Un juez corrupto y protector de terroristas: La nueva marioneta de Trump contra Cuba

No era nada desconocido que se emplearían a varios controvertidos jueces norteamericanos, de amplia postura anticubana, para dirimir en tribunales federales las actuales demandas contra la Isla a tenor con la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de la administración Trump. Muestra de ello es que las querellas interpuestas contra la compañía de Cruceros Carnival por las familias García-Bengochea y Behn fueron a parar a manos de dos jueces de cuestionada parcialidad en la resolución de casos contra Cuba: James Lawrence King y Marcia Cooke. Al mismo tiempo, otra demanda interpuesta contra entidades cubanas fue a parar a manos de la jueza Joan A. Lenard. El otro caso que implica una demanda de Exxon Mobil contra las firmas estatales CUPET y CIMEX se ventilará en un tribunal federal de Washington DC, presidido por el juez Amit Mehta.

Como era de esperar, el juez James Lawrence King rechazó la petición de la naviera Carnival para anular una demanda por daños y perjuicios de un reclamante cubanoamericano, Javier García-Bengochea, dando luz verde al  primer juicio bajo la Ley Helms-Burton en tribunales norteamericanos, bajo el supuesto delito de traficar con propiedades confiscadas. El pretexto tácito de King para favorecer al reclamante fue precisamente el texto de la Helms-Burton.

El feroz empleo de la guerra jurídica contra naciones progresistas, y particularmente contra Cuba, no hacen otra cosa que presuponer que estos magistrados actúen en conformidad a los intereses anticubanos como ha sido su sórdido oficio con anterioridad. Aunque supuestamente estas asignaciones se realizan por sorteo en los tribunales federales, llama la atención que hayan sido escogidos estos parcializados magistrados.

En el caso del juez James L. King hay que recordar su decisión de sancionar al gobierno cubano con una compensación de 187.6 millones de USD por su supuesta culpabilidad en el derribo de las avionetas del grupo provocador Hermanos al Rescate, ocurrida el 24 de febrero de 1996, favoreciendo el reclamo de familiares asociados a la actividad terrorista y provocadora de esta organización. La decisión de este juez de robar los fondos congelados de Cuba en  dos cuentas  congeladas en el banco Chase Manhattan de Nueva York y retener el dinero de ETECSA por concepto de pagos por parte de telefónicas norteamericanas fue ilegítima. Nunca se pudo poner sobre el tapete que el derribo de estas naves fue resultado de permanentes provocaciones y violaciones de nuestro espacio aéreo soberano, ni se habló de la peligrosidad de estos actos para la navegación aérea. Todo esto fue desoído por el juez.

Pero el juez King carga con otras deshonras. Una de ellas es la de haber absuelto por falta de pruebas al criminal Leonel Macías González, quien el 8 de agosto de 1994 secuestró una lancha de la Marina de Guerra Revolucionaria luego de asesinar impunemente al teniente de navío Roberto Aguilar Reyes.

Ese mismo juez estuvo involucrado en el juicio por presunto espionaje a favor de Cuba contra un ex profesor universitario de La Florida, Carlos Álvarez, y su esposa Elsa quienes fueron condenados a cinco y tres años de prisión, respectivamente tras haber logrado un acuerdo con la fiscalía. No obstante James Lawrence King cuenta en su haber exonerar de culpas a numerosos terroristas luego de haber fraguado o realizado acciones violentas contra Cuba. Baste recordar que en enero de 1993 fueron detenidos por guardacostas norteamericanos Enrique Rabade, Pastor Guzmán, Gelasio Laborio (Santiago Burgos), Iván León Rojas y Oscar Pérez. Aunque alguno de ellos había purgado prisión por dedicarse a actividades de narcotráfico, no se tomaron medidas contra los mismos. Unos meses después, en septiembre, el juez Lawrence King se limitó a condenar a León Rojas a dos años de libertad condicional. El resto fue liberado sin cargo alguno, con independencia de que les fueron decomisados ametralladoras calibre 30 y 50, cuatro fusiles de asalto y cerca de diez mil proyectiles. Tres meses después, el 21 de mayo de ese año, varios  miembros de la organización Alpha 66 fueron detenidos por el Servicio de Aduanas cuando se disponían a viajar a Cuba con fines punitivos. El equipo integrado por Alfredo Bacallao, Juan José Ortega, Joel Cano Díaz, Carlos Hernández, René Herrera, Jesús Hoyos, Ramón Mena, Orlando Suárez y Elvis Castellanos, traía consigo un lanza granadas M-203 de 40 mm., un fusil semiautomático Barret calibre 50, cuatro fusiles AR-15 y tres pistolas. Como era de suponer, tres meses después el mismo juez King desestimó los cargos contra ellos.

Esos promotores de la justicia, envilecidos y corruptos, parcializados e impúdicos, son los magistrados que usa Estados Unidos para ahondar en su agresión económica contra Cuba en un vano intento de ahogarla financieramente y aumentar las penurias de su pueblo. El juez King es un instrumento más de la deshonra de una política fallida.