1.- El
problema de las llamadas drogas ilícitas debe abordarse como algo
consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus
formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional,
cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas
fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis
capitalista mundial de 1974-1975. El negocio cubre todas las fases del
proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo);
se encuentra estimulado por un creciente consumo proveniente de los
países del capitalismo central, en especial, de Estados Unidos y Europa,
y sobre todo por su carácter ilegal, el cual le confiere altísimas
tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional
capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de
mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de
“alianzas estratégicas” con empresas capitalistas legales productivas y
de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos
financieros. Las políticas neoliberales se han convertido en un
importante estímulo al negocio transnacional al haber reducido de manera
significativa e incluso eliminado los controles estatales a los flujos
de capital. En atención a lo anterior, el narcotráfico debe considerarse
esencialmente como una empresa capitalista transnacional de carácter
criminal.
2.- La
llamada guerra contra las drogas es en lo fundamental el producto de un
diseño geopolítico imperialista, que adquiere mayor sentido y contenido
luego del derrumbe del “socialismo realmente existente” en la Unión
Soviética y Europa Oriental. Como lo demuestran múltiples documentos de
inteligencia estadounidense, tras la desaparición del “enemigo
comunista” se hizo necesaria la invención de un nuevo enemigo que
justificara la persistencia de los elevados gastos en seguridad y
defensa, y posibilitara nuevas formas de la injerencia y la intervención
militar, así como de la dominación y control social. La invención del
nuevo enemigo se acompañó en nuestro país de operaciones ideológicas de
producción lingüística dirigidas contra la guerrilla revolucionaria,
orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones: Primero
se habló de narco-guerrilla, y luego -cuando se instaló el discurso
terrorista- apareció el término de narcoterrorismo. La “guerra contra
las drogas" no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio,
sino que se ha erigido contra los más débiles.
En
el caso de la cocaína, se ha encauzado contra los cultivadores de la
hoja de coca, los procesadores primarios de la pasta de coca, y los
consumidores de cocaína, al tiempo que sus principales beneficiarios
-grandes narcotraficantes, altos funcionarios del Estado, incluidas sus
fuerzas militares y de policía, empresarios capitalistas y banqueros
transnacionales- amasan gigantescas fortunas que son reinvertidas en el
proceso de acumulación o destinadas al consumo extravagante.
3.- Como
lo demuestran numerosas investigaciones científicas, dentro de las que
se destacan los trabajos del profesor Andrew Weil de la Universidad de
Arizona, que reafirman y amplían los conocimientos ancestrales de
nuestras comunidades originarias, la coca no es la mata que mata. Por el
contrario, la hoja fresca o seca alimenta como verdura, harina,
infusión o mascándola; sirve como medicina para la diabetes, la
obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la
hipertensión; y se considera como fertilizante natural. Los cultivos de
coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola,
con raíces ancestrales y culturales indiscutibles. Lo que los ha hecho
ilícitos son los usos capitalistas que los terminaron convirtiendo, en
la mayoría de los casos, en componentes esenciales de un proceso
capitalista de producción de altísima rentabilidad: el de cocaína. En
efecto, de la hoja de coca, luego de un procesamiento primario, resulta
la pasta de coca; ésta, sometida a tratamientos químicos, arroja la
cocaína, producto de alta demanda en los mercados internacionales.
4.- Sectores
del campesinado colombiano y de algunas comunidades indígenas fueron
empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la
hoja de coca. La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta
concentración de la propiedad latifundista y por el ejercicio secular de
la violencia contra el campo, además de ser una de las causas del
surgimiento de las guerrillas revolucionarias, propició procesos de
colonización a lo largo y ancho del territorio nacional. Decenas de
miles de familias de labriegos desposeídos, expropiados y desplazados
fueron obligados a ocupar tierras inhóspitas y a adecuarlas para
producir el sustento diario, en condiciones no sólo de total abandono
estatal, sino sometidos incluso a su continua persecución. Las tierras
fértiles fueron reservadas para la agricultura capitalista de plantación
o para la ganadería extensiva del latifundio improductivo. La
producción campesina emergida de los procesos de colonización, aunque
logró garantizar la subsistencia, lo hizo en condiciones de precariedad,
pobreza y miseria. Cuando se tuvo la capacidad de producir excedente,
éste no pudo ser realizado en el mercado por las inexistentes
condiciones de comercialización, incluida la falta de vías y de medios
de transporte. En ese contexto, frente al creciente consumo de cocaína
en Estados Unidos y Europa y el consecuente mayor estímulo a la
producción de esa droga, la demanda por hoja de coca se incrementó
igualmente de manera significativa. Entre tanto, la “guerra contra las
drogas” en Bolivia y Perú, había generado a lo largo de la década de
1980, un desplazamiento de los cultivos hacia el territorio colombiano.
Los campesinos encontrarían en la hoja de coca un cultivo alternativo
que, además de no perecedero, gracias a un tratamiento básico, les
brindaría la posibilidad de mejorar relativamente sus precarias
condiciones de vida y de ingreso.
