La vigilancia masiva de los datos personales en las
comunicaciones digitales que llevan a cabo los gobiernos se está
convirtiendo en una “peligrosa costumbre y ya no es una excepción”,
advirtió hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Navi Pillay, en Ginebra.
Las prácticas que se llevan a cabo en muchos países
muestran la falta de una legislación nacional adecuada y una persecución
penal correspondiente, señala un informe sobre la seguridad de los
datos.
La ONU llamó por ello a defenderse a las empresas a las que los gobiernos obligan a entregar datos.
Según Pillay, los programas de vigilancia masiva de
emails son cuestionables incluso cuando sus objetivos sean legítimos e
incluso cuando tengan un fin concreto. “La medida adecuada es el efecto
en comparación con la amenaza”.
Pillay recomendó la creación de instituciones
independientes que pongan bajo la lupa esa vigilancia. “Están en juego
principos increíblemente importantes que afectan a los derechos
personales de todos”, añadió Pillay.
La comisaria señaló que las empresas que están
dispuestas a poner a disposición del gobierno esos datos se arriesgan a
convertirse en cómplices de violaciones a los derechos humanos.
Por eso Pillay recomienda que en el caso de
solicitudes de datos por parte de los gobiernos, esas empresas deben
ceder lo menos posible, aclarar las justificaciones legales de la
petición y dado el caso cooperar cuando lo exija un tribunal. “Hay
ejemplos positivos de ello en la industria, tanto de algunas empresas
como de asociaciones de empresas o grupos de interés”.
El informe se elaboró por petición de la Asamblea
General de la ONU, que acogió en diciembre una resolución propuesta por
Alemania y Brasil, en la que Pillay pedía ocuparse de la “protección de
la esfera privada en las comunicaciones digitales”. El informe se
presentará y deliberará en octubre en la Asamblea de la ONU.
Fuente: DPA
La Jornada
