Nuestros muertos jamás nos los pueden regresar, pero es necesario
que sus asesinos sean sentenciados. También necesitamos respuestas, ¿qué les
pasó, dónde fueron a parar, y donde están sus restos?
Paulina
Chiguil
El
Diario Militar y la Condena del CIDH
En
el mes de mayo de 1984 una gran parte de la dirigencia de la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU), fue desaparecida por el régimen militar
encabezado por el General Oscar Humberto Mejía Víctores. En el año 1999, nombres
de decenas de los líderes estudiantiles, a la par de nombres de otras personas
civiles que desparecieron en los ochentas, aparecen en el Diario Militar,
filtrado desde las fuerzas castrenses por individuos anónimos. El documento
contenía fichas de 183 individuos que fueron desaparecidos entre agosto 1983 y
marzo de 1985. La mayoría de las fichas aparecen marcadas como “código 300”, que
significaba que la persona ya había sido asesinada; en muchos casos después de
meses en el cautiverio militar. El hallazgo del Diario Militar es único porque
permitió documentar el último paradero de más de un centenar de miles de
víctimas de la desaparición forzosa durante la guerra. Además prueba la
existencia de un minucioso sistema de exterminio de aquellas voces que el Estado
consideraba los enemigos del orden establecido y obstáculos para los intereses
económicos y políticos de los oligarquías en el país.
Paulo
René Estrada Vázquez es hijo de Otto René Estrada Illescas, quien fue
secuestrado el 15 de mayo del 1984. Su ficha contiene el código 300. “El
hallazgo del Diario Militar fue la evidencia de que no estábamos locos, y de que
efectivamente el secuestro de mi padre fue como nosotros decíamos. A mi papá lo
secuestran en el centro de la capital el 15 de mayo del 1984, y lo ejecutan el
1 de agosto del mismo año, lo que quiere decir que lo tuvieron durante varios
meses, saber bajo qué torturas”. Paulo forma parte de una asociación de 28
familias que han promovido el caso del Diario Militar ante la CIDH. Recibieron
la noticia sobre la sentencia de la CIDH con satisfacción, pero a los pocos
días, por acuerdo gubernamental, Guatemala decidió no reconocer las sentencias
sobre casos que ocurrieron antes de que Guatemala se adhiriera al sistema
interamericano de justicia, que fue en 1987. A pesar de que el acuerdo fue
derogado solo unos días después, presuntamente por presiones internacionales, el
hecho muestra la falta de voluntad del Estado guatemalteco de reconocer su
responsabilidad sobre los crímenes de guerra y acercarse a una justicia para los
y las víctimas.
El
genocidio ayer y hoy
Los
acuerdos de paz se firmaron entre el estado guatemalteco y la dirección de la
Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en 1996. Guatemala procuraba
salir de una guerra que entre el golpe de estado del 1954 y los Acuerdos de Paz
en 1996 dejó más de 200 mil asesinados, más de 45 mil desaparecidos, millón y
medio de desplazados internos, y comunidades enteras arrasadas por las fuerzas
castrenses. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la Naciones
Unidas, el 93 por ciento de las atrocidades cometidas en contra de la población
fueron realizadas por las fuerzas del Estado, regulares e irregulares. La misma
comisión confirmó que entre los años 1981 y 1983 el Estado guatemalteco
identificó a grupos del pueblo maya como el enemigo interno, y que cometió
genocidio en contra de los cuatro grupos lingüísticos Maya-Q’anjob’al y
Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango;
Maya-Ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa
y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz[1].
A
pesar de una lucha incansable de miles de sobrevivientes de torturas y masacres,
familiares de asesinados, y organismos de lucha social, Guatemala ha dado pocos
pasos hacia lograr justicia y poner fin a la impunidad que día tras día ata el
país a su pasado. Las estructuras militares y oligarcas se mantienen intactas, y
los sistemas de justicia son débiles o corruptos. Las causas sociales y
económicas que dieron origen a la guerra siguen permitiendo el despojo, la
explotación y el desprecio a la mayoría de la población. Los megaproyectos de
minería, hidroeléctricas y monocultivos siguen condenando a la muerte la
población maya y rural; o a aguantar descargas de represión si deciden hacer uso
de su derecho a la consulta y a la vida. El 4 de octubre pasado ocurrió la
primera masacre perpetrada por el ejército contra indígenas en tiempos de “paz”.
Siete indígenas del departamento Totonicapan, que participaron en una
manifestación pacífica en contra de las altas tarifas de luz eléctrica, cayeron
muertos después de que sus cuerpos recibieron múltiples balas de armamento
militar. La condena internacional es casi ausente. Las embajadas que en los
ochentas también fueron blancos de guerra, hoy cuidan sus intereses económicos
en el país, muchas veces ligados al sector extractivo.
