas de parte de organizaciones
de derechos humanos de dentro y fuera del país.
Amnistía
Internacional (AI) afirma que una eventual amnistía de Ríos Montt sería una
"farsa judicial”. En un comunicado, Sebastián Elgueta, investigador para
Guatemala de AI, alerta: "Esta nueva evolución es alarmante. Si se confirma, el
país habrá retrocedido varias décadas. Las amnistías nunca pueden ser aplicadas
al genocidio y a los delitos contra la humanidad”, manifiesta, agregando que la
decisión beneficiará también a otros condenados por desapariciones forzadas,
violencia sexual, tortura y asesinatos.
En ese
contexto, la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) está
solicitando a los parlamentos de los 28 Estados de la Unión Europea que no
ratifiquen el Acuerdo de Asociación Unión Europea - América Central. En un comunicado,
la FIDH
manifiesta su consternación ante la decisión judicial y cuestiona la
independencia e imparcialidad de la Corte Constitucional.
La Fundación
Rigoberta Menchú también
se manifestó pidiendo cautela y alertando para que no haya una interpretación
equivocada de la información divulgada por la Corte Constitucional.
Aún así, pide a la sociedad guatemalteca que se mantenga alerta sobre las
posibles maniobras de la Corte
y para que reivindique que todas las personas sean juzgadas respetándose la Constitución Política
y el derecho internacional, para que delitos de cualquier naturaleza no queden
impunes.
Cabe recordar
que la Corte no
concedió la amnistía, pero pidió a la jueza de Mayor Riesgo "A”, Patricia
Flores, que emita una resolución fundamentando por qué acepta el pedido de
anulación de pena realizado por la defensa del militar. Las críticas residen en
el hecho de que, al evaluarse los argumentos de la defensa, existe la
posibilidad de amnistía al dictador.
El artículo 8
de la Ley de
Reconciliación Nacional, de 1996, en que se prevé la amnistía para delitos
políticos cometidos durante el conflicto armado interno, limita el alcance de
ese beneficio, de modo que deja en claro que "la extinción de la
responsabilidad penal a que se refiere la ley no será aplicable a los delitos
de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como a los delitos que sean
imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal de
conformidad con el derecho interno a los tratados internacionales ratificados
por Guatemala”.
Ríos Montt
gobernó Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. En ese corto
período, la represión militar fue intensa en contra de comunidades indígenas
ixiles, etnia que representa uno de los menores grupos maya sobrevivientes del
país. Se estima que, en este casi año y medio de gobierno del general, 1.771
indígenas fueron asesinados.
El dictador fue
condenado en mayo de este año a 80 años de prisión. Sin embargo, 10 días
después, la decisión judicial fue anulada por la Corte Constitucional
por errores de procedimiento, que por ese motivo, el proceso volvió a abrirse.
Ríos Montt se encuentra hoy con prisión domiciliaria esperando el resultado de
su proceso judicial. Un nuevo juicio va a comenzar en abril de 2014.
Traducción:
Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Adital
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