Juristas, legisladores y políticos ecuatorianos cerraron filas contra
la decisión del juez Lewis Kaplan, de prohibir la ejecución en Estados
Unidos de una sentencia por daños ambientales que dictó una corte local
contra la petrolera Chevron.
El magistrado norteamericano determinó el martes pasado que el fallo
del tribunal de Lago Agrio, que en 2011 condenó a la transnacional a
pagar nueve mil 500 millones de dólares a los afectados por la
contaminación que dejó su filial Texaco en la Amazonía, no podrá
ejecutarse en Estados Unidos.
Según Kaplan, ese veredicto fue obtenido de manera fraudulenta, y a
través de una conspiración que incluyó el pago a testigos, y a abogados
de la defensa.
Esos calificativos desataron una ola de rechazo en Ecuador, al poner en
entredicho la honestidad del sistema judicial del país suramericano.
En una primera reacción, los abogados defensores de los afectados
anunciaron que apelarán la sentencia del juez Kaplan, de quien dijeron
además que tiene un largo historial al servicio de los intereses de las
grandes corporaciones de su país.
El Grupo Parlamentario de Ecuador por los Derechos de la Naturaleza
también rechazó el fallo del juez neoyorquino, aunque afirmaron que su
pronunciamiento no llama la atención porque Chevron ha dedicado todo su
poderío económico a realizar una campaña sucia contra Ecuador.
Por su parte, el Procurador General del Estado, Diego García, declaró
este jueves al portal digital de noticias Ecuador Inmediato, que Kaplan
carece de competencia para pronunciarse sobre un fallo que se tomó en
Ecuador.
El juez Kaplan no tiene la competencia para resolver respecto de la
jurisdicción dentro de la justicia ordinaria en Ecuador, no tiene la
competencia de resolver un juicio más allá de las fronteras de Estados
Unidos, recalcó García.
En términos parecidos se expresó el fiscal general Galo Chiriboga, para
quien resulta impensable que un magistrado de otro país pueda
atribuirse la capacidad de resolver sentencias emitidas por una nación
soberana.
Ecuador sería incapaz de revisar la sentencia de un juez o de la corte
de un país, y si eso no lo puede hacer Ecuador, me parece que Estados
Unidos tampoco, aseguró Chiriboga a una televisora local.
El excanciller ecuatoriano Fander Falconí, también en declaraciones a
Ecuador Inmediato, comentó que a raíz del histórico fallo del tribunal
de Lago Agrio, Chevron ha utilizado todo su poderío económico y político
para tratar de evitar el pago de la indemnización.
El daño causado por la empresa es evidente, hay muchísimas
investigaciones que lo demuestran, aseveró Falconí, quien apuntó que se
trata del desastre ambiental más importante en la historia petrolera
mundial.
Las autoridades ecuatorianas aseguran que durante los casi 30 años que
operó en la Amazonía, Texaco derramó 16,8 millones de galones de
petróleo en el ecosistema, vertió otros 18,5 mil millones de galones de
aguas tóxicas en los suelos y ríos, y quemó al aire 235 mil millones de
pies cúbicos de gas.
(PL)
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