Guatemala
tiene un río pensativo, y otro que se tiñó de sangre...Tiene un volcán
de agua, otro de fuego y una montaña de huesos y cadáveres (Luis Alfredo Arango, escritor y poeta guatemalteco, 1936-2001)
Las páginas de la historia moderna de América Central transmiten,
sólo al ojearlas, una sensación de sufrimiento, injusticia, violencia.
Huelen a la sangre que derramaron cientos de miles de hombres, mujeres
y niños, víctimas inocentes de la Guerra Fría desatada por los ricos y
poderosos del planeta bajo el lema de “preservar la democracia y
prevenir la diseminación del comunismo en la región”. Guatemala en este
contexto había sido uno de los países más sufridos donde el Estado había
cometido los crímenes más aberrantes contra los indígenas mayas durante
la guerra civil que duró 36 años (1960-1996) y en especial en los años
1980.
Recién 17 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando el
pasado 19 de marzo el tribunal de Alto Riesgo de Guatemala inició el
juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del
exdictador general Efraín Ríos Montt y el también general José Mauricio
Rodríguez, quien fuera el jefe de inteligencia militar G-2 durante el
mandato de Ríos Montt entre 1982 y 1983, el país dio un suspiro de
alivio, como si se acabara la pesadilla que ha estado aplastando su alma
y su conciencia durante todos estos largos años.
A la vez el inicio de este juicio, llamado por muchos como histórico,
ha hecho revivir cierta inquietud en el pueblo guatemalteco al hacer
despertar su memoria dormida. Según el estudioso y periodista Andrés
Cabanas, la mayoría de la gente que tuvo que convivir durante largo
tiempo con la violencia creó su propio mecanismo interno de
sobrevivencia: “Las primeras muestras de crueldad conmovieron; las
siguientes asustaron; las posteriores paralizaron; a partir de entonces,
muchos guatemaltecos impusieron en su subconsciente el olvido como
mecanismo de defensa”.
El juicio provocó también una reacción completamente diferente en las
elites guatemaltecas y amplios sectores de la población educados en las
ideas anticomunistas que percibieron las acusaciones de genocidio
contra los dos generales como un “proyecto maquiavélico, progresista
globalizado”. Según el periodista guatemalteco Pedro Trujillo, “las
falsas historias de genocidio son de fabricación extranjera o de las
personas como Rigoberta Menchú quienes buscan una sentencia
condenatoria”. En la percepción de las elites una condena por genocidio
alertará otros procesamientos cuyos primeros perjudicados serían
propietarios de las fincas en las que se cometieron asesinatos masivos
de los indígenas y empezaría la lucha por la expoliación de tierras.
Todo esto estigmatizaría el país por décadas.
Como por magia, toda la derecha guatemalteca y el mismo presidente
Otto Pérez Molina hicieron la causa común con varias organizaciones
militares de veteranos cerrando las filas respecto a lo ocurrido en el
país durante la guerra. En seguida promovieron manifestaciones frente a
la embajada norteamericana con la consigna “Genocidio es Mentira”. Lo
curioso es que este sector ultraconservador de la población considera a
los Estados Unidos como el promotor del juicio contra los militares y se
siente traicionado por su inspirador y el auspiciador de la limpieza
étnica en el país durante la guerra civil. El poder y la presión de los
oligarcas, del mismo presidente y los militares han sido tan fuertes
que la jueza de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores resolvió anular el
18 de abril último todo lo actuado en el proceso contra los militares
retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez que
llevaba 20 jornadas de su etapa oral.
También la jueza ordenó regresar el proceso hasta la fase en que se
encontraba el 23 de noviembre de 2012 y los magistrados de la Corte de
Constitucionalidad prácticamente ampararon a los dos generales acusados
de genocidio. Las protestas de las víctimas que llevan más de 30 años
esperando justicia, de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) y las exhortaciones de las Naciones Unidas de proseguir con el
juicio no han sido tomados en cuenta por el momento por el poder
judicial.
