El brutal crimen de
Estado y lesa humanidad perpetrado contra los jóvenes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, que ha horrorizado a la sociedad mexicana y
provocado la indignación de millones de personas en el mundo, no ha sido
una acción aislada y excepcional, una falla esporádica del sistema,
sino una constante y sistemática política de Estado durante décadas.
Desde ese 2 de octubre de 1968 en que el Ejército y los cuerpos de
seguridad asesinaron a mansalva a un número indeterminado de estudiantes
en la Plaza de Tlatelolco.
Desde ese 10 de junio de 1971 en que el
grupo paramilitar los halcones, entrenado y al servicio del
Estado, disparó a discreción contra una manifestación estudiantil
pacífica en las calles de la ciudad de México. Desde la guerra sucia de
los años 70 y 80, cuando el territorio nacional, como hoy, se llenó de
cárceles y fosas clandestinas y los militares mexicanos tuvieron el
macabro privilegio de inaugurar los vuelos de la muerte,
técnicade desaparición forzada exportada por los asesores franceses en contrainsurgencia, que lanzaban al mar desde aviones a revolucionarios argelinos durante la lucha por la independencia.
