Sede fuera del territorio de EEUU
Los ministros de Relaciones Exteriores de 23 países
latinoamericanos se reunirán esta semana en la ciudad de Cochabamba,
(centro) Bolivia, para evaluar las posibles reformas al funcionamiento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las
cuales destaca la elección de una nueva sede, para trasladar la que
actualmente se encuentra en Washington, Estados Unidos.
El canciller boliviano, David Choquehuanca, presidirá la II Conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que será inaugurada este martes por el presidente Evo Morales, y que sirve de prólogo para la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para junio próximo en Guatemala.
"Es importante esta reunión porque, después de muchos años, casi 40 años, los Estados han tomado la decisión de asumir su responsabilidad para que la CIDH pueda funcionar tal como establece su constitución", indicó Choquehuanca.
Varios cancilleres ya han manifestado que la sede del organismo debe estar en un país que sea signatario y miembro de la Convención, en lugar de permanecer en Estados Unidos, nación que no ha ratificado el Pacto de San José (1969), principal instrumento sobre derechos humanos en el continente.
En ese sentido, Choquehuanca adelantó que algunos países han expresado su interés en que el organismo funcione en Costa Rica, donde el pacto fue redactado y firmado por primera vez. Sin embargo, también se ha hablado de la posibilidad de que Perú o Argentina alberguen la sede.
Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han destacado la necesidad de trasladar la sede y, además, cambiar los métodos de financiamiento del organismo, que provienen en gran parte desde Washington.
Es por ello que presidentes como Morales han expresado su deseo de abandonar la CIDH si continúa su dependencia de Estados Unidos, ya que “el organismo se ha convertido en otra base militar norteamericana (…) para juzgar arbitrariamente a los países" que la integran.
El pasado 22 de marzo, la OEA resolvió dejar abierto el debate sobre las reformas, aunque dio por cerrado el centrado en la forma de financiar su funcionamiento. Días después se celebró en Guayaquil, (oeste) Ecuador, la Primera Conferencia de Estados Parte de la CIDH.
Entre los puntos centrales de la Declaración de Guayaquil está la decisión de "considerar la conveniencia" de que la sede de la CIDH esté ubicada en un Estado parte de la Convención y buscar que todos los países de la OEA sea adhieran al mismo, ya que sólo ha sido suscrita por 22 de los 34 Estados que al integran.
Está previsto también que en el foro se discutan otros temas como la igualdad en importancia de las ocho relatorías, la forma de elegir a los miembros del organismo y la aplicación de sus medidas cautelares.
La Convención es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Los Estados partes se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna".
El canciller boliviano, David Choquehuanca, presidirá la II Conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que será inaugurada este martes por el presidente Evo Morales, y que sirve de prólogo para la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para junio próximo en Guatemala.
"Es importante esta reunión porque, después de muchos años, casi 40 años, los Estados han tomado la decisión de asumir su responsabilidad para que la CIDH pueda funcionar tal como establece su constitución", indicó Choquehuanca.
Varios cancilleres ya han manifestado que la sede del organismo debe estar en un país que sea signatario y miembro de la Convención, en lugar de permanecer en Estados Unidos, nación que no ha ratificado el Pacto de San José (1969), principal instrumento sobre derechos humanos en el continente.
En ese sentido, Choquehuanca adelantó que algunos países han expresado su interés en que el organismo funcione en Costa Rica, donde el pacto fue redactado y firmado por primera vez. Sin embargo, también se ha hablado de la posibilidad de que Perú o Argentina alberguen la sede.
Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han destacado la necesidad de trasladar la sede y, además, cambiar los métodos de financiamiento del organismo, que provienen en gran parte desde Washington.
Es por ello que presidentes como Morales han expresado su deseo de abandonar la CIDH si continúa su dependencia de Estados Unidos, ya que “el organismo se ha convertido en otra base militar norteamericana (…) para juzgar arbitrariamente a los países" que la integran.
El pasado 22 de marzo, la OEA resolvió dejar abierto el debate sobre las reformas, aunque dio por cerrado el centrado en la forma de financiar su funcionamiento. Días después se celebró en Guayaquil, (oeste) Ecuador, la Primera Conferencia de Estados Parte de la CIDH.
Entre los puntos centrales de la Declaración de Guayaquil está la decisión de "considerar la conveniencia" de que la sede de la CIDH esté ubicada en un Estado parte de la Convención y buscar que todos los países de la OEA sea adhieran al mismo, ya que sólo ha sido suscrita por 22 de los 34 Estados que al integran.
Está previsto también que en el foro se discutan otros temas como la igualdad en importancia de las ocho relatorías, la forma de elegir a los miembros del organismo y la aplicación de sus medidas cautelares.
La Convención es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Los Estados partes se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna".
TeleSur/Aporrea
