La Habana, Cuba, sede de los diálogos de
paz, diciembre 14 de 2014
Somos rebeldes, no
narcotraficantes
Recientemente escuchamos al Jefe de la
Delegación del Gobierno, doctor Humberto De la Calle y al Presidente Juan
Manuel Santos, referirse a la necesidad de reconocer la naturaleza del delito
político y sus conexidades, afirmando lo más básico acerca de la rebelión, en
cuanto a que es un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho de los
pueblos.
Esta misma semana, en la Cumbre
Iberoamericana, en México, nuevamente, el primer mandatario aludió al delito
político, pero asociándolo al narcotráfico. Al hacerlo de esa manera, confunde
en la mente de los colombianos y de muchos en el mundo la imagen del
guerrillero con la del narcotraficante, incurriendo en una distorsión
conceptual de fondo, que en vez de concitar apoyo a la causa de la paz, genera
confusión.
Esta revoltura que desfigura la lucha
altruista, que entraña el legítimo derecho a la rebelión, de alguna manera
apunta a señalar a las FARC-EP como un grupo de
narcotraficantes.
En este contexto, los razonamientos de
los altos funcionarios del Estado, que en apariencia estarían orientados a
ampliar los conexos al delito político, como parte de las salidas jurídicas que
viabilicen la paz, en el fondo lo que buscan es el desprestigio de una fuerza
rebelde que por principio considera nociva la existencia del negocio
capitalista del narcotráfico.
Las FARC-EP hemos planteado y asumido
siempre, con responsabilidad e interés, el debate público sobre el fenómeno del
narcotráfico, como un problema social y global, que requiere del concurso de
las naciones del mundo para su solución. De hecho, el acuerdo parcial del
cuarto punto de la Agenda de Diálogos así lo consigna, y evidente es que está
construido a partir de nuestras propuestas mínimas que el país conoce y que
señalan al sector financiero, a través del lavado de activos, como su motor
fundamental.