Pocos
militares han sido sentenciados por las atrocidades cometidas durante la guerra,
y hasta ahora ninguno de ellos por genocidio. El capítulo más oscuro de la
guerra fue entre 1981 y 1983, durante los periodos presidenciales de Romeo Lucas
García y del General Efraín Ríos Montt. Doctrinas militares ocultadas ante la
sociedad, que con los años fueron filtradas, como Victoria
82, Firmeza 83, y Plan
Sofía visibilizan y documentan la planificación y la ejecución de la
estrategia contrainsurgente y de tierra arrasada en los territorios indígenas
del occidente altiplano guatemalteco. Como miembro del Congreso, el ex General
Efraín Ríos Montt ha gozado de inmunidad, y hasta enero del 2012, cuando dejó
su puesto después de 12 años en el Congreso, se logró iniciar el juicio por
genocidio en su contra.
Gobierno
electo- estado militarizado
En
2012 asumió el poder el Partido Patriota, encabezado por el ex General Otto
Pérez Molina, quien tuvo a su cargo la región Ixil durante los años sangrientos
de Ríos Montt. El pueblo de Ixil sufrió los costos más altos por la campaña
miliar de tierra arrasada durante los ochentas, y el CEH confirma que entre 70 y
90 por ciento de las comunidades de la región fueron exterminados, ya que el
gobierno consideraba que los Ixiles tenían “un carácter subversivo”. Hoy, las
atrocidades cometidas en contra de los Ixiles forman parte del expediente en
contra de Ríos Montt, y el interés del presidente actual en trabar el juicio
parecería evidente. A
mediados del 2012 el gobierno de Pérez Molina desmanteló los Archivos de Paz,
una de las instituciones creadas a partir de los acuerdos de paz de 1996 para
promover la paz, la verdad y la reconciliación en el país. Los archivos fueron
fundados hasta el año 2008, pero durante el breve tiempo que funcionó se habían
logrado digitalizar alrededor de dos millones de documentos gubernamentales
relacionados a la guerra en contra del pueblo de Guatemala. En días recientes su
gobierno decretó restringir la información sobre la organización y equipo del
ejército de 1982 por siete años, decisión que muchos consideran como parte de la
estrategia encaminada a obstaculizar los procesos de justicia y verdad en el
país, y cerrar las puertas necesarias para que él y sus colegas evadan la
justicia.
María,
de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio
(HIJOS), Guatemala, explica: “tenemos un Estado militarizado, no sólo por el
hecho de que el presidente actual es un militar kaibil, sino porque en este
gobierno, todas las Secretarias del Estado tienen a un militar metido. Con los
gobiernos pasados tampoco hubo mucha voluntad, pero por los menos eran civiles;
y algunos pasos, por chiquitos que fueran, se lograron dar. Pero ya no nos
importa que los militares kaibiles intenten ocultar esta información, tenemos
suficiente ya para documentar el genocidio y la responsabilidad del actual
presidente en las masacres”.
¿Amnistía
para las genocidas?
A
pesar de que el juicio contra Efraín Ríos Montt lleva ya un año, sus abogados
hacen lo posible por trabar el proceso. Una negación de los hechos carecería de
credibilidad, y su defensa hasta ahora ha consistido en utilizar el recurso del
amparo por amnistía para que su cliente quede impune.
El
martes 22 de enero la Corte de Constitucionalidad resolverá si validan la
amnistía o no. La propuesta de los abogados de Ríos Montt parece ser posponer lo
que con sentido común debería de ser inevitable y necesario; una condena al ex
general Efraín Ríos Montt por genocidio. “Los delitos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra no pueden ser amnistiados y Guatemala debe cumplir su
compromiso internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables
de esos casos”, afirmaron los abogados del organismo de derechos humanos CALDH,
que acompañaron a las víctimas en una audiencia la semana pasada.
El
actual juicio en contra del ex General es fruto de muchos años de lucha de
amplios sectores de la sociedad civil en Guatemala. La lucha por la justicia no
es fácil, y las personas que han decidido ser parte de ella, saben que la
determinación de luchar puede tener costos muy altos. Muchos y muchas han sido
asesinados durante esta búsqueda. La Asociación para la Justicia y la
Reconciliación (AJR), fundada por 22 comunidades de cinco regiones del país
donde se cometió genocidio, lleva el caso en contra del ex General. Si los
jueces resuelven a favor de otorgar amnistía a Ríos Montt, los víctimas y
sobrevivientes de la guerra deberán presentar el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, lo cual significaría esperar otros años más
antes de obtener la justicia. Ante la pregunta de para qué sirve una sentencia,
si Ríos Montt y otros generales sentenciados alegan que por su avanzada edad no
podrán permanecer en la cárcel, María explica: “Yo creo que para mucha gente lo
más importante quizás no es la encarcelación, o no sólo eso. Es más bien poder
sentarnos en frente de los que nos asesinaron, verlos y pronunciar ante la Corte
qué nos hicieron, y nombrarlos por lo que son: genocidas. Y que quede grabado
en la historia de Guatemala, para sus hijos y sus nietos que ellos son los
genocidas que masacraron a muchos pueblos en Guatemala”.
Por
mas información sobre general Efraín Ríos Montt:
http://www.cipamericas.org/es/archives/6854
Publicado
el 21 de enero de 2013 en:
http://desinformemonos.org/2013/01/guatemala-exige-justicia/
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