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| De izquierda a derecha, los jueces federales James L. King, Marcia Cooke, Amit Mehta y Joan Lenard. | Foto © Collage CiberCuba |
Un artículo escrito
hoy por el periodista Wilfredo Cancio Isla en el sitio Cibercuba bajo el título
"Jueces
asignados a demandas por la Ley Helms-Burton tienen importante historial en
casos sobre Cuba", con independencia del cuestionado rol del articulista en la guerra mediática
anticubana, ofrece importante información sobre el actual empleo de jueces
norteamericanos –caracterizados por su tradicional postura anticubana en decisiones
jurídicas anteriores– para dirimir las demandas presentadas en tribunales
federales bajo la Ley Helms-Burton contra el gobierno cubano.
Muestra de ello es
que las querellas interpuestas contra la compañía de Cruceros Carnival por las
familias García-Bengochea y Behn fueron a parar a manos de dos jueces de
cuestionada parcialidad en la resolución de casos contra Cuba: James Lawrence King y
Marcia Cooke. Al mismo tiempo, otra demanda interpuesta contra entidades
cubanas fue a parar a manos de la jueza Joan A. Lenard. El otro caso que
implica una demanda de Exxon Mobil contra las firmas estatales CUPET y CIMEX se
ventilará en un tribunal federal de Washington DC, presidido por el juez Amit
Mehta.
El feroz empleo de la
guerra jurídica contra naciones progresistas, y particularmente contra Cuba, no
hacen otra cosa que presuponer que estos magistrados actúen en conformidad a
los intereses anticubanos como ha sido su sórdido oficio con anterioridad.
Aunque supuestamente estas asignaciones se realizan por sorteo en los
tribunales federales, llama la atención que hayan sido escogidos estos
parcializados magistrados.
En el caso del juez
James L. King hay que recordar su decisión de sancionar al gobierno cubano con
una compensación de 187.6 millones de USD por su supuesta culpabilidad en el
derribo de las avionetas del grupo provocador Hermanos al Rescate, ocurrida el
24 de febrero de 1996. La decisión de este juez de robar los fondos congelados
de Cuba en dos cuentas congeladas en el banco Chase Manhattan de
Nueva York y retener el dinero de ETECSA por concepto de pagos por parte de telefónicas
norteamericanas. Nunca se pudo poner sobre el tapete que el derribo de estas
naves fue resultado de permanentes provocaciones y violaciones de nuestro
espacio aéreo soberano, ni se habló de la peligrosidad de estos actos para la navegación
aérea. Todo esto fue desoído por el juez.
En el caso de la jueza
Marcia Cooke quien presidirá la demanda contra Carnival por la familia Behn, ya
en 2016 consideró a esta compañía de cruceros como discriminatoria al no
permitir que cubanoamericanos viajaran en sus naves y cuestionó al gobierno
cubano por establecer como norma que estos ciudadanos usaran otras vías para
ingresar al país. No obstante, Cuba anuló esta prohibición.
Por su parte, la jueza
Joan A. Lenard fue quien dirigió el amañado juicio contra los Cinco Héroes
Cubanos, permitiendo toda una serie de irregularidades que conllevaron a que
los acusados recibieran desmesuradas e injustas condenas. A ella le corresponde
llevar a cabo la demanda de la familia Mata contra entidades cubanas como el Hotel
San Carlos, en la ciudad de Cienfuegos, que
emplaza al Grupo Hotelero Gran Caribe,
la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán S.A., el Grupo de
Turismo Gaviota S.A., y la Corporación Cimex S.A., y menciona al conglomerado
hotelero español Melía, según destaca Cancio.
El juez Amit Mehta
tomó con anterioridad una absurda decisión al ordenar al gobierno cubano la
cifra de 134 millones de dólares a los sobrevivientes y a los familiares de
cuatro contratistas yanquis –uno de los cuales falleció– al ser secuestrados en
el 2003 por el grupo guerrillero colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC). Según Mehta la culpa de Cuba radicaba en ser patrocinador de una
organización terrorista. Con ese absurdo proceder como historial Mehta se
encargará de la demanda de Exxon Mobil contra CUPET y CIMEX.
Esta tramoya de
reclamaciones impulsadas por Trump y sus intolerantes asesores muestran otra
faceta de la actual guerra mediática contra Cuba sostenida en un uso
desvirtuado de la legalidad y cuya finalidad es el ahogamiento económico de
nuestro pueblo mediante el incremento del criminal bloqueo.
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