Tal como se están desarrollando los acontecimientos parece que este
proceso nunca va a terminar, porque sorpresivamente uno de los testigos
del genocidio contra los indios mayas, Hugo Ramiro Leonardo Reyes señaló
al actual presidente del país Otto Pérez Molina como coordinador de la
“quema y saqueo de la gente indígena para luego ejecutarlos”. Como se
supo de las declaraciones del periodista norteamericano del programa de
la radio y televisión pública PBS “Democracy Now”, Allan Nairn, quien
fue citado a aparecer en este juicio, el entrevistó en 1982 junto con
varios de sus colegas extranjeros en destacamento de Quiché a un mayor
Otto conocido como comandante “Tito Arias” y anteriormente “Capaitán
Fosforito”. En las imágenes divulgadas se ve al mayor contestando las
preguntas mientras que a sus pies yacen los cadáveres de varias personas
torturadas y ejecutadas. Resultó que aquel “Comandante Tito Arias” es
el actual presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina. Entonces,
seguir con el juicio significa involucrar al presidente quien podría ser
el próximo en el banquillo de acusados al terminar su presidencia.
En la misma situación podrían estar muchos de sus miembros del
gobierno, partícipes directos e indirectos de las masacres de los años
1980. Para entender la complejidad de este proceso habría que revisar,
aunque brevemente, los acontecimientos del aquel período de la guerra
civil que durante los 36 años arrojó 200.000 muertos, 50.000
desaparecidos de los cuales el 83 por ciento eran indígenas mayas y el
17 por ciento mestizos. Según la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, el 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos
fueron cometidos por el Estado, de ellos el 85 por ciento por el
Ejército y el 18 por ciento por las Patrullas de Autodefensa Civil (PDC)
armadas y entrenadas por los militares. El tres por ciento de las
violaciones es atribuido a los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) y la autoría del restante cuatro por
ciento no está determinada.
Nadie de los militares, estudiantes y trabajadores que participaron
en la Revolución de 1944, que dio lugar a las primeras elecciones libres
en Guatemala e inició programas en beneficio de la clase trabajadora,
habían imaginado que diez años después de la “Edad de Oro”, el país
entrará en una vorágine de muerte y desolación que durará hasta 1996 y
cuyos residuos se harán sentir 70 años después. El ciclo de la violencia
comenzó con un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimamente
elegido, Jacobo Árbenz Guzmán que se atrevió a perjudicar a los
intereses de la dueña del país, the United Fruit Company (UFCO) que con
la participación de las elites, la Iglesia Católica, la Evangélica y la
CIA promovió la destitución del presidente en 1954.
Así se inició el proceso de desplazamiento masivo de los indígenas
mayas de sus tierras, acompañado por la extrema violencia y el abuso. En
respuesta a la injusticia surge en 1960 la guerrilla URNG iniciándose
la guerra civil. Su momento más sangriento fue en los años 1980 cuando
asumió el poder en los Estados Unidos Ronald Reagan (1981-1989) que
lanzó la consigna de “Exterminar” no sólo “la Guerrilla Marxista en
América Latina” sino “erradicar todo el apoyo civil” a los subversivos.
Su secretario de Estado, general Alexander Haig despachó con este fin a
uno de los hombres poco conocidos pero uno de los más siniestros de la
CIA, general Vernon Walters a Guatemala. El enviado de Washington
instruyó primeramente al presidente Fernando Romeo Lucas García en los
secretos de la Guerra Contrainsurgente en términos del Conflicto de
Intensidad Baja (LIC) y posteriormente al general Efraín Ríos Montt que
en 1982 dio con la bendición de Vernon Walters el golpe de Estado,
tomando el poder.
Ríos Mont fue percibido por Ronald Reagan como “hombre de gran
integridad personal” y “totalmente dedicado a la democracia”.
