El juez estadounidense John Bates falló esta semana a favor de
Michael Townley, ex agente de la CIA y de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet en
Chile; acusado de haber asesinado al diplomático español Carlos Soria
en 1976, por lo que había sido condenado a indemnizar a la familia por
la tortura y muerte de Soria con siete millones de dólares. "No podemos
obligar a Michael Townley a pagar”, falló Bates, amparándose en que
Townley está inserto en el programa de testigos protegidos. Según reveló
el diario español El País, el juez de distrito reconoció en una
sentencia de 13 páginas que su veredicto "no ayuda en nada” a Laura
González-Vera, viuda de Soria, a pesar de que los tribunales habían
determinado con anterioridad que Townley debía pagar el dinero.
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| Michael Vernon Townley Welsch (n. 9 de diciembre de 1942), ciudadano estadounidense que fue agente sicario de la CIA. Se le sindica la autoría material en los atentados a Orlando Letelier, Ronny Moffit y Carlos Prats bajo instrucciones de la CIA y de la DINA durante la Dictadura Militar del General Augusto Pinochet.Uno de los presumibles asesinos del poeta Pablo Neruda. |
Townley, de nacionalidad estadounidense, habría además participado
en el secuestro y asesinato del diplomático español en 1976. Desde hace
más de 30 años, vive en Estados Unidos bajo el programa de testigos
protegidos administrado por el Gobierno federal. Antes había pasado
cinco años en la cárcel por el asesinato del embajador chileno en
Estados Unidos, Orlando Letelier. (NR: Michael Townley fue sometido a juicio en Estados Unidos junto a otros
tres oficiales de la DINA (en ausencia ya que Pinochet se negó a
extraditarlos), fue condenado; pero a cambio de información vital fue
liberado bajo el programa de protección especial de testigos,
actualmente vive bajo otro nombre en algún lugar de los Estados Unidos.)
El hecho de que esté inscrito en el programa bloquea la información
sobre su paradero, posición financiera, actividades, por lo cual se
limita la capacidad de los querellantes de forzarlo pagar. Aunque la
familia demandó al Gobierno de EE UU para que entregue datos sobre el
exagente, hasta ahora la Oficina del Fiscal General ha insistido en que
hacerlo pone en riesgo la vida del testigo.
El País relata que en 2005 "los tribunales determinaron que Tonwley
debía pagar a González-Vera, pero él se negó. Después de una batalla
legal que duró al menos cinco años entregó el primer pago. Pero dejó de
hacerlo desde junio de 2013 a enero de 2014”.
Por esa razón, la viuda de Soria volvió a demandarlo, pero esta vez
el juez Bates respaldó la posición del Gobierno estadounidense: "La Ley
de Reforma sobre Seguridad para Testigos no autoriza a los tribunales a
interpretar las actividades del fiscal general en relación a una
persona protegida”. "Resulta peligroso difundir la identidad y ubicación
de un testigo protegido, incluso a un guardián”, explicó el magistrado.
Ali Beydoun, el abogado en Estados Unidos de la familia del
diplomático español fallecido, aseguró que insistirán en que se haga
justicia: "Cada vez que hemos ido al tribunal o enviado cartas al
Departamento de Justicia nos dicen que el riesgo de seguridad es muy
alto. Pero continuaremos pidiéndole a la agencia que considere la
injusticia que prevalece en esta situación. No se trata del dinero, sino
de que Townley esté en libertad”, cita El País.
Carmelo Soria era jefe editorial en la sede de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) en Santiago de Chile y
militaba en el Partido Comunista de España (PCE). El 14 de julio de 1976
fue secuestrado en la calle por militares vestidos de carabineros, con
la excusa de detenerlo por una infracción de tránsito. Fue hallado dos
días después de su desaparición, con señales de tortura. Su cadáver fue
dejado en la calle, haciendo ver que se trataba de un accidente de
tránsio. "Pobre Chile", fueron sus últimas palabras, luego de las
horribles torturas que sufrió para que confesara su vínculo con los
comunistas chilenos.
El próximo 7 de abril el Tribunal Supremo español decidirá si
archiva o no los casos vinculados con "la justicia universal”, es decir,
la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos
fuera del territorio nacional, entre los que figura el caso del
diplomático Carlos Soria. El diario español advierte que la reforma
legal promulgada en España el año pasado por el Gobierno de Mariano
Rajoy limitó el alcance de la justicia universal. El Supremo deberá
deliberar si los tribunales españoles son competentes para investigar
estos casos.
Fuente: Infonews
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