No es un secreto que las
campañas electorales de los funcionarios estadounidenses generalmente
reciben jugosas contribuciones del sector corporativo. Pero cuando el
espionaje al ciudadano es negocio, los intereses y contribuciones se
duplican de manera inexplicable.
En Estados Unidos existe un gobierno paralelo, y según analistas, el mismo no responde a los intereses del electorado, sinó a intereses corporativos. Por ello, desde el 11 de Septiembre del 2001, el espionaje y control a la población se han convertido en industrias multibillonarias.
Diariamente, la Agencia de Seguridad Nacional o NSA rastrea alrededor de cinco mil millones de teléfonos celulares. La tecnología e implementación de los sistemas que hacen ésto posible generan ganancias maravillosas para un conglomerado de ejecutivos corporativos.
Es así que los programas de recolección masiva de datos van en aumento, con permiso o sin permiso del marco legal que regula las actividades de las agencias federales.
A su vez, expertos creen que la consecuencia inevitable del control y vigilancia al ciudadano es la desconfianza del mismo ante sus propias instituciones y agencias.
Los defensores de los programas de espionaje aseguran que los mismos han ayudado a prevenir alrededor de cincuenta potenciales atentados terroristas en suelo estadounidense. Sin embargo, la justificación de la seguridad nacional a través del espionaje al ciudadano no necesariamente representa constitucionalidad.
Marcelo Sánchez, Miami.
HispanTV