5.- En
muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los
cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la
guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y
sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la
más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado. Nuestro
Comandante Timoleón Jiménez ha dicho con razón que “no teníamos ni el
derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a
prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica
subsistencia”. Nos vimos obligados a establecer un régimen de
tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los
campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a
abusos de intermediarios y narcotraficantes, sin desatender nuestro
propósito político mayor: La toma del poder y la construcción de la
Nueva Colombia.
6.- Las
clases dominantes y sus gobiernos de las últimas décadas, en lugar de
enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos
campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, esto es, de poner
en marcha la realización de una reforma agraria integral, se allanaron
por completo a la estrategia imperialista estadounidense de la “guerra
contra las drogas”. Al tiempo que sectores de ellas se lucraban con sus
altísimos rendimientos económicos, encontraron en esa guerra nuevos
argumentos para dar continuidad a la estrategia contrainsurgente
iniciada desde la heroica resistencia de Marquetalia, promovieron
alianzas con el narcotráfico, contribuyeron directa e indirectamente a
la creación de estructuras mafiosas, desarrollaron nuevas formas del
terrorismo de Estado al participar activamente en la conformación de
organizaciones narco-paramilitares, y activaron toda una maquinaria de
destrucción, persecución, estigmatización y criminalización contra el
campesinado, así como de depredación socioambiental a través de
fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, que han producido
daños de difícil -pero necesaria reparación- sobre la vida humana,
vegetal y animal. Todo ello, con el continuo apoyo y financiación del
gobierno de los Estados Unidos. Expresión de ello ha sido el fracasado
Plan Colombia con todos sus relanzamientos y nuevas denominaciones.
7.- Es
indiscutible que se está frente a un incremento del consumo de drogas
sico-activas a nivel mundial y de manera especial en los países del
capitalismo central. Son múltiples las causas que lo explican; pero en
lo esencial, más allá de situaciones particulares, éstas se encuentran
en la naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece una
perspectiva humana y humanista frente a la vida y el trabajo,
especialmente para las nuevas generaciones. Las rentabilidades
espectaculares que produce el consumo han desatado múltiples fuerzas
para estimularlo y ampliarlo a través de los más variados mecanismos,
constituyendo organizaciones empresariales criminales orientadas a ese
propósito. El prohibicionismo es una fiel representación de la doble
moral promovida por la formación capitalista. Al tiempo que se estimula
el consumo por los rendimientos que éste produce, se persigue,
estigmatiza y criminaliza a los consumidores, convirtiéndolos en foco de
las políticas de “seguridad ciudadana”; en sentido estricto, en objetos
de políticas de dominación y control social. En lugar de tratos en
términos de salud pública, la “guerra contra las drogas” resulta útil en
este aspecto para promover el proceso de militarización de la vida
social.
8.- Tras
décadas de “guerra contra las drogas”, sus beneficiarios saltan a la
vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni
las guerrillas revolucionarias. La presencia e intervención militar
estadounidense se han intensificado hasta poner a disposición gran parte
del territorio nacional al servicio de sus intereses geopolíticos; la
desocupación forzada de territorios ha generado desplazamientos internos
y producido alistamientos para la explotación de la riqueza natural
minero-energética por parte de empresas transnacionales, el desarrollo
de megaproyectos infraestructurales y la promoción de cultivos de larga
duración para la producción de agrocombustibles; el negocio financiero
se ha visto incentivado por la incorporación de los capitales ilícitos
en sus circuitos. La vinculación obligada de sectores del campesinado en
la empresa capitalista transnacional de las drogas ilícitas no ha sido
para su provecho. De ahí el interés por desarticularse de ella, como se
ha visto a lo largo de la historia reciente en recurrentes
movilizaciones campesinas en las que se ha demandado la atención estatal
frente a este problema social y se han formulado numerosas propuestas
para un tratamiento alternativo.
9.- De
nuestra parte, desde la Octava Conferencia Nacional realizada en 1993,
hemos insistido en que este problema, de naturaleza social, no puede ser
resuelto por la vía militar. Esta posición la reafirmamos en los
diálogos de San Vicente del Caguán, en los que nuestro Comandante Manuel
Marulanda Vélez presentó los fundamentos de una propuesta de desarrollo
alternativo, que continúa vigente en aspectos esenciales y sirve de
referente para ser complementado y rediseñado en La Mesa de
conversaciones. La inclusión de este tema en la Agenda pactada por la
partes es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de
la necesidad de encontrar, también en este campo, una salida que
contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido
sometidas las comunidades campesinas. Las propuestas que presentaremos
recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta
materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de
nuestra lucha. También expresan nuestra preocupación por considerar el
consumo de drogas sicoactivas desde la perspectiva de la salud pública.
Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos;
aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e
industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales
que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales. Deseamos un
país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de
regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los
Estados que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en
la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter
criminal. Dado el reconocimiento en múltiples sectores de la opinión
pública mundial, del fracaso de la “guerra contra las drogas” y de las
políticas prohibicionistas, en la actualidad existen condiciones para
abordajes de la solución al problema de las drogas ilícitas más ceñidos a
la realidad, incluidos los enfoques de salud pública y las políticas
contra el lavado de dinero.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
ANNCOL
