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martes, 13 de octubre de 2015

Dos contratistas de la CIA demandados por torturas y crímenes de guerra


James Elmer Mitchell

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal el martes en favor de tres ex detenidos de la CIA que acusan a los psicólogos James Elmer Mitchell y John "Bruce" Jessen, los contratistas que diseñaron el denominado "interrogatorio mejorado" de torturas aplicado por la agencia, como un programa  de tortura, experimentación humana no consentida y crímenes de guerra.


Aunque demandantes Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud, y Gul Rahman fueron secuestrados y mantenidos en prisiones de la CIA en Afganistán, ninguno de los hombres fue acusado de un delito. Salim y Ben Soud ahora son libres y viven con sus familias. Rahman murió en una prisión de la CIA en 2002.


"Un informe de la autopsia y la revisión interna de la CIA encontraron que el Sr. Rahman probablemente murió de hipotermia causada 'en parte de ser forzado a sentarse en el suelo de cemento, sin pantalones,' con los factores que contribuyen de 'deshidratación, falta de alimentos, y la inmovilidad debido a "corto encadenamiento", dice la demanda de ACLU.

Ver más en el artículo de Justin Rohrlich, aparecido en:
https://news.vice.com/article/two-cia-contractors-are-being-sued-for-torture-and-human-experimentation

viernes, 22 de mayo de 2015

Corte de EEUU mantiene en secreto programa de torturas de la CIA


http://www.clarin.com/mundo/Torturas-prisioneros-Abu-Ghraib-Archivo_CLAIMA20141210_0088_27.jpg

Una corte estadounidense ha obstaculizado los esfuerzos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para revelar los documentos sobre torturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según el juez James Boasberg, de la corte federal del Distrito de Columbia (Washington, EEUU), sin lugar a dudas, es muy probable que finalmente ACLU gane acceso al documento que busca, pero eso no corresponde a la corte.

De esta manera, el juez dejó claro el miércoles que “se quedarán en secreto” los documentos del Senado de Estados Unidos sobre el plan de torturas de la CIA, a los que ACLU se esfuerza por acceder.

viernes, 15 de agosto de 2014

Persecución a periodistas en EU

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Organizaciones nacionales de defensa de la libertad de prensa y 20 reporteros ganadores del Premio Pulitzer, entre miles más, denunciaron hoy la persecución del gobierno de Barack Obama contra periodistas que cubren asuntos de seguridad nacional y, en particular, el caso del reportero James Risen, del New York Times, quien está amenazado con cárcel si no revela sus fuentes.

Una petición firmada por 125 mil personas fue entregada hoy al Departamento de Justicia con el lema: apoyamos a James Risen porque apoyamos una prensa libre, y acusan que el intento de obligarlo a revelar sus fuentes es un asalto a la libertad de prensa.


Las organizaciones de defensa de periodistas y libertad de prensa –incluidos el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Fundación de la Libertad de Prensa, y el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa– reiteraron hoy su repudio al intento de los fiscales federales de continuar amenazando a Risen con altas multas y/o encarcelamiento.

El Departamento de Justicia, desde 2008, emitió una orden para obligar a Risen a revelar una fuente oficial que le filtró información sobre una operación fallida de la CIA en Irán y que publicó en su libro Estado de guerra en 2006. Ahora el gobierno contempla obligarlo a testificar contra una de sus supuestas fuentes, el ex oficial de la CIA Jeffrey Sterling, en un caso penal contra ese filtrador.

Risen ha dicho que mantendrá su compromiso de no nombrar sus fuentes de información, lo cual lo expone a ser acusado de desafiar una orden judicial para que declare y revele sus fuentes. El caso de Risen ha estado en los tribunales más de cinco años, pero ahora el periodista ha agotado sus opciones legales. Por lo tanto, si el Departamento de Justicia insiste en proceder contra Risen, estará en riesgo de ser encarcelado

Aunque la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de la prensa, no detalla los alcances de esta libertad, y por lo tanto han surgido disputas políticas y legales a lo largo de décadas sobre este punto. Lo que alarma a defensores y periodistas es que el gobierno de Obama, que prometió ser el más transparente en la historia, no sólo ha ampliado las políticas de su antecesor George W. Bush para clasificar como secretas cada vez más operaciones de este gobierno, sino que ha sido el más agresivo en la historia moderna en perseguir a filtradores denunciantes dentro del gobierno (lleva ocho casos según la Ley de Espionaje de 1917, el doble que el total de todos sus antecesores desde 1917) y a los periodistas que trabajan con ellos.

