No era nada
desconocido que se emplearían a varios controvertidos jueces norteamericanos,
de amplia postura anticubana, para dirimir en tribunales federales las actuales
demandas contra la Isla a tenor con la implementación del Título III de la Ley
Helms-Burton por parte de la administración Trump. Muestra de ello es que las
querellas interpuestas contra la compañía de Cruceros Carnival por las familias
García-Bengochea y Behn fueron a parar a manos de dos jueces de cuestionada
parcialidad en la resolución de casos contra Cuba: James Lawrence King y Marcia
Cooke. Al mismo tiempo, otra demanda interpuesta contra entidades cubanas fue a
parar a manos de la jueza Joan A. Lenard. El otro caso que implica una demanda
de Exxon Mobil contra las firmas estatales CUPET y CIMEX se ventilará en un
tribunal federal de Washington DC, presidido por el juez Amit Mehta.
Como era de esperar,
el juez James Lawrence King rechazó la petición de la naviera Carnival para
anular una demanda por daños y perjuicios de un reclamante cubanoamericano, Javier
García-Bengochea, dando luz verde al primer
juicio bajo la Ley Helms-Burton en tribunales norteamericanos, bajo el supuesto
delito de traficar con propiedades confiscadas. El pretexto tácito de King para
favorecer al reclamante fue precisamente el texto de la Helms-Burton.
El feroz empleo de la
guerra jurídica contra naciones progresistas, y particularmente contra Cuba, no
hacen otra cosa que presuponer que estos magistrados actúen en conformidad a
los intereses anticubanos como ha sido su sórdido oficio con anterioridad.
Aunque supuestamente estas asignaciones se realizan por sorteo en los tribunales
federales, llama la atención que hayan sido escogidos estos parcializados
magistrados.
En el caso del juez
James L. King hay que recordar su decisión de sancionar al gobierno cubano con
una compensación de 187.6 millones de USD por su supuesta culpabilidad en el
derribo de las avionetas del grupo provocador Hermanos al Rescate, ocurrida el
24 de febrero de 1996, favoreciendo el reclamo de familiares asociados a la
actividad terrorista y provocadora de esta organización. La decisión de este
juez de robar los fondos congelados de Cuba en
dos cuentas congeladas en el
banco Chase Manhattan de Nueva York y retener el dinero de ETECSA por concepto
de pagos por parte de telefónicas norteamericanas fue ilegítima. Nunca se pudo poner sobre el
tapete que el derribo de estas naves fue resultado de permanentes provocaciones
y violaciones de nuestro espacio aéreo soberano, ni se habló de la peligrosidad
de estos actos para la navegación aérea. Todo esto fue desoído por el juez.
Pero el juez King
carga con otras deshonras. Una de ellas es la de haber absuelto por falta de
pruebas al criminal Leonel Macías González, quien el 8 de agosto de 1994
secuestró una lancha de la Marina de Guerra Revolucionaria luego de asesinar
impunemente al teniente de navío Roberto Aguilar Reyes.
Ese mismo juez estuvo
involucrado en el juicio por presunto espionaje a favor de Cuba contra un ex
profesor universitario de La Florida, Carlos Álvarez, y su esposa Elsa quienes
fueron condenados a cinco y tres años de prisión, respectivamente tras haber
logrado un acuerdo con la fiscalía. No obstante James Lawrence King cuenta en
su haber exonerar de culpas a numerosos terroristas luego de haber fraguado o
realizado acciones violentas contra Cuba. Baste recordar que en enero de 1993 fueron
detenidos por guardacostas norteamericanos Enrique Rabade, Pastor Guzmán,
Gelasio Laborio (Santiago Burgos), Iván León Rojas y Oscar Pérez. Aunque alguno
de ellos había purgado prisión por dedicarse a actividades de narcotráfico, no
se tomaron medidas contra los mismos. Unos meses después, en septiembre, el
juez Lawrence King se limitó a condenar a León Rojas a dos años de libertad
condicional. El resto fue liberado sin cargo alguno, con independencia de que
les fueron decomisados ametralladoras calibre 30 y 50, cuatro fusiles de asalto
y cerca de diez mil proyectiles. Tres meses después, el 21 de mayo de ese año, varios
miembros de la organización Alpha 66
fueron detenidos por el Servicio de Aduanas cuando se disponían a viajar a Cuba
con fines punitivos. El equipo integrado por Alfredo Bacallao, Juan José
Ortega, Joel Cano Díaz, Carlos Hernández, René Herrera, Jesús Hoyos, Ramón Mena,
Orlando Suárez y Elvis Castellanos, traía consigo un lanza granadas M-203 de 40
mm., un fusil semiautomático Barret
calibre 50, cuatro fusiles AR-15 y tres pistolas. Como era de
suponer, tres meses después el mismo juez King desestimó los cargos contra
ellos.
Esos promotores de la
justicia, envilecidos y corruptos, parcializados e impúdicos, son los
magistrados que usa Estados Unidos para ahondar en su agresión económica contra
Cuba en un vano intento de ahogarla financieramente y aumentar las penurias de
su pueblo. El juez King es un instrumento más de la deshonra de una política
fallida.
