No sé a ciencia
cierta cuándo se cerrará este triste capítulo donde se mezclan el abuso
policial y la impunidad, pero EEUU debe detenerlo con prontitud y transparencia.
Está en juego su credibilidad como “promotor de los derechos humanos” y la vida
segura de sus gentes.
Ayer las
autoridades federales de Estados Unidos llegaron a un acuerdo con las autoridades
de Cleveland, buscando solucionar la situación creada por las denuncias
presentadas por el uso excesivo de fuerza policial en esa ciudad, según informó
The New York Times.
El apresurado
arreglo sigue a la noticia de que, hace tres días, fuera absuelto por el juez
John P. O'Donnell el policía Michael Brelo, luego de haber asesinado a dos
afronorteamericanos desarmados -Timothy Russell y de Malissa Williams-, el 29
de noviembre de 2012, y se espera que el acuerdo se publique hoy. La absurda
ejecución fue llevada a cabo con la intervención de 13 agentes de la ley,
quienes dispararon en 137 ocasiones contra estas dos personas desarmadas,
durante una persecución. El propio Brelo realizó 15 disparos en el nefasto
suceso.
Para nadie es
desconocido que existe en EEUU un patrón inconstitucional en los métodos
policiales en toda la nación y el excesivo uso de la fuerza de ha convertido en
una forma impensada de actuar de los órganos policiales. Demás está decir que la
ciudadanía clama por un cambio inmediato y urgente en los métodos policiales y una
sustancial mejora en el entrenamiento de los agentes.
El empleo de la
fuerza letal innecesaria, el abuso irracional, las detenciones injustificadas,
así como la corrupción generalizada dentro de la fuerza policial, han pasado a
ser la comidilla diaria en EE UU, país que se auto proclama defensor de los
derechos humanos. Se ha llegado, incluso, a asesinar impunemente, a menores de
edad portando armas de juguete, bajo una dudosa presunción de que constituyen
una amenaza para agentes en el desempeño de sus funciones.
Día tras día, las
frecuentes movilizaciones de protesta han sacudido el establishment y han
obligado a las autoridades, tanto al presidente Obama y al Congreso a tomar
cartas en el asunto. Paralelamente a esto, el Departamento de Justicia ha
abierto cerca de 24 investigaciones sobre actuaciones policiales en distintas
ciudades, bajo la sospecha del empleo de uso excesivo de la fuerza. Esta
demanda se acrecienta cuando se conoce que varios de los asesinados por el uso
excesivo de fuerza policial han sido enfermos mentales o personas que no
presentan una amenaza potencial.
El pasado 19 de
mayo el presidente Obama se vio obligado a “restringir
y encuadrar con más rigor el uso del armamento militar por parte de la policía.
Obama busca erradicar la violencia policial y restaurar la imagen de
uniformados más cercanos a la gente”, durante una visita a Camden.
Obama, abrumado por
la fallida política exterior, busca a toda costa arreglar su patio trasero, por
lo que “ha insistido en la necesidad de replantearse el modo en que opera la
policía”, buscando un rápido cambio de imagen en la misma.
Ese mismo día, el Comité
Judicial de la Cámara de Representantes, tras los incidentes en Ferguson y
Baltimore, analizó la manera de fortalecer las relaciones entre la policía y la
comunidad, así como un mejor entrenamiento para eliminar conflictos y frenar el
abusivo actuar de los representantes de la ley.
Las gentes, es
sabido, no protestan solo por las muertes de jóvenes como Michael Brown en
Ferguson, así como las muertes de inmigrantes como Rubén García Villalpando, en
Texas, y Antonio Zambrano Montes, en Washington, sino por la acumulación de
resentimiento ante el abuso y la impunidad, manifestada en las absoluciones y
la no presentación de cargos contra los policías asesinos. Es una protesta
clara contra la impunidad.
No obstante, bajo
la presión de las protestas, el 21 mayo
pasado fueron confirmados cargos de homicidio en segundo grado contra algunos
de los seis policías de Maryland que provocaron la muerte Freddie Gray,
mientras el mismo permanecía bajo su custodia.
Dos días después,
el 23 de mayo, el tema volvió a calentar los ánimos cuando un agente de la
policía en Fredericksburg, empleó injustificadamente un taser y gas pimienta en
un hombre que se encontraba con una emergencia cardiaca, según destacó Prensa
Latina. La renuncia del abusivo oficial de la ley, Shaun Jergens, por su
agresión contra David Washington, no ha satisfecho a las personas, quien ve
este hecho como una solución más llena de impunidad.
Apenas diez días antes,
el 13 de mayo, otro agente de New York, disparó al afroamericano David Baril, quien
sostenía un martillo, guiado por una dudosa presunción.
No sé a ciencia
cierta cuándo se cerrará este triste capítulo donde se mezclan el abuso
policial y la impunidad, pero EEUU debe detenerlo con prontitud y transparencia.
Está en juego su credibilidad como “promotor de los derechos humanos” y la vida
segura de sus gentes.
Percy Francisco Alvarado Godoy.
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