Nueve congresistas norteamericanos,
entre ellos los representantes de la extrema derecha anticubana en el Congreso
USA –los republicanos por La Florida, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo y Mario
Diaz-Balart; el demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires; así como el
republicano por Nueva Jersey, Leonard Lance; los republicano Frank LoBiondo y Ron
DeSantis, el demócrata Bill Pascrell y por la Florida, Ron DeSantis–;
promovieron dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de resolución
denominado H.Res.664, mediante
el cual pretenden procurar la extradición desde Cuba hacia Estados Unidos de un
grupo de ciudadanos norteamericanos cercano a las 70 personas, entre los que
sobresalen los casos de Joanne Chesimard, William Morales y Charles Hill, entre
otros. Como pretexto han invocado un obsoleto Tratado de Extradición firmado en
1904 entre los gobiernos de Tomas Estrada Palma y Theodore Roosevelt, y
ratificado en 1905.
De forma manipulada
el documento pretende inculpar a Cuba de que dichos fugitivos son amparados por
la Isla a fin de evitar que sean enjuiciados o recluidos por delitos que
cometieron en los Estados Unidos. Asimismo, tratan de emplear a la comunidad
internacional como elemento de presión sobre la parte cubana, a la par que
exigen al Secretario de Estado y al Fiscal General de EE.UU. para que adopten
medidas en este sentido. El paso inmediato ha sido remitir este proyecto de
resolución al Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja.
Lo absurdo del caso
es que varios de los promotores han convivido y apoyado reiteradamente a
numerosos terroristas y prófugos de la justicia cubana, que se encuentran
viviendo con total impunidad en los propios Estados Unidos. De la misma manera,
la parte norteamericana ha desoído sistemáticamente durante décadas las
solicitudes cubanas de deportación de terroristas, asesinos y otros criminales,
incluidas las peticiones de nuestra parte en los diálogos entre ambas naciones
sobre la aplicación de la ley, iniciados a fines del 2015.
Desde 1959 hasta la
fecha Cuba ha solicitado a EEUU a muchos prófugos de la justicia sin éxito
alguno, entre los que se destacan casos de asesinos y terroristas como Luis
Posada Carriles. Larga es la lista de esos connotados asesinos a los que EEUU
ha bendecido impunemente como “refugiados políticos”. ¿Por qué, entonces,
inculpar a Cuba de otorgar asilo a quienes considera merecedores del mismo? ¿Es
que este acto de soberanía es solo válido para el prepotente Norte?
Los crímenes
cometidos contra el pueblo cubano deben ser tenidos en cuenta por estos
supuestos promotores de castigo a delincuentes y proceder con el mismo énfasis,
si se quiere lograr verdadera justicia y con respeto al uso de la extradición
como instrumento del Derecho Internacional.
Muchos han sido los
terroristas reclamados por la justicia cubana y que aún gozan de impunidad por
sus horrendos crímenes. No me refiero a los más famosos, pero aún recuerdo los
casos a Guillermo Casasús Toledo, Miguel Hernández y Jesús Areces Bolívar –todos
implicados en el ataque contra el hotel Meliá Varadero el 7 de octubre de 1992;
a los terroristas que junto al citado Casasús, como Rigoberto Acosta Díaz, José
Méndez Mirabal y Rafael Carrera Manso, atacaron el 2 de abril de 1993 al buque
tanque "MYKONOS", de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota frente
costas cubanas. Otro criminal, Leonel Macías González, asesino del Teniente de
Navío Roberto Aguilar Reyes, el 8 de agosto de 1994, aún goza de protección
norteamericana.
En resumen, este
nuevo proyecto es solo una cuestión de conveniencia para la extrema derecha
anticubana.
