La Cancillería cubana
ha sido clara: apoyar –en el tema migratorio– un flujo ordenado y seguro de sus
ciudadanos, sobre la base de respetar el derecho de los mismos y el carácter
humanitario de una movilidad sin riesgos ante el repugnante hecho de que muchos
se han convertido en presas y víctimas de mafias criminales que los abusan
sobre la base de todo tipo de daños como la extorsión, el robo, violaciones e,
incluso, asesinatos y desapariciones.
Aunque los acuerdos
migratorios vigentes y la eliminación de la política de “pies secos, pies
mojados” han hecho relativamente desaparecer las peligrosas salidas por mar, y todavía
algunos se lanzan a tan desesperada odisea, lo cierto es que Estados Unidos se
ha convertido en el principal obstáculo para una migración segura de los
cubanos. La razón es clara, esgrimiendo el ambiguo argumento de la
vulnerabilidad para “la seguridad nacional” y escudándose en una dudosa y no
probada agresión a sus funcionarios diplomáticos en su embajada en La Habana,
la administración Trump se ha dejado llevar por el macabro juego de la
ultraderecha anticubana y sus socios cavernícolas del deep state, cuyos rostros
públicos son Marco Rubio, Mike Pompeo, Mauricio Claver-Carone, Eliott Abrams,
John Bolton y Kimberly Breier, y quienes apuestan por cerrar opciones de salida
de los ciudadanos cubanos, promover la intranquilidad ciudadana y gestar una
situación social caótica interna –acentuada por la intensificación del criminal
bloqueo y otras medidas que están implementando– que desemboque en un estallido
social en forma de olla de presión.
Este peligroso juego
ha salido caro para Estados Unidos cuando se recuerda a las migraciones ilegales
descontroladas de 1966, 1980 y 1994, que llevaron a miles de ciudadanos cubanos
a su suelo. Esta vez, empero, ante un caso de similar, los promotores de este evento
tienen la carta bajo la manga de usar el tema de la seguridad nacional y
establecer una bloqueo marítimo contra Cuba, volviendo al pasado tiempo de las
cañoneras y estableciendo nuevas amenazas y peligrosas sanciones contra la
Isla. Su plan, a fin de cuentas, es planificar el desorden social, el
descontento ciudadano, incitación a la desobediencia y tratar de colapsar la
gobernabilidad como pretexto aparente para una utópica intervención “humanitaria”.
La Casa Blanca sabe a
lo que juega con respecto a Cuba, interesada en validar el derecho de sus
ciudadanos a viajar y migrar de manera ordenada y segura, y cada acción asumida por ella está encaminada –usando
la apoyatura mediática con la cuenta– a disfrazar el fenómeno migratorio con un
viso político insostenible y una amenaza potencial, cuando es harto conocido
que el mismo globalmente responde, sobre todo, a motivos económicos y a crisis
bélicas en peligrosos escenarios para la vida. No ha sido fortuita la
modificación del tiempo de validez de la visa B2 para los cubanos, tampoco el
cierre de sus servicios consulares en Cuba, el incumplimiento violatorio de las
cuotas establecidas anualmente en los acuerdos migratorios entre ambas partes,
usando para ello pretextos insostenibles y dudosos.
Cuba, según mi
opinión, garantizará lo acordado en tema migratorio con Estados Unidos, pero
denuncia este juego macabro por el que están apostando la ultraderecha
reaccionaria norteamericana y alerta sobre los peligros venideros que esta
política puede acarrear para ambas naciones.