“Fortalecer democracia” significa en términos de la Doctrina Reagan,
eficiencia en la erradicación del marxismo, sus partidarios y
simpatizantes en el país. Definitivamente el general Ríos Montt era muy
“eficiente” pues en 18 meses de su presidencia fueron arrasados 625
pueblos mayas por los miembros de las fuerzas especiales Kaibiles
entrenados por los instructores de la CIA, Sayeret Matkal israelí y la
GIGN de Francia. Los Kaibiles son asesinos profesionales cuya consigna
es “Si avanzo sígueme, si me detengo aprémiame, si retrocedo mátame”. El
mismo general Ríos Montt supervisó personalmente la masacre de 1,771
indígenas mayas Ixil. En los años 1980 también se cometieron actos de
genocidio contra los pueblos mayas Achi, ´Qanjobal y Kiche.
En algunos casos los militares no necesitaban el pretexto ideológico
para masacrar los pueblos nativos, sino el económico, como sucedió con
la hidroeléctrica de Chixoy construida en el territorio de la comunidad
maya Achi de Río Negro. Allí el ejército asesinó a 400 miembros de la
comunidad entre hombres, mujeres y niños, para “limpiar el terreno” para
la construcción de la hidroeléctrica, cuyo proyecto fue diseñado y
financiado por el Banco Mundial (WB) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Por supuesto los ingenieros alemanes de Lahmeyer
International, suizos de Motor Columbus, norteamericanos de
International Engineering Co. y los constructores italianos de Gogefar y
los suizos de Swissboring no han percibido ningún signo de genocidio y
no vieron a ningún muerto. Tampoco los ejecutivos del WB y del BID
recibieron algún informe sobre actos de masacre o tuvieron alguna
curiosidad sobre el destino de los habitantes Achis de esta zona.
Así ha estado funcionando siempre el mundo neoliberal globalizado
cuyos líderes perciben cada ser humano como un número. Uno más o uno
menos y en especial si representa a un indígena no tiene mucha
importancia en la realización de macro proyectos tanto físicos como
ideológicos. El pueblo guatemalteco lo conoce bien, especialmente el
53.7 por ciento de su población que vive en la pobreza cuyo índice en
los pueblos maya llega inclusive al 93 por ciento. En pleno Siglo XXI la
expectativa de vida del 12 por ciento de hombres y el 6 por ciento de
mujeres es apenas de 30 años, según la estadística del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para 2011-2012 (PNUD).
El índice del analfabetismo es del 69.1 por ciento. El 70 por ciento
de la población, que son jóvenes, tiene pocas posibilidades para
estudiar y encontrar un trabajo adecuado. Por eso no es de extrañar la
expansión del narcotráfico. De acuerdo a la DEA, el 75 por ciento de las
400 toneladas de droga que entran cada año a los Estados Unidos pasan
por Guatemala. El 70 por ciento del territorio nacional es controlado
por el cartel de los ZETAS cuyos, sicarios están entrenados por los
Kaibiles. Se calcula que solamente en la capital del país, la Ciudad de
Guatemala unos 10,000 adolescentes están involucrados en las pandillas o
en grupos relacionados con el narcotráfico.
¿Entonces, qué juicio se puede esperar en el país donde el 30.9 por
ciento de la población es analfabeta, tres cuartos de su territorio es
controlado por el cartel de Los ZETAS, las elites nacionales siguen con
el cuento del “peligro marxista”, el mismo presidente es señalado como
uno de los violadores a los derechos humanos y donde la “democracia”, de
acuerdo a la periodista Petrona Ixcoy, “está asentada en el silencio y
la resignación de las grandes masas populares”?
Dijo alguna vez el educador, poeta y escritor guatemalteco, Luis
Alfredo Arango que “en Guatemala cada veinte años retrocedemos veinte”.
¿Será cierto?
Columna semanal por Vicky Peláez
Ria Novosti
