Empresarios, políticos y periodistas de derecha siguen reaccionando airadamente contra la intención del gobierno de Ollanta Humala de adquirir para el estado peruano las acciones de Repsol
en La Pampilla, la red de grifos y la planta envasadora de gas licuado.
Ojalá que sus razones falaces y contradictorias, acompañadas de
improperios, no le hagan retroceder al presidente.
Los «cuasi-argumentos» de la derechaDicen que La
Pampilla no es un negocio rentable, con lo cual también están diciendo
que las inversiones que han hecho las AFP en esta refinería --tienen
entre el 20% y 28% de las acciones— es poco menos que una malversación
de los ahorros de sus afiliados.
«Este viraje tiene el nombre de
La Gran Transformación», dicen los más profanos entre los que se
encuentra el presidente de la Confiep. «Ollanta Humala quiere imponerle al país un programa por el cual los peruanos no votaron como la compra de los activos de Repsol por parte de PetroPerú»,
dice un congresista aprista. Pero seguro que este mismo congresista
votó en 2006 por la Ley 28840 de fortalecimiento y modernización de
PetroPerú. De acuerdo con esta ley –que el actual gobierno demoró en reglamentarla--, PetroPerú está facultado a desarrollar «actividades de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía».
«Ni La Gran Transformación ni un presidente mutante –dijo el congresista Fujimori--
va a echar a perder todo lo avanzado con el modelo económico de la
Constitución del 93». Este congresista no sabe que el crecimiento
económico actual es el resultado de los altos precios de los metales y
que la estabilidad macroeconómica se debe a las reformas efectuadas en
los años 2001-2003.
Por último, el ministro Castilla dijo que el
gobierno no pretende «retomar las políticas desechadas de La Gran
Transformación». Este exviceministro de Hacienda de Alan García
le ha hecho creer al presidente que manteniendo el presupuesto de los
programas sociales en 0.6% del PBI, se logra un crecimiento con
inclusión social. Él sabe que la compra de los activos de Repsol no afectaría para nada al modelo neoliberal.
La seguridad energética y la autodeterminación nacional El
rechazo a las empresas estatales en áreas que en otros países se asumen
como estratégicas, es decir, decisivas para el desarrollo y la
autodeterminación nacional, es inverosímil. Casi todos los países de la
región tienen empresas estatales. Por ejemplo, Chile y México, cuyos gobiernos comparten la ideología neoliberal de la derecha de nuestro país, tienen empresas estatales en el área de los Hidrocarburos: ENAP y PEMEX.
¿Por qué un grupo empresarial peruano que rechaza la existencia de PetroPerú se asoció con la empresa estatal petrolera Chilena
ENAP, para comprar los grifos de Shell? De acuerdo con un amigo
historiador, los intereses de gran parte de nuestras élites
empresariales no coinciden necesariamente con los intereses nacionales,
sino con los intereses de sus socios transnacionales. Por esta razón no
entienden que comprando los activos de Repsol fortaleceríamos nuestra seguridad energética, al mismo tiempo que impediríamos que la estatal Chilena
ENAP se haga de estos activos. Tienen un problema de identidad porque
siempre han operado con ideas heterónomas. ¿Es acaso un tema ideológico
afirmar que un país que no controla su energía no controla su futuro? Si PetroPerú compra los activos de Repsol
con participación privada –como dice el presidente—nuestros empresarios
deberían asegurarse que sea con ellos, es decir, con el capital privado
nacional.
El Estado regulador del mercado y promotor del desarrolloLa adquisición de los grifos de Repsol también permitiría la regulación de los precios de los combustibles. Estos son más caros en Perú que en Estados Unidos.
Lo que es peor, los precios se forman tomando en cuenta la paridad de
importación del petróleo, bajo el supuesto que importamos el 100% del
petróleo. La seguridad energética no solo implica resguardar el abastecimiento de los combustibles, sino también que sus precios no sean de monopolio o de oligopolio, y que los combustibles que se venden no contaminen el medio ambiente.
Los mercados no se auto-rregulan. En ellos operan grupos de poder, generando externalidades negativas como la pobreza, el Desempleo
y el subempleo, la distribución desigual del ingreso, la degradación
ecológica y los abusos de poder de dominio. Estos son problemas de
interés público que deben ser enfrentados por el Estado. Pero por un
Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a
todos los peruanos»; por un Estado regulador y promotor del desarrollo.
A modo de conclusiónEs
cierto que la estructura de poder que tiene el Estado es una amenaza
potencial de despotismo. Por eso el Estado regulador y promotor del
desarrollo debe ser controlado democráticamente por una sociedad civil
activa, debe rendir cuentas, y su intervención en la economía y sociedad
debe ser eficiente, incorruptible y transparente. Y, para que ese
Estado sea posible en nuestro país, los recursos naturales deben estar
al servicio del interés nacional, en especial los recursos energéticos.
La autonomía nacional en las decisiones del gobierno y el
fortalecimiento de la democracia, presuponen el abandono de la
«heteronomía» ancestral que ha impedido desarrollarnos autónomamente.
Félix Jiménez
Tomado de http://www.diariolaprimeraperu.com
