SEMANA obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión
de Acusaciones del Congreso y que contienen comprometedoras
conversaciones que salpican a algunos generales del Ejército y a varios
tenientes coroneles y coroneles. En las conversaciones, que se
desarrollan en los años 2012 y 2013, se
hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de
diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50
por ciento.
En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y
asignados ‘a dedo’. También hay evidencia de que se obtienen mediante el
uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano
pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del
Ejército. En todos los contratos que aparecen en las grabaciones, el
común denominador son millonarias ‘tajadas’ que se reparten en varias
manos. Algunos de los beneficiados de esos contratos –que serían
avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y
sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el
Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13.
Uno de los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta
red de corrupción es el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo
tristemente célebre el año pasado cuando Noticias Uno reveló unas
conversaciones que no lo dejaban bien parado, entre él y el destituido
magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga.
En los audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de
cuadrar los contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a
los subalternos presos por falsos positivos con el fin de mantener su
silencio. Las conversaciones demostrarían que parte del dinero de los
contratos se queda en manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a
los bolsillos de coronel González del Río y otros detenidos de
diferente rango. No menos sorprendentes resultan algunas conversaciones
en donde, desde la prisión militar colombiana, se habla de realizar
negocios con generales del Ministerio de Defensa de Ecuador o
contratistas venezolanos con fines non sanctos.
La red de corrupción no se limita a los grandes contratos. También les
saca grandes comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las
guarniciones militares para su funcionamiento. Con el aval de los
comandantes de unas diez unidades, una gran parte del presupuesto para
la gasolina de los vehículos militares se desvía, e incluso se consigna
en las cuentas personales de varios oficiales presos. Tiquetes aéreos
destinados para el uso del personal militar en varios batallones también
son desviados para que sean utilizados por los abogados de los
detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta
los vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e
instalaciones militares para los defensores de los detenidos se
utilizan de manera irregular.
En 2011 y 2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban
algunos de los detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel
de Tolemaida y la PM 13. En las dos oportunidades los militares
anunciaron investigaciones, sanciones y correctivos. En estos audios,
queda claro que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a
niveles escandalosos.
Pese a estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que
presentó como guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González
era uno de los ejes del tinglado. Además de ser una de las piezas clave
de esta red, contaba con dos soldados activos que estaban a su
disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con
vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital
a pesar de estar detenido. El tema era tan descarado, que el coronel
tenía el visto bueno de los directores del penal, ya que, como consta en
los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la cárcel. O
estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un
penthouse para comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel
en carro oficial con toda su familia a pasar tres semanas de
‘vacaciones’ en diciembre de 2012.
Estar detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un
impedimento para conversar con uno de sus subalternos que le ofrece
fusiles para vender o tramitar la compra de pistolas. Lo que no deja de
sorprender es que generales, comenzando por el actual comandante general
de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, conversan amistosamente por
teléfono con el detenido coronel González del Río. No son pocos los
favores que estos y otros altos oficiales le hicieron al sindicado
coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le recomienda “no
dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse como una
mafia para denunciarlos (con los demás presos).
Las conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances
insospechados. El coronel menciona como intermediarios y ‘padrinos’ a
casi una docena de generales. Si bien algunos podrían argumentar que se
trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores para
conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los
contactos que tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios
contratos aparentemente sí habrían contado con el aval de generales
muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora. No menos
comprometedora es la situación de un numeroso grupo de tenientes
coroneles y coroneles que conscientemente se prestan para saquear las
arcas de sus batallones y unidades, como queda consignado en las
grabaciones.
Lo más inquietante es quizá que lo que hace González, y está
documentado en horas de grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es
la muestra de una práctica mucho más generalizada, que involucraría a
otros altos mandos presos detenidos en cárceles militares,
principalmente la PM 13, pero que termina con ramificaciones que se
extienden a altos oficiales del Ejército. El asunto no es desconocido,
pues algunas de las investigaciones por casos de corrupción no han
avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en expedientes
de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría.
Estas grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido,
dejan varios temas sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los
actos de corrupción de un grupo de personas y otra muy distinta el
respeto a la institución militar. Lo que queda claro con la revelación
de estos audios es que los primeros damnificados por estos hechos
irregulares son los soldados rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus
equipos de campaña, la gasolina de sus vehículos, los repuestos de los
helicópteros –y la seguridad aérea de los mismos–. Así mismo, cientos de
miles de soldados y la imagen de un Ejército que ha librado batallas
históricas en favor de los colombianos.
Lo segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y
legitimidad de la institución del Ejército es castigar drásticamente los
abusos y la corrupción. Con el creciente aumento del presupuesto de
defensa es esencial que se redoblen los controles y la transparencia en
su ejecución. La sociedad necesita de estar tranquila que sus impuestos
se están invirtiendo correctamente en modernizar y profesionalizar sus
Fuerzas Militares. Por esta razón es esencial que las investigaciones
lleguen hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes están
involucrados en esta sofisticada red de corrupción y qué tan sistémica
es en el interior del Ejército.
Fuente: revista Semana
Tomado de ANNCOL
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