Junto con los firmantes de la petición entregada hoy, 20 periodistas premios Pulitzer (considerado el premio de periodismo más prestigioso del país) emitieron declaraciones esta semana, no sólo en apoyo de Risen, sino también con feroces críticas al gobierno de Obama por sus políticas que, acusan, han dañado la libertad de prensa en este país.

La preservación de una prensa libre y sin ataduras tiene una larga historia en nuestro país, permitiendo que ciudadanos ordinarios se enteren de lo que hace su gobierno y para cuestionar acciones llevadas a cabo en nombre de ellos. Los Papeles del Pentágono, el escándalo de Watergate, la masacre de My Lai, la intervención de comunicaciones de ciudadanos estadunidenses sin autorización judicial y tantas más atrocidades jamás hubieran visto la luz del día en un país donde los reporteros deben temer el encarcelamiento por hacer su tarea, declaró el reportero premio Pulitzer Mark Johnson, del Milwaukee Journal Sentinel.

David Barstow, reportero del New York Times y premio Pulitzer, declaró: “ya basta. El esfuerzo incesante… para obligar a que Risen traicione sus fuentes ya ha causado un daño sustancial y de largo plazo al periodismo en Estados Unidos”. Agregó que el impacto de esto ha generado un clima de temor en Washington donde fuentes oficiales son cada vez renuentes a platicar con periodistas.

Dana Priest, del Washington Post, acusa que el gobierno utiliza este caso para intimidar tanto a fuentes oficiales como a periodistas. Señaló que Bush y después Obama clasificaron cada vez más las acciones del gobierno a lo largo de los últimos 14 años, negando al público información crítica para juzgar cómo va esta democracia. Ha correspondido a reporteros como Risen mantener informados a los estadunidenses y cuestionar si un gobierno gigantesco en las sombras es de verdad buena idea. Todos estaremos peor si este caso procede. 


Risen ganó un Pulitzer por un reportaje publicado a finales de 2005 en el New York Times que reveló el programa secreto autorizado por Bush en 2002 con el cual la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) llevó a cabo intervenciones de comunicaciones internacionales de estadunidenses dentro del país, sin autorización judicial. El Departamento de Justicia se ha dedicado a perseguirlo por lo que reveló sobre Irán en su libro publicado poco después.

El Comité por la Protección de Periodistas, y, por separado, Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han emitido informes en los últimos meses en los cuales concluyen que la libertad de prensa se ha deteriorado severamente en el gobierno de Obama. El sondeo anual de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de prensa registra que Estados Unidos se desplomó 13 lugares para quedar en el sitio 46, de una lista de 180 países.

David Brooks

La Jornada

sábado, 28 de junio de 2014

Piden investigación federal por abusos en cárceles de Miami-Dade

Las cárceles del Condado pueden convertirse en un infieron para aquellos internos que padecen de enfermedad mental (Alvaro Mata)
La terrible muerte que sufrió Darren Rainey, un prisionero con problemas mentales que fue literalmente quemado con agua hirviendo, ha provocado que la crítica situación de las cárceles en el condado Miami-Dade vuelva a estar en primer plano.

Esta vez, un grupo conformado por organizaciones religiosas y activistas de derechos humanos envió una carta a Eric Holder, secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que investigue y actúe la ley en este caso.
Sin embargo, quienes suscriben la misiva buscan que haya claridad en la manera cómo están siendo tratados los enfermos mentales en las correccionales de Miami-Dade.

Rainey perdió su vida cuando, como forma de castigo, fue dejado solo, durante dos horas, sometido a un chorro de agua hirviendo (a más de 180 grados de temperatura) lo cual provocó que su piel se separara de su cuerpo.
Después de dos años de sucedido el incidente, aún no ha habido a quién responsabilizar por este hecho.

Howard Simon, presidente de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, que "el problema empieza con el Departamento de Policía, con medicina legal y las autoridades de las cárceles, que no siguieron una investigación, ni entrevistaron testigos clave, como la enfermera que estaba de turno y los otros internos que vieron lo que pasó. [Las autoridades] no preservaron tampoco evidencia importante".

El punto preocupante del mensaje a Holder -firmado por Amnistía Internacional, el Consejo de Iglesias de Florida, la ACLU, el Instituto de Justicia de la Florida y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés)- es que haya que acudir, como último recurso, a las autoridades federales porque las locales no son capaces de encontrar responsables y castigarlos. "Usted no puede confiar en que la misma gente involucrada en un hecho sea capaz de investigarse a sí misma", advirtió Simon.
"No hay consecuencias por cosas como esas, no hay cambios en el sistema [carcelario]", explicó el abogado Marc Seitles, quien tuvo la experiencia de ver como a su clienta, la dominicana Keskea Hernández, la dejaron morir en la cárcel de una enfermedad que no era mortal. "En el momento en el que haya consecuencias para la gente que maltrata a los prisioneros, a partir de ahí habrá un cambio", complementó Seitles.

¿Patrón de conducta?

En el caso de Rainey, según denunciaron, no se ha hecho pública su autopsia y ni siquiera la familia de la víctima ha tenido acceso a esos reportes. ¿Por qué esa operación de encubrimiento?, preguntó DIARIO LAS AMÉRICAS. "No quiero juzgar a todo el mundo -respondió Simon- pero cuando los expedientes se cierran antes de que las investigaciones terminen, que es lo que ha sucedido en el caso de Darren Rainey, o cuando las investigaciones finalizan y no se encuentra a ningún responsable, entonces es necesaria una investigación independiente", agregó.

"Las cárceles para enfermos mentales aquí son como las del tercer y cuarto mundo. Usted no cree que existan en Estados Unidos", explicó Seitles. "Pero el caso del prisionero quemado no creo esté pasando en las cárceles federales. Lo que hicieron con ese señor es criminal", recalcó.

Sin embargo, la ACLU tiene un trabajo, en Washington, que se llama The Prison Project, en el que se analiza la situación de las cárceles en todo el país, y muestra que no es inusual, pasa todos los días, este tipo de abusos y atrocidades como la denunciada en una cárcel del condado Miami Dade.

SERGIO OTÁLORA (DLA)
sotalora@diariolasamericas.com
@sergiootalora

Tomado de  http://www.diariolasamericas.com

lunes, 23 de junio de 2014

Desclasifican memorando que justifica muerte de estadounidense con drones

http://www.radiomundial.com.ve/sites/default/files/imagecache/400xY/images/pakistan-drones.jpg

Un tribunal de apelación de Nueva York consiguió hoy que el Gobierno de Barack Obama revele parte del memorando que justificó la muerte de Anwar al Awlaki, un ciudadano estadounidense asesinado en septiembre de 2011 con un ataque aéreo de drones en Yemen.

Esta es la primera vez que ese documento legal es desclasificado casi en su totalidad. En él, el Departamento de Justicia concluye que "la ciudadanía estadounidense de Al Awlaki no impone límites constitucionales a acciones letales en su contra".

Awlaki, cabecilla de Al Qaeda en la Península Arábiga, fue bombardeado por suponer una amenaza a la seguridad nacional, un combatiente enemigo y porque la Casa Blanca consideró que no había modo viable de capturarlo.

El documento considera que la aplicación de la fuerza letal contra Al Awlaki por parte de un bombardeo secreto de la CIA es "legal" y está justificada como en el caso de la defensa de otros o en las muertes que ocurren en periodo de guerra.

Como ejemplo, el documento del Departamento de Justicia destaca que "si un soldado mata intencionalmente a un enemigo combatiente en tiempo de guerra y dentro de las leyes de la guerra, no es culpable de asesinato".

El Gobierno estadounidense consideró en este memorando, fechado en 2010, que Al Awlaki era líder o como mínimo era un asociado de Al Qaeda, una organización terrorista en guerra con Estados Unidos, y por lo tanto podía aplicarse las autorizaciones para el uso de la fuerza militar.

Awalaki, un clérigo musulmán nacido en Nuevo México de padres yemeníes, pasó de posturas moderadas a radicalizarse y predicar en inglés la yihad, así como preparar atentados contra intereses estadounidenses, incluido un intento de que un joven nigeriano se inmolara en un avión con destino a Detroit.

Algunas partes del memorando continúan siendo secretas, como las razones por las que la operación contra Awlaki no violaría la cuarta enmienda de la Constitución, que garantiza el debido proceso a un acusado y protege contra abusos de poder.

El documento reconoce definitivamente el uso de drones armados por parte de la CIA, un programa secreto del que la Casa Blanca se ha negado a aportar detalles.

Anteriormente, el fiscal general, Eric Holder, había revelado al Congreso las líneas básicas de las justificaciones para atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, algo justificable si esa persona supone una "amenaza inminente" por planear un ataque o atentado contra Estados Unidos.

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) han pedido insistentemente la publicación de estos memorandos legales.

"Éste es un paso crucial y necesario hacia la transparencia", opinó el subdirector legal de ACLU, Jameel Jaffer. 

http://noticias.terra.com.mx

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