Décadas de políticas xenófobas y
de mano dura, y un sistema penal anclado en el encierro, crearon en
Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo y una industria
multimillonaria de prisiones privadas.
Hace poco más de 15 años, la investigadora estadounidense y activista de los años 60, Angela Davis, acuñó el término de “complejo industrial carcelario” y lo comparó al poderoso y tan temido complejo industrial militar estadounidense.
“Las cárceles no hacen desaparecer los
problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer
desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres,
inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran
negocio”, escribió la dirigente comunista.
La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria. Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos. Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.
“La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan
y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para
convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad
empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Según relató por teléfono desde su oficina en Washington,
las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir
que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o
estaduales.
Las primeras cárceles fueron construidas
en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos,
aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente
población carcelaria a los gobiernos.
Cumplían las mismas reglamentaciones que
las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el
control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su
objetivo último era el lucro. Según Cohen, desde el principio la
expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.
Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados,
principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y
finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado nacional.
Clinton endureció aún más la política
criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran
Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la
puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles
privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y
criminales.
“Para mediados de los 90, CCA era una de
las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green,
directora de la organización Justice Strategies, una organización
especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York.
Pero el mayor boom para el incipiente complejo industrial carcelario
llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en
2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del
segundo mandato del republicano George W. Bush.
Para fines de 2010 el complejo
industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas
federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de
los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de Justicia
estadounidense. El porcentaje parece pequeño, pero lo que llama la
atención es el ritmo al que creció la industria en relación al aumento
de personas detenidas en el país. Entre 1999 y 2010, la población
carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un 80%.
CCA posee 66 cárceles con capacidad para
91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede
albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron
de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente. A nivel
federal este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del
sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel
de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades
locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales. Un
informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de
empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65%
contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación
mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de
criminalidad disminuye.
Por ejemplo, en Colorado, el número de
crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el
cierre de cinco cárceles públicas desde 2009. Originalmente, el gobierno
de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones
privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba
desbordado.
Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de
cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con CCA para
garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que
la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por
preso.
Como el complejo industrial militar, la
industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a fuerza de
millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su
influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo
Estadounidense).
ALEC no es un grupo de lobby formalmente.
Su slogan es “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”,
su función es redactar y promocionar proyectos de ley y sus miembros
incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de
grandes corporaciones (hasta hace unos años, CCA y el Grupo Geo).
La agrupación está organizada por
comisiones, como los del Poder Legislativo, y cada una está liderada por
un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área.
Medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la revista The Nation,
vincularon a ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los
ciudadanos disparar cuando sienten que su vida está en peligro, y las
principales normas que permitieron la privatización del sistema
penitenciario.
“Las empresas de cárceles no crearon las
leyes, pero ayudaron a que sean aprobadas… y tiene sentido. Si cotizás
en Wall Street, tenés que crecer. Y para que tus acciones suban, tu
mercado tiene que agrandarse”, sintetizó Judy Green.
Los últimos 30 años demostraron que la
única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su
mercado es con políticas criminales más duras.
Fuente: TelamTomado desde LibreRed
Tomado de http://www.elciudadano.cl
No hay comentarios:
Publicar un comentario