El tráfico de personas, una lacra cuyo impacto mundial fue denunciado
esta semana por el Gobierno de EE.UU, crece en la sombra en su propio
territorio, espoleado por el miedo a la denuncia de los indocumentados y
la sensación de impunidad de los criminales.
"El tráfico de
personas es un crimen oculto. Los datos son muy escasos, pero está claro
que demasiada gente está siendo sometida a ello en Estados Unidos",
explicó a Efe Naomi Tsu, responsable del Programa de Justicia para
Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, una organización que vigila
los abusos a indocumentados.
Aunque el problema no llega al rango
que tiene en China o Rusia, tres de los 21 países señalados por su
complicidad con el tráfico de personas en un informe del Departamento de
Estado este miércoles, EE.UU tiene factores "estructurales" que hacen
que la "esclavitud moderna", especialmente laboral, continúe "sin
frenos", dijo Tsu.
En 2012, el Departamento de Justicia calificó
el tráfico de personas como la segunda industria criminal de mayor
crecimiento en Estados Unidos, sólo por detrás del narcotráfico; pero
los datos oficiales siguen siendo escasos.
El Proyecto Polaris, un
centro de ayuda a las víctimas de tráfico de personas en Estados
Unidos, calcula que "cientos de miles" de niños y adultos siguen
sometidos a explotación sexual o laboral en el país, según indicó esta
semana su presidente, Bradley Myles.
Ese panorama difuso se
ilumina cada vez que las autoridades desmantelan una trama de tráfico de
personas, como ocurrió en dos ocasiones esta semana.
La primera
tuvo lugar el lunes, cuando las autoridades de Nueva York acusaron a
nueve propietarios de franquicias de las tiendas 7-Eleven de explotar a
inmigrantes ilegales paquistaníes y filipinos como si de "una plantación
moderna" se tratara, en palabras de la fiscal federal Loretta Lynch.
La
segunda se produjo el martes, cuando las autoridades detuvieron a
cuatro personas por retener en condiciones "de esclavitud" a una mujer
con problemas mentales y su hijo durante dos años en su residencia en
una localidad rural.
Según el informe del Departamento de Estado,
la mayoría de víctimas de tráfico de personas en EE.UU. proceden de
México, seguido de Tailandia, Filipinas, Honduras, Indonesia y
Guatemala.
Los inmigrantes indocumentados son "particularmente
vulnerables a la delincuencia, dado que se resisten a pedir ayuda a las
autoridades por temor a ser deportados y alejados de sus familias",
apuntó Tsu.
El Southern Poverty Law Center, cuyos abogados
representan a miles de inmigrantes de EE.UU, ha determinado además que
"los trabajadores visitantes que están en el país con visados válidos se
arriesgan a ser víctimas de tráfico por la falta de regulación" de los
programas que les permitieron entrar al país, explicó.
"Algunos de
mis clientes pagaron 15.000 dólares en tasas para conseguir una tarjeta
de residencia y un trabajo en EE.UU, y en su lugar entraron en el país
con un visado H-2B de 10 meses para trabajar con una compañía que les
cobraba más de 1.000 dólares al mes para vivir en alojamientos
abarrotados y vigilados", aseguró.
La reforma migratoria que
debate el Senado mejoraría la supervisión de ese tipo de programas, pero
no eliminaría el enlace que existe entre muchos tipos de visados y un
único empleador, y que les somete a "enormes presiones" para mantenerse
en "un trabajo abusivo", alertó la abogada.
La explotación laboral
es la forma de tráfico de personas más extendida en EE.UU, pero el 85%
de los procesos legales que se abren en el país corresponden a casos de
explotación sexual, según un estudio de 2012 del Instituto Nacional de
Justicia.
"Este desequilibrio permite que el tráfico laboral siga avanzando sin frenos", lamentó Tsu.
Según
datos del Departamento de Justicia, Estados Unidos abrió una media de
24 casos al año relacionados con la explotación laboral entre 2009 y
2011, más del doble que entre 2006 y 2008, cuando investigaba unos 11
casos al año.
Las organizaciones de ayuda a las víctimas reconocen
que los estándares en Estados Unidos han mejorado mucho en la última
década, pero piden más medidas de prevención y garantías de proceso para
no volver a leer, como en el informe presentado este miércoles, que
persisten trabajos forzados a empleados domésticos en residencias de
embajadores o tramas de prostitución forzada de niñas indígenas.
Por Lucía Leal
© EFE 2013
