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| Virgilio Paz |
No sé ciertamente
cuál será el destino futuro de estos criminales. Sobre EEUU que los protegió y
permitió sus culpas pesa la responsabilidad legal y moral de entregarlos a la
justicia chilena. Una posibilidad nada remota es que sean deportables a Cuba
donde la justicia también les reclama por su accionar terrorista,
particularmente en los casos de Virgilio Paz Romero y José Dionisio. Obama
tiene la palabra.
El reciente fallo
unánime la segunda sala de la Corte
Suprema aprobando solicitar a Estados Unidos –bajo el amparo del tratado de
extradición existente entre ambos países– la extradición del chileno Armando Fernández
Larios, del estadounidense y ex agente de la CIA Michael Vernon Townley Welch y
del terrorista cubano Virgilio Paz
Romero, procesados en Chile como coautores de los delitos de homicidio
calificado del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, en julio de
1976, ha puesto sobre el tapete la total impunidad de connotados terroristas
asentados en territorio norteamericano. Al ser considerado como un delito
común, el crimen no está prescrito.
Se sabe que estos
criminales actuaron por órdenes del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Carmelo
Soria fue detenido el 14 de julio de 1976, en cuando retornaba a su hogar desde
el trabajo, siendo secuestrado por la “Brigada Mulchén” de la DINA, siendo
torturado y asesinado en Villa Grimaldi. Su cadáver apareció dos días después
en un canal nombrado El Carmen.
La viabilidad de la
solicitud y una respuesta positiva de EEUU ante la misma constituye una
incógnita por cuanto estos personajes actuaron –en su momento– en coordinación con la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) y con altos funcionarios norteamericanos.
Hasta el momento se
sabe que tanto Michael Townley como Fernández Larios están protegidos por el
sistema de protección a testigos de Estados Unidos, luego de que colaboraran
con la fiscalía –incluso probada su participación en la conspiración– en el
asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su ayudante
estadounidense Ronni Moffit, ocurrido el
21 de septiembre de 1976 en Washington DC. Varios documentos desclasificados
sobre este abominable crimen que inculpan al ex dictador Augusto Pinochet y a
Manuel Contreras, así como a ex agentes de la CIA y los mencionados terroristas
fueron entregados por el Secretario de Estado estadounidense John Kerry a la
presidenta Michelle Bachelet, quien los hizo llegar al senador Juan Pablo
Letelier y al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Otros implicados y
comprobada su condición de terroristas de origen cubano y de otras
nacionalidades fueron Alvin Ross Díaz, Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro
Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll,
Pablo Virgilio Paz Romero y José Dionisio Suárez Esquivel, fueron acusados el 1 de agosto de 1978. Luego de ser condenados por la justicia a penas irrisorias,
fueron liberados de su condena al
cumplirse la mitad de la misma. Sin embargo, sobre Paz Romero y Armando
Fernández Larios pesa esta nueva acusación por el asesinato de Carmelo Soria